Tartagal: rechazan detención de la defensora oficial acusada de quedarse donaciones
El juez Aramayo no hizo lugar al pedido de Fiscalía, que advirtió riesgo de fuga y de entorpecimiento a la investigación. Se trata de Rosa Fabiola Díaz, imputada junto a su hermana concejal tras las denuncias en torno a la administración de mercadería y ropa que donaban a comunidades wichí de la zona.
El juez de Garantías Nº 1 de Tartagal, Nelson Aramayo, rechazó el pedido de detención contra la defensora oficial Rosa Fabiola Díaz, acusada de la supuesta comisión del delito de administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos en grado de coautora.
La orden de aprehensión había sido solicitada por el fiscal Pablo Cabot, quien recordó que la Fiscalía Penal Nº 1 a su cargo fue la que solicitó el allanamiento a la inmunidad y remoción de la mujer de 40 años imputada junto a su hermana, la concejal Paola Alejandra Díaz.
Si bien el 11 de febrero pasado Aramayo estuvo de acuerdo con la detención, supeditando el allanamiento de la inmunidad de la defensora oficial por parte del Jurado de Enjuiciamiento, un fallo del Tribunal de Impugnación de este martes hizo cambiar de opinión al magistrado y decidió rechazarla.
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El fiscal Cabot considera que se debió haber formulado un nuevo pedido habida cuenta los nuevas pruebas recolectadas en la investigación, lo que le permite aducir que Rosa Fabiola Díaz «intentará destruir elementos de prueba en procura de su propia impunidad».
Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal recordó que al momento de los allanamientos la mujer se resistió, por lo cual debió utilizarse a la fuerza pública, y también apuntó a una visita de la mujer a su oficina, el 26 de febrero, cuando ya estaba suspendida en sus tareas y en pleno sumario ordenado por el Defensor General, Pedro García Castiella.
«La imputada regresó a la oficina que ocupaba y solicitó a un funcionario que le separara cierta documentación y que ella le diría luego dónde encontrarla para entregársela. Tal situación fue denunciada por el funcionario ante la Fiscalía Penal interviniente«, precisó el MPF.
Cabot consideró, para fundamentar su pedido de detención, que la acusación sobre el supuesto desvío de ayuda solidaria a comunidades aborígenes revelarían no solo una falta de idoneidad profesional o técnica en la Defensora Oficial Civil, sino también de un comportamiento que lesiona a la función judicial y a la Magistratura.
En sus razones el fiscal señala que existe un posible entorpecimiento de la investigación, que es probable que la imputada intente amedrentar a los testigos e inclusive, destruir ilegítimamente elementos de prueba, y pidió al juez Aramayo que considere el peligro de fuga.
Desde el MPF señalaron que hay peligro de fuga toda vez que «la conducta que ejerce un servidor público, en este caso la defensora, puede implicar hacer valer las relaciones de amistad o interés, surgidas a partir de la importancia del cargo desempeñado, con el propósito de obtener favores personales por parte de otro, como ser el conseguir donaciones a través de distintas fundaciones para un beneficio propio» o bien que la imputada, al estar en libertad, pueda utilizar «sus influencias para el ocultamiento de pruebas, todo ellos procurando su propia impunidad».
El caso
La revelación que derivó en la causa judicial fue dada a conocer por la hermana mayor de ambas funcionarias, Sandra Díaz, quien se mostró indignada ante la prensa local y denunció que la concejal Paola Díaz y la defensora oficial Rosa Díaz se aprovecharon de su condición para obtener mercaderías de los distintos gobiernos y fundaciones solidarias con los pueblos indígenas para sacar provecho. «La defensora oficial vendía las cosas. Tengo testigos«, indicó.
La mujer denunciante señaló que sus hermanas menores habrían comercializado las donaciones a negocios de Villa Saavedra y que las utilizaron, también, para campañas proselitistas. Precisó que recibieron leche, agua mineral, prendas de vestir y demás alimentos y sostuvo que fue motivada a hacer pública la situación luego de recorrer despachos del Poder Judicial, adonde le sugirieron denunciar los hechos.
Sandra Díaz filmó un vídeo donde se muestra la mercadería amontonada, algunas ya en estado de descomposición, según relatan. Luego, su hermana, la defensora oficial Rosa Díaz, intentó impedir que los medios pasaran a la casa. Dijo que a ella le hicieron lo mismo con anterioridad, con el fin de ocultar la situación.
Entre sollozos, la concejal oficialista dijo que junto a sus amigas recolectan donaciones de una fundación de Santa Fe y que por la pandemia y «las lluvias» no las han podido distribuir. «Las cosas quedaron aquí porque eran como un resguardo», dijo para justificar el acopio de la mercadería en el galpón familiar. También confirmó a VideoTar Noticias que esa mercadería está allí desde hace un año.
Paola Díaz llegó al Concejo Deliberante de Tartagal por el espacio «Ahora Patria», que se referencia en Alfredo Olmedo, y luego se sumó a las filas del intendente radical Mario Mimessi.