Salta avanza hacia la «Ficha Limpia»: impide a condenados en 2º instancia ser candidatos

Diputados aprobó el proyecto impulsado por representantes de distintas bancadas. Busca vedar el acceso a un cargo público a personas condenadas en segunda instancia. En el debate se habló de la necesidad de que el Estado brinde transparencia y, así, se recupere la confianza en la ciudadanía.

La Cámara de Diputados de Salta otorgó media sanción al proyecto de ley conocido como «Ficha Limpia«, el cual prohíbe que personas condenadas judicialmente en segunda instancia puedan participar de elecciones provinciales y, así, tener la posibilidad de ocupar un cargo público electivo.

El texto llegó ayer al recinto con dictamen favorable de la Comisión de Legislación General y fue consensuado por representantes de distintas bancadas, ya que hubo al menos tres proyectos en sintonía. Obtuvo 53 votos a favor y 1 en contra, del diputado Claudio Del Plá (Partido Obrero), quien consideró que será imposible cumplir la norma mientras el Poder Judicial responda al poder político.

No podrán ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales los condenados por sentencia judicial en segunda instancia mientras dure la condena en los delitos que se le imputan.

La legisladora saencista Laura Cartuccia inició el debate. En su discurso, la ex delegada del PAMI en Salta durante el gobierno de Mauricio Macri señaló que «es el momento en que las cosas empiecen a cambiar», en que es necesario que el Estado dé «mayor transparencia» y que la medida «otorga un salto de calidad en el hecho de poder incorporar a funcionarios políticos sin antecedentes». Cartuccia también habló de la posibilidad de ampliar el alcance al Poder Ejecutivo para impedir el nombramiento de funcionarios con condena en segunda instancia.

El radical Matías Monteagudo sostuvo que «han sido muchos los antecedentes que tenemos de malos políticos» y señaló que en la UCR buscaron «el mayor consenso» para «empezar a hablar de una verdadera reforma política más profunda». «Esto quizás sea el puntapié inicial para esa reforma en cuanto a doble candidatura, revocatoria de mandato y demás cuestiones que ya está bien claro no le hizo nada bien a la política«, agregó el legislador por el departamento General San Martín.

Por su parte, el diputado Daniel Sansone (Salta Tiene Futuro) explicó que su iniciativa fue una extracción de los proyectos que han sido presentados en las legislaturas de Mendoza y de Chubut. «No pueden seguir siendo las Cámaras un reducto de gente que delinque en la vida privada y se viene a proteger con fueros», apuntó el legislador saencista.

Sansone disparó contra dos de sus pares. Aunque sin nombrarlos, recordó que un diputado fue descubierto contrabandeando 30 kilos de hojas de Coca y que otro emitió más de un centenar de cheques sin fondos. El primero de ellos sería José «Cata» Rodríguez de Rivadavia y el segundo Omar Exeni Armiñana de Capital, a quien también se le sumó recientemente denuncias por persecución laboral.

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«No somos todos iguales. Somos distintos, porque hay buena gente, y gente regular, y mala. Tenemos que levantar la vara dentro de la Cámara y comenzar a darle a la gente el ejemplo», consideró el diputado Sansone.

A su turno, Héctor Chibán (UCR) señaló que el proyecto es autónomo y que no modifica ni la ley de partidos políticos ni la ley de las PASO y que, a su vez, contemple la posibilidad de sentencia en segunda instancias «ajustándose a los parámetros de diversos pactos internacionales suscritos por la República Argentina, entre ellos el Pacto San José de Costa Rica, de modo que el proyecto no pueda ser atacado por inconstitucional«.

«Debía darse un debate de esta naturaleza porque había que dar un puntapié inicial en Salta para romper barreras y empezar a legislar y adaptar el Derecho a la realidad de la sociedad, de lo que necesita el día a día», sostuvo el kirchnerista Franco Hernández. El diputado por San Martín, sin embargo, reconoció que «no es la solución definitiva a los problemas de fondos» y mencionó que el principio de inocencia hasta tanto haya sentencia firme es un principio rector de la Constitución Nacional.

«El Estado de inocencia no se destruye con una denuncia, ni con el procesamiento o la acusación, se requiere una sentencia penal condenatoria basada en autoridad de cosa juzgada. Es la base de nuestro sistema jurídico«, precisó Hernández. Y mencionó que, a pesar de acompañar el proyecto, era necesario debatir ciertos artículos o si es competencia del Congreso Nacional legislar sobre la penalidad.

Críticas al Poder Judicial

Tanto Del Plá (PO) como legisladores oficialistas y la opositora Cristina Fiore Viñuales apuntaron contra el servicio de justicia. Para la exsenadora nacional y referente del Partido Renovador es «la mejor ley posible en este contexto». «Me parece que la Legislatura avance en esto, fundamentalmente para suplir una falla tremenda del Poder Judicial. No se pueden tardar 23 o 24 años para determinar la corrupción de un funcionario público. Creo que estas situaciones, esta falta de Justicia, lo que está haciendo es mancillar las instituciones de la República«, apuntó.

Chibán rememoró la denuncia que le hiciera al exgobernador Juan Manuel Urtubey por el uso «particular y abusivo de la flota de aviones y helicópteros» de la Provincia y el fiscal Leandro Flores– a quien caracterizó como un funcionario involucrado y comprometido con la corrupción-, «rechazó la denuncia apenas entrada en Tribunales«. «No me dejó ni siquiera ver la causa. Me impidió constituirme en querellante. No le corrió vistas a la Fiscalía de Estado, que es el órgano encargado de defender los intereses del Estado Provincial», completó el legislador radical.

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