Sin avance judicial, Gustavo Orozco armó un partido político-policial
El ex policía y legislador por Rosario de la Frontera lanzó un nuevo espacio político en el que tributan efectivos de las fuerzas de seguridad, en funciones y retirados. Cuáles son los delitos que se le imputan a Orozco y en qué estado se encuentran sus causas.

El diputado provincial Gustavo Orozco regresó a su banca en la Legislatura este martes luego de haber estado dos meses de licencia. Lo hizo aupado por sus (ex)compañeros de la Policía de Salta con el lanzamiento de un espacio político-policial que quiere utilizar como instrumento electoral: el «Frente del Honor, la Dignidad y el Progreso«.
Orozco había pedido licencia luego de que el Poder Judicial solicitara a la Cámara baja su desafuero- es decir, sacarle la inmunidad parlamentaria- para avanzar en una causa en la que está imputado por los delitos de torturas (5 hechos), privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencias (dos hechos), apremios ilegales agravados (dos hechos) y vejaciones calificadas por el uso de violencia, agravados por el uso de arma de fuego.
Si bien el representante del departamento Rosario de la Frontera y ex jefe de la Brigada de Investigaciones en la localidad dice que “no es un partido político-policial», admitió que «hay muchísima gente, y lógicamente también participan muchos policías, por ahí por la ascendencia y la identificación”, argumentó en diálogo con FM Aries.
TE PUEDE INTERESAR: Milei devaluado: el diputado Gustavo Orozco sorteará un «bono» entre policías
El regreso de Orozco fue posibilitado por el estancamiento de las causas que pesan en su contra en el Poder Judicial de la Provincia y, además, por la defensa tácita de sus pares que no han tratado el desafuero. Dijo que ha recorrido «todos los Juzgados» y «nadie supo fundamentar por qué pedían mi desafuero» y que tampoco «tenía fecha de juicio». Así, conjeturó que el avance judicial «era solamente una persecución política» porque «lo único que buscaban era sacarme de la Cámara».

Como explicó BUUFO, el expediente contra Orozco avanzó al compás de la fractura política entre el referente de Ahora Patria- el partido de Alfredo Olmedo- y el Gobierno Provincial. Una escaramuza que incluyó cruces verbales con el vicegobernador Antonio Marocco y con el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, a quien acusó de supuesto «abuso» en plena sesión.
La causa estuvo paralizada durante varios años; mientras tanto, el otrora funcionario policial conquistó una banca en Mitre 550, algo que le otorgó inmunidad parlamentaria prevista en el artículo 122° de la Constitución Provincial que dice lo siguiente: “Cuando se deduzca acusación ante la justicia ordinaria contra un Senador o Diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, puede cada Cámara con dos tercios de votos de los miembros presentes, suspender en sus funciones al acusado”.
En la misma causa y por iguales delitos serán juzgados los entonces policías Víctor Hugo Orellana, Diego Leopoldo Arias, Rubén Darío Medina, Nelson David Rojas, Andrés Fernando Suárez, Javier Sebastián Reynoso, Víctor Alejandro Luna, María Laura Soria, Andrea Alejandra Díaz, Darío Ezequiel Pérez y Denis Arnaldo Coronel, compañeros de andanzas y funciones de Orozco en Rosario de Lerma.
Se trata de un expediente por denuncias que fueron radicadas tiempo en 2015 en Metán y Rosario de la Frontera. El trámite ha sido reactivado a instancias del procurador general Pedro García Castiella que pidió tratar con celeridad a los casos de violaciones a los derechos humanos.

Hace siete años un menor de edad y seis testigos que fueron detenidos por un mismo hecho denunciaron a Orozco y sus colegas por tratos crueles. Dijeron que los azules aplicaron torturas varias: les pusieron bolsas plásticas en la cabeza, pegaron piñas en las costillas y les metieron la cabeza en el inodoro para tirar la cadena.
Asimismo los denunciantes señalaron que fueron amenazados para que no ventilaran los tratos crueles a los que fueron sometidos. El Ministerio Público Fiscal detalló que Orozco acumula por lo menos 35 denuncias en su contra. Ya tenía un pedido de desafuero en su contra en una causa por amenazas de muerte a un vecino de su localidad.
Como sea, el dipu-policía regresó a la Legislatura acompañado de ex policías y policías en funciones a bordo de una camioneta ploteada con su nombre, lo que vislumbra claras intenciones de seguir en la arena política. En el recinto, a su vez, rindió pleitesía e idolatró a Olmedo familia que estaría financiando sus travesuras electorales. Ahora buscará hacerlo con partido propio.