Caso IPSS: Sáenz dio marcha atrás y retiró el proyecto para transferir jubilados al PAMI

• El Gobernador se reunió con los gremios estatales y admitió que se necesita “una ley superadora, con más control y transparencia”.
• Sáenz habló nuevamente de “sobrefacturación” de “muchas clínicas” y pidió que “no se enojen” por “las auditorías”. Todavía no hay denuncia concreta.

Con un mensaje en el que pone de relieve los valores de la “humildad”, la “inteligencia” y la “maduración”, Gustavo Sáenz dijo nuevamente que ha cometido un “error” al enviar el proyecto de ley para que el Instituto Provincial de la Salud de Salta (IPSS) transfiera los jubilados salteños al PAMI y dio marcha atrás con la iniciativa.

“Hoy me reuní con los gremios para que transmitan la tranquilidad a todos sus afiliados: voy a retirar el proyecto”, anunció el Gobernador salteño este lunes tras un encuentro con referentes sindicales y gremiales. Fue una reunión convocada luego del revuelo que generó la medida dada a conocer públicamente la semana pasada.

Sáenz reiteró que el IPSS atraviesa “un momento difícil” (déficit) que combina varios aspectos, entre ellos el incremento abrupto de los medicamentos tras la devaluación al inicio del gobierno de Javier Milei, el valor de la cuota por filiación (considera que es ínfimo y debe aumentar) y la “sobrefacturación de muchas clínicas” que perjudican a la ciudadanía.

Con respecto a este último punto,  Sáenz dijo que harían auditorías y, sin nombres particulares ni denuncia de por medio, se explayó: “Sobrefacturación significa que un afiliado se interna por un día y después aparece una factura que estuvo internado tres días; sobrefacturación significa que muchas veces alguien va a hacerse atender y le hacen una cantidad de estudios innumerables que no son necesarios”.

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“Vamos a corregir todas estas cosas para que el IPS vuelva a ser la obra social orgullo de los salteños. Y vamos a trabajar, vamos a auditar, pero nunca vamos a perjudicar a los jubilados. No quiero que quede nada escrito y firmado por mí que afecte a los jubilados”, agregó el titular del Ejecutivo Provincial.

Luego de anunciar el retiro del proyecto de ley, que también lleva la firma de la secretaria de la gobernación Matilde López Morillo, Sáenz recordó que ha solicitado la conformación de una mesa multi-sectorial e inter-institucional para redactar una ley “superadora, con más control y transparencia para garantizar un servicio digno a jubilados, trabajadores y sus familias”.

De acuerdo con Grand Bourg, participaron del encuentro con Sáenz y los ministros Sergio Camacho (Infraestructura), Federico Mangione (Salud) y Ricardo Villada (Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos) los referentes Daniel Amidei de la Unión de Docentes Argentinos, Arturo Domínguez de APSADES, Raúl Burgos de la Unión de Personal de Enfermería de Salta (UPES) y Fernando Mazzone de la Asociación Docente Provincial (ADP), entre otros.

CARNE Y HUESO

Durante su mensaje Gustavo Sáenz dijo que hubo dirigentes políticos que utilizaron su yerro para vilipendiar el capital político del oficialismo y se hizo cargo del polémico proyecto sin colectivizar las culpas con asesores u otros funcionarios.

“Soy un ser humano al igual que los que me hacen firmar. De carne y hueso, que comete errores, pero que con humildad se hace cargo de sus errores. Creo que muchos dirigentes políticos deberían hacerlo; no lo hacen, no he visto nunca a nadie hacerse cargo de un error ni de hacer autocrítica de algo que hicieron”, afirmó el mandatario.

Y continuó: “Siempre fui distinto. Quiero ser distinto. Ser Gobernador no me hace diferente a todos y cada uno de los salteños; sí me da una gran responsabilidad de cometer los menores errores posibles. Y en eso estamos. Pero yo no corto el hilo por lo más delgado: no voy a echarle la culpa a los demás”.

El retiro del proyecto y el discurso de ‘autocrítica’ fueron celebrados en la red social Instagram por diversos dirigentes, como el secretario Administrativo de la Cámara de Diputados y legislador electo Gastón Galíndez y el intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, pero también por comunicadores como Moisés Koss o militantes como Isabel Soria. 

 

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EL PROYECTO 

Si bien el texto ingresó a la Cámara de Diputados el 14 de mayo, cuando Sáenz encabezó una reunión de Gabinete, su difusión en la prensa provincial se produjo una semana después: el miércoles 21 de mayo. El escrito comienza relatando la necesidad de que la Provincia adhiera a la Ley Nacional N° 25.649 que establece que los medicamentos deben ser recetados con el nombre genérico de la droga y evitar la prescripción de marcas.

Como explicó BUUFO, tiempo atrás el interventor del IPSS Emilio Savoy pidió a los médicos salteños cumplir con la Ley de Genéricos, normativa impulsada por el exministro de salud de Néstor Kirchner, el sanitarista Ginés González García.

El proyecto presentado señala que la obra social estatal reconocerá «solamente» y «en los porcentajes que correspondieren» los medicamentos recetados de forma genérica; es decir, se habilita el rechazo a las prescripciones que no cumplan con tal premisa.

Al cierre del texto- que presenta serios errores en su redacción, algunos de ellos reconocidos por Sáenz- se menciona la parte polémica: el desprendimiento de los jubilados del IPSS, para su transferencia al Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados (PAMI).

“Los afiliados del IPS cesarán su condición de tal al momento de obtener su jubilación, medida que se adopta en el marco de la normalización de la entidad, con el propósito de adoptar herramientas que tiendan a evitar el desfinanciamiento de la obra social, teniendo en cuenta que en el momento de obtener jubilación, los beneficiarios pasan a obtener la cobertura” del PAMI.

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LA INTERVENCIÓN 

La decisión del Gobierno de la Provincia de intervenir el IPSS se produjo en medio de serios problemas económicos-financieros y ante numerosas sospechas de irregularidades en el manejo de la institución que contiene a casi 300 mil afiliados, tal como se informó. 

Sucede que los reclamos a la obra social perforaron la frontera de la institución que estuvo al mando de Gladis Sánchez y comenzaron a picar cerca de las paredes de Finca las Costas, lo que motivó la intervención de Sáenz y la designación del contador Emilio Savoy, quien apenas asumió sostuvo que «en ningún caso existe la posibilidad de una privatización ni nada por el estilo”.

Por caso, vale recordar que la diputada macrista Sofia Sierra denunció vínculos entre la extitular del IPSS y una empresa constructora que se hizo de licitaciones publicas en el marco de la «Emergencia Hídrica», una declaración que allana el camino para las contratos con el Estado sin muchas vueltas.

“Desde que se puso en marcha esta emergencia, la empresa ganadora de casi todas las contrataciones abreviadas por la emergencia es Todo Construcción SRL”, apuntó la legisladora del PRO, como explicó este medio.

Y siguió: «¿Saben de quien es la empresa Todo Construcción SRL? De la doctora Gladis Sánchez, la presidenta del IPS. Ella es la dueña de la empresa que gana todas las contrataciones dentro de la Ley de Emergencia por escasez de agua”.

Como sea, después del revuelo que generó la iniciativa, Sáenz decidió retirar el proyecto de ley de la Legislatura y encomió a su equipo gubernamental a elaborar una normativa que vaya más allá del mero traspaso de jubilados de la obra social del Estado salteño al PAMI.