Tras las críticas de provincias mineras, se suspendió el debate por la Ley de Humedales

Las empresas mineras en Salta rechazan toda regulación y aseguran que la ley avanza contra la gobernanza de los Recursos Naturales. La Nación desestima «quita» de soberanía a las Provincias y la Cámara de Diputados suspende el plenario para escuchar a los Gobernadores.

La Cámara de Diputados de la Nación suspendió el plenario de comisiones convocado para este jueves para tratar la «Ley de Humedales«. El objetivo de la decisión es ampliar el debate y escuchar a los Gobiernos Provinciales antes de avanzar con un dictamen.

La suspensión fue suscripta por casi todos los bloques: firmaron los presidentes Germán Martínez (Frente de Todos), Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Rodrigo De Loredo (Evolución Radical), Luis Di Giacomo (Provincias Unidas) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal).

El oficialismo contaba con el apoyo de bloques aliados y quería firmar un dictamen de consenso, pero el proyecto del legislador Leonardo Grosso (Frente de Todos – PBA) generó el rechazo ya no sólo del sector agroganadero y de Juntos por el Cambio, sino también de las provincias mineras, inclusive las aliadas de la Casa Rosada.

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Sucede que el texto en debate define a los humedales como ambientes con «presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial» y «superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas».

De esa forma, se incluyen también los salares de las provincias con reservas de litio: Salta, Catamarca y Jujuy. Los gobernadores Gustavo Saénz, Raúl Jalil y Gerardo Morales alzaron la voz y las empresas dialogaron con legisladores y legisladoras por Salta en el Congreso Nacional para frenar el proyecto.

Otro de los puntos cuestionados fue la creación de un Inventario Nacional de Humedales, una suerte de mapa nacional para caracterizar los humedales. Para las empresas mineras y las autoridades provinciales tal incorporación va contra la Constitución Nacional que garantiza el dominio de los recursos naturales en los Gobierno subnacionales.

La suspensión del plenario fue cuestionada por legisladores de distintas bancadas como el santafesino Enrique Estévez (Socialismo), la porteña Miryam Bregman (Izquierda), y la bonaerense Graciela Camaño (Identidad Bonaerense), además de Grosso (Frente de Todos).

Controversia técnica-política

El titular de la Cámara de Proveedores Mineros de Empresas Mineras de Salta (CAPEMISA), Diego Pestaña explicó a BUUFO que de aprobarse la ley “todo proyecto se frenaría” porque “no podrían continuar avanzando” si no lo autoriza un organismo del Estado Nacional.

«Nosotros lo que pedimos es que no salga una Ley de Humedales porque es innecesaria; ya tenemos legislación sobre el tema«, dijo además Fernanda Fraga, vicepresidenta de la Cámara de Minería de Salta. Y agregó: «Consideramos que es inconstitucional porque no es una ley de presupuestos mínimos, por lo que nosotros entendemos, y además avasalla la soberanía de las provincias sobre los recursos naturales».

El viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, defendió el proyecto de Grosso y en diálogo con Radio Nacional-Salta, argumentó: “No se está avasallando nada porque, además de la Constitución Nacional, hay una ley general del ambiente. Y, además, la Argentina es un país federal, no es una confederación de naciones, que es distinto. Por lo tanto, el Estado Nacional tiene responsabilidades sobre lo que ocurre en todo el territorio, independientemente de que las provincias ejerzan el dominio- no son dueñas, reitero- de los recursos que están dentro de sus territorios”.

“Como la explotación de esos recursos también tienen afectaciones en otros ámbitos y otros espacios geográficos, es que existe un Estado Nacional que puede legislar al respecto sobre la base de los presupuestos mínimos. Por encima de esos estándares, las provincias pueden legislar como les parezca, alrededor de los humedales o de cualquier otro aspecto que tenga que ver con los recursos naturales”, añadió Federovisky.

La voz del NOA-NEA

A su vez los gobernadores de las provincias que conforman el Norte Grande, desde Estados Unidos, donde realizan una gira, emitieron un comunicado para destacar «la importancia» de sancionar una ley de humedales «después de tantos años de debate” y advertir que esa norma debe «garantizar la conservación y el desarrollo sostenible».

Los mandatarios provinciales se pronunciaron de ese modo en un texto que fue difundido por el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, en el cual ratifican “el dominio originario de los recursos naturales les corresponde a las provincias” y aclaran que “no hay ninguna provincia que abdique de la responsabilidad de la conservación de sus humedales y los servicios ecosistémicos que prestan”.

En ese sentido sostuvieron que «ninguna ley debe establecer definiciones y disposiciones que signifiquen la prohibición a las actividades productivas realizadas en forma sustentable que hoy generan trabajo, ingresos y oportunidades de desarrollo local a nuestras provincias».

«La ley debe focalizarse sobre los humedales naturales, no en los derivados de la acción antrópica«, expresó el texto de los gobernadores del Norte Grande, al tiempo que afirma que “corresponde a las provincias la potestad de realizar sus inventarios y deben ser ellas las que en coordinación con Nación elaboren el inventario nacional».

Y finalmente pidieron por la «consolidación» del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) «como ámbito de articulación interjurisdiccional para la coordinación de la implementación y aplicación efectiva de la ley».

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