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- De acuerdo con su promotora, la medida pretende aliviar cargas burocráticas y económicas para trabajadores que deben presentar los papeles recurrentemente.
- También se solicita la implementación de un sistema digital para realizar el trámite de forma remota.
- La declaración aprobada por el cuerpo deliberativo de Salta Capital está dirigida al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia.
En la última sesión del Concejo Deliberante de Salta Capital se aprobó un proyecto de Declaración que solicita al ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Nicolás Avellaneda, que aplique las medidas necesarias para facilitar la tramitación y el acceso al Certificado de Antecedentes Penales.
La iniciativa fue presentada por la concejal Laura Jorge Saravia (LLA) con el objetivo de simplificar trámites burocráticos y, además, para reducir costos a trabajadores de determinados sectores que deben presentar el CAP semestralmente.
Por caso, Jorge Saravia mencionó a los empleados del ámbito educativo. Dijo que son los que deben presentar cada seis meses los certificados de antecedentes penales como requisito para acceder a horas cátedra, concursos y distintas oportunidades laborales, lo cual conlleva un coste.
“El valor que tiene actualmente, por ejemplo, si lo querés en 24 horas, es de $44.000. Hemos comparado esto con el certificado de antecedentes nacionales y el valor es de $1.000”, expuso la edil libertaria, tras lo cual sugirió que se evalúe una reducción de los costos a “valores razonables y a los aplicados en otras jurisdicciones del país”.
Asimismo, Jorge Saravia planteó la necesidad de descentralizar la realización del trámite debido a que en la actualidad solo puede gestionarse en la Capital, Metán, Orán y Tartagal, situación que complejiza aún más el acceso.
“No solo es el costo de este certificado, sino también el costo que implica trasladarse, porque lo debés hacer personalmente para poder gestionarlo”, afirmó la ex integrante de la Unión Cívica Radical.
El proyecto en cuestión también solicita la implementación de “un sistema que permita la tramitación íntegra por medios digitales, garantizando la presentación de la solicitud, el pago de aranceles, la validación de identidad y la emisión del certificado en formato electrónico, de manera ágil y remota”.
Finalmente, el texto pide que- hasta tanto se concrete la digitalización del trámite- se amplíen y descentralicen los puntos de recepción y emisión del certificado en los 23 departamentos de la Provincia, habilitando para ello a dependencias policiales, centros de atención ciudadana u otros organismos que determine la autoridad competente.





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