Salud respalda vacunación a personal del CIF, pero Procuración imputa a un funcionario
El Gobierno informó haber vacunado a 50 enfermeros, evisceradores, radiólogos, anatomopatólogo, personal técnico y forenses contra la Covid-19. El jefe de fiscales Abel Cornejo ordenó imputar al jefe del Departamento Técnico Científico del CIF.
La aplicación de las vacunas contra el coronavirus es un tema que ha generado controversia en el país y Salta no es la excepción. Tanto así que la Justicia Federal ha solicitado al ministro de Salud, Juan José Esteban, información pertinente al criterio de inoculación a la ciudadanía y la cantidad de dosis recibidas e inyectadas.
Ahora la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio imputó al jefe del Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Pedro Dilmar Villagrán, por la presunta comisión de los delitos de «abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal y en carácter de autor».
La imputación culminó luego de que el jefe de fiscales Abel Cornejo ordenara investigar la tramitación de 50 dosis de la vacuna Sputnik V para el CIF, una solicitada que supuestamente se hizo sin informar a la cúpula del Ministerio Público Fiscal ni tampoco al Servicio Médico de esta dependencia. Esto es, «por sus propios medios y sin poner en conocimiento a sus superiores», a entender de la fiscal.
Antes: Investigan posible acceso irregular a las vacunas contra la Covid-19 en Salta
Según la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Villagrán confeccionó una lista de personas que elevó al Programa de Inmunizaciones de la cartera sanitaria para solicitar 50 dosis de la vacuna contra el coronavirus elaborada por el Instituto Gamaleya de Rusia, lo cual constituye, para Salinas Odorisio, un abuso de sus facultades.
«Las distribuyó el 4 de febrero último y según su propio criterio«, sostuvo la fiscal interviniente, para luego agregar que «los inoculados no cumplirían con los criterios de prioridad epidemiológicos y de esquema de prioridades diseñado para la aplicación de la vacuna, el cual fue establecido por el Ministerio de Salud Pública Nacional y Provincial y conocido a través de los medios de difusión».
De momento Villagrán se abstuvo de declarar y realizará su presentación por escrito en horas venideras, la cual intentará despejar responsabilidades penales respecto a la comisión de los delitos que le endilgan. El funcionario tiene competencia en el área de Seguridad e Higiene en la Procuración General.
Salinas Odorisio entendió que Villagrán «efectuó un uso arbitrario de las facultades otorgadas, ocasionando con su conducta un grave perjuicio a la Salud Pública, atento a que dichas vacunas eran destinadas a personas de “primera línea” (emergencia, laboratorio y terapia) y que obró, de esa manera, en forma ilegal al disponer sobre la adjudicación y distribución de dichas vacunas a personas a las que por el orden de prelación establecido, no les correspondía su colocación».
El Ministerio de Salud, por su parte, informó que efectivamente recibió, «como todos los años», diferentes «solicitudes de vacunación», entre las que se encontró la del CIF, cuya nómina estaba conformada por «50 trabajadores prioritarios de alto riesgo por la tarea que realizan”.
“Son de primera línea y fueron vacunados en servicios de salud médicos, enfermeros, evisceradores, radiólogos, anatomopatólogo, personal técnico, forenses”, dijo la jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure.
Además, la funcionaria de la cartera sanitaria dijo que están contemplados dentro del plan de vacunación, porque son personas con altísimo riesgo de contraer el virus SARS-CoV-2. “Estoy hablando de colegas, médicos, enfermeros, bioquímicos. Todos ellos se encuentran incluidos dentro del plan”, indicó.
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