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- El abandono del Estado Nacional a la red vial del país afecta la seguridad de la ciudadanía y perjudica la logística de la producción.
- La Federación del Personal de Vialidad Nacional advirió que, por la falta de mantenimiento, las víctimas fatales en siniestros aumentaron un 14% en un año.
Luego de asumir la Presidencia en diciembre de 2023, Javier Milei anunció que se eliminaba la obra pública. Tanto él como su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, justificaron la decisión en la meta del superávit fiscal. Además, ambos relacionaron el financiamiento nacional con la corrupción empresarial.
Así, para el año 2024 la inversión pública cayó un 75,1% en términos reales respecto del 2023, según informó la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC).
Las consecuencias de esa desinversión son elocuentes. Un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) advirtió que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales está en estado regular o malo.
De acuerdo con el documento, la falta de mantenimiento y el ajuste de obras en la red vial del país afectan no sólo a la ciudadanía sino también al aparato productivo nacional por cuestiones de logística (encareciendo los costos de transporte).
Con el título “Desmantelamiento institucional y Emergencia Vial”, la FEPEVINA señala que el abandono del Estado Nacional en el mantenimiento preventivo disparó la siniestralidad y provocó un aumento del 14% interanual en la cantidad de víctimas fatales (4.369 muertes).
“La infraestructura vial no es gasto corriente: es capital social, productivo y estratégico. Lo que hoy se destruye costará décadas y miles de millones reconstruir. Persistir en este rumbo no es ajuste: es abandono del Estado en una de sus funciones esenciales”, apunta el informe.
Y añade: “La situación de la Dirección Nacional de Vialidad no es sectorial ni coyuntural. Es un problema estructural de Estado. Desmantelar la política vial nacional implica:
- Más muertes evitables
- Más costos económicos (1–3% del PBI)
- Más desigualdad territorial
- Más dependencia futura de concesiones sin control público”.
IMPUESTOS Y FALTA DE TRANSPARENCIA
En el apartado “Impuesto a los Combustibles: opacidad, desvío y ruptura del pacto fiscal vial”, la FEPEVINA señala que el Impuesto a los Combustibles Líquidos “no se destina a su finalidad”, que es la infraestructura vial. Esto es, los usuarios pagan por caminos que no se mantienen, no se rehabilitan y no se construyen.
“La ausencia de trazabilidad y transparencia rompe el contrato fiscal básico entre el Estado y la sociedad, erosionando legitimidad institucional y alimentando conflictos territoriales (incluidas tasas viales municipales superpuestas)”, indicó el documento sobre el descalce fiscal en infraestructura vial.
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En tal sentido, publica un cuadro comparativo entre la recaudación por el Impuesto a los Combustibles frente al Financiamiento efectivo por transferencias:
SALTA
Con respecto al estado de los pavimentos (rugosidad, ahuellamiento, fisuración, desprendimientos y rotura de bordes, entre otras) y la longitud analizada, la evaluación por jurisdicción arroja que Salta tiene un 69,1% de sus rutas nacionales en estado malo o regular. Huelga decir que, por la falta de información, el documento evaluó apenas un 7,5% del total, lo que equivale a unos 1.467,6 kilómetros.
Las RN 34 y RN 66 que integran el Corredor del Noroeste, y que conecta Jujuy – Salta, fue clasificada como de “Alto Riesgo”. Esta traza- que permite el flujo de carga que viene de Salta o del Aeropuerto Internacional Horacio Guzmán evitando el ingreso directo a zonas urbanas y optimizando los tiempos de viaje hacia el norte del país y Bolivia- presenta ahuellamiento profundo e identifica la zona entre San Pedro y Ledesma como un sector crítico que compromete la seguridad por maniobras de sobrepaso.
La divulgación del informe sobre el mal estado de las rutas nacionales coincidió con una publicación de la Vocería del Gobierno de la Provincia que asegura que “todas las Rutas Nacionales se encuentran habilitadas al tránsito en la provincia de Salta”.
“Se restableció la circulación en toda la red vial nacional, garantizando condiciones seguras para quienes transitan. De todos modos, se recomienda circular con precaución. (…). Vialidad Nacional continuará con el seguimiento constante del estado de las rutas e informará cualquier novedad que pueda afectar la transitabilidad”, precisó el organismo que conduce Ana Paula Benavides.
Si bien la información de la Vocería salteña no ahonda sobre el estado de las rutas desde el punto de vista de la infraestructura, la simultaneidad entre ambas publicaciones exhibe las conclusiones antagónicas sobre una problemática que se profundiza: el ajuste en la obra pública convierte cada viaje en una incertidumbre total.
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