La normativa sancionada por el Presidente, y firmada por todos los ministros del Gabinete, suspende por «el plazo de emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras».
El oficialismo dio dictamen favorable al proyecto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero la oposición presentó uno de minoría y cuestionó la suspensión de sentencias judiciales. La salteña Alcira Figueroa resaltó que «esta ley viene a ser una respuesta inmediata del Estado para frenar los desalojos y frenar también, en parte, los conflictos» por la tierra.
La normativa, que vence el mes próximo, prohíbe el desalojo de las comunidades y promueve un relevamiento técnico-catastral-jurídico. Referentes indígenas, organizaciones y legisladores oficialistas confirmaron que trabajarán para lograr la prórroga y obtener mayores recursos.
