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- Organizaciones de derechos humanos presentaron una denuncia penal por graves episodios de abuso policial ocurridos en enero.
- Advierten amenazas, tratos degradantes y uso arbitrario de la fuerza, y reclaman identificación visible de los efectivos.
Las organizaciones A.L.F.A. y Chakana Libre, en el marco del trabajo de la Red Contra la Violencia Institucional de Salta, presentaron una denuncia penal por nuevos hechos de violencia policial que involucran a jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad. Los episodios, ocurridos durante el mes de enero, fueron calificados como graves y constitutivos de delito.
Según la denuncia, el 15 de enero por la noche un grupo de jóvenes fue interceptado por personal policial mientras consumía alcohol. En lugar de labrar un acta contravencional o dar intervención a la Fiscalía, los efectivos los trasladaron a una zona alejada de la ciudad, en cercanías del hotel Sheraton. Allí, uno de los jóvenes habría sido sometido a amenazas, tratos humillantes y violencia psicológica, con intimidaciones de carácter sexual y uso de elementos de coerción. Posteriormente, el grupo fue rociado con gas pimienta y liberado bajo amenazas para evitar una denuncia.
La víctima logró registrar la patente del móvil policial y difundió públicamente su testimonio. El material fue aportado como prueba y ya forma parte de la presentación judicial.
El segundo hecho denunciado ocurrió en la madrugada del 8 de enero, cuando un grupo de efectivos irrumpió en un edificio abandonado de calle Ricardo Solá, donde jóvenes desarrollaban un proyecto comunitario de contención para personas en situación de calle. En ese lugar, una pareja fue agredida físicamente y expuesta a gas pimienta dentro de una habitación. Los policías se retiraron sin labrar acta, sin identificar a los agredidos ni realizar procedimiento alguno.
Desde las organizaciones denunciantes remarcaron que en ninguno de los episodios los efectivos portaban identificación visible, lo que dificulta la individualización de responsabilidades. Por ese motivo, reiteraron el reclamo para que se garantice la identificación clara y obligatoria del personal policial durante los operativos, como mecanismo básico para prevenir abusos y evitar la impunidad.
“Vamos a seguir visibilizando y denunciando estos hechos”, señalaron desde la Red Contra la Violencia Institucional, y exigieron una investigación judicial exhaustiva, sanciones a los responsables y medidas urgentes para erradicar prácticas de violencia institucional en la provincia.




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