Tartagal: comunidades protestan, Mimessi se despega y el escándalo llegó a medios nacionales
Las denuncias contra dos funcionarias públicas sobre presunto desvío de mercadería donada a los wichís desató un verdadero escándalo en el norte provincial.
Tartagal se convirtió en el centro de una polémica que ya replicó en medios con alcance a todo el país, como el portal Infobae. Días atrás una mujer denunció a sus dos hermanas, la concejal oficialista Paola Díaz y la defensora pública Rosa Díaz, por acopiar y comercializar mercadería que ha sido donada hace un año a las comunidades de la etnia wichi del norte provincial.
Luego de las acusaciones públicas, intervino el fiscal Rafael Medina, quien imputó este lunes a ambas funcionarias por supuesta comisión del delito de administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos, en grado de coautoras, informó el Ministerio Público Fiscal. Asimismo, dispuso allanamientos a la vivienda, de donde secuestraron botellas y bidones con agua mineral, ropa, zapatillas, alcohol en gel, pañales, entre otros.
Paola Díaz llegó a su banca del Concejo Deliberante por el espacio «Ahora Patria» del exdiputado y empresario sojero Alfredo Olmedo y apoyó la candidatura del ahora intendente Mario Mimessi (UCR-JxC). Sin embargo, el jefe comunal se despegó del escándalo y en una entrevista con El Tribuno sostuvo que «las donaciones en cuestión no tienen relación con el municipio».
«Es una cuestión privada de Díaz con la fundación y con su familia, y si hay una denuncia esperaremos que la Justicia dictamine. Lo que pasa es que la noticia fue aprovechada por desatar un escándalo que algunos pretendieron utilizar para confundir y manchar nuestra gestión», dijo Mimessi.
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Mientras tanto, comunidades indígenas iniciaron una serie de reclamos en la ciudad norteña. Abel Mendoza, presidente de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACO), dijo a Salta12 que «hay mujeres, niños y ancianos sin una respuesta favorable» respecto a las donaciones que habrían sido apropiadas.
El también integrante de la comunidad Santa Victoria 2, de la etnia wichi, apuntó a la concejal Díaz: «se aprovechó y lucró con la palabra pobreza y la palabra indígena, con lo cual vemos una política irresponsable como funcionaria pública».
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