Violencia de Género: Procuración avanza en acuerdos con los Ministerios

Cornejo busca articular con las áreas de gobierno medidas tendientes a profundizar la asistencia a las víctimas de violencia machista. Buena recepción de Desarrollo Social y tapujos en Seguridad.

El procurador general, Abel Cornejo, mantuvo reuniones con el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, y la ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, con el objetivo de establecer una agenda de trabajo conjunto respecto a la violencia de género.

El encuentro con responsables de Seguridad giró en torno a la propuesta oficial de reducir la cantidad de efectivos policiales afectados a la custodia de víctimas de violencia de género. La idea de Pulleiro es fortificar la distribución de botones de pánico y pulseras para las víctimas de violencia machista y evitar que efectivos policiales cumplan servicios en casos ya resueltos o con agresores ya detenidos. Habla de una «eficiencia» en la administración de recursos.

Ante ello, el Consejo Asesor de Fiscales manifestó su preocupación y señaló que avanzar en tal sentido traería un peligro real de la escalada de violencia agravada. Y recordaron un ejemplo reciente: el 24 de diciembre pasado, el policía Edgar Ezequiel Almirón mató a su expareja, Liliana del Valle Flores, a pesar de habérsele asignado custodia fija y personal. Fiscalía imputó al custodio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Por su parte, fiscales solicitaron capacitación a policías, la implementación de un sistema de registro de medidas cautelares dictadas por jueces de Violencia Familiar y de Género y jueces de Garantías y un acuerdo al estilo del esquema vigente entre el Ministerio Público Fiscal y el Hospital San Bernardo por el cual las víctimas que ingresan por guardia son asistidas en forma integral y asesoradas legalmente.

Según informó Fiscales Penales, en la jurisdicción de zona sudeste de la Fiscalía especializada existen complicaciones cada vez que una víctima acude al hospital Papa Francisco o los centros de salud cercanos, ya que los profesionales de la salud aducen que no son forenses y no emiten informes sobre el estado de las víctimas. “Con ello se pierden valiosas pruebas para los procesos de investigación y sanción de los violentos”, agregan.

Anteriormente, Cornejo propuso la creación de una Mesa de Enlace Institucional que incluya a responsables de Fiscalías especializadas, a la Policía y a autoridades del CIF, cuyo objetivo es articular políticas de actuación y mejorar la comunicación.

En tanto que en la reunión con la titular de Desarrollo Social, Cornejo profundizó en la violencia machista aportando información acerca del funcionamiento del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género. Figueroa destacó que el Ministerio trabaja desde la secretaría de Fortalecimiento Sociocomunitario en la capacitación de personal en cuestiones de violencia, abuso y maltrato.

“Debemos tener un sistema inclusivo, porque de lo contrario, las personas terminan sin hacer denuncias y no llegan ni al primer contacto con la administración de justicia”, dijo Figueroa en dicha oportunidad. Asimismo, los funcionarios se comprometieron a próximos encuentros para tratar la puesta en marcha del Régimen de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes, que entrará en vigencia en septiembre.

Párrafo aparte merece la tratativa de Figueroa y Cornejo a la situación del norte provincial ante la visibilización de la profunda desigualdad que padecen las comunidades originarias. Desde el Ejecutivo se declaró la emergencia sociosanitaria y el Ministerio Público Fiscal encabeza una investigación sobre la muerte de al menos trece menores en los departamentos San Martín y Rivadavia. La causa está a cargo del fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, quien coteja datos de los lamentables hechos acontecidos entre el 1 y el 27 de enero pasado.

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