Sáenz va a La Corte para apoyar un reclamo de Alberto contra Larreta

El salteño se sumó a la lista de Gobernadores que apoyan a la Casa Rosada en la controversia judicial por los fondos que el Estado Nacional transfiere la CABA. Un documento apunta que tras la decisión de Macri, las Provincias perdieron unos 500.000 millones de pesos y advierte: «El federalismo no se negocia».

Sáenz con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro - Archivo

El salteño Gustavo Sáenz se sumó a la lista de Gobernadores y Gobernadoras que apoyan la postura de la Casa Rosada en la controversia judicial por los fondos que el Estado Nacional transfiere a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Cabe recordar que el expresidente Mauricio Macri, vía decreto, aumentó de 1,4% a 3,75% la coparticipación de la CABA por el traspaso de la Policía Federal a su órbita. Ello significó una transferencia de fondos nacionales a la Capital Federal que perjudicó a las Provincias.

Dicha medida fue revertida por el Congreso de la Nación en el año 2020. Pero el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta (PRO) decidió impugnar la ley aprobada en el parlamento por amplia mayoría acudiendo a la Corte Suprema de Justicia.

El Gobierno Nacional ya contaba con el respaldo de los mandatarios de La Rioja, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Formosa, La Pampa, Buenos Aires, San Luis, Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz que pidieron ser «Amigos del Tribunal» en la causa.

Ahora el gobernador Sáenz instruyó al Fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina, a que la Provincia de Salta también se constituya como «Amigos del Tribunal» y de esta manera ratificó su apoyo al presidente Alberto Fernández.

Como explicó BUUFO, el mandatario salteño especuló hasta último momento para tomar una postura al respecto. Si bien había manifestado públicamente que apoya toda causa de «federalismo», recién el 9 de mayo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el Decreto Nº 310 que ordena a Pérez Alsina que tome participación real.

Anteriormente Sáenz había enviado a su vice Antonio Marocco a la reunión convocada por el presidente Alberto Fernández. El objetivo fue evitar posicionarse a un lado u otro de la polarización entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, con quienes mantuvo y mantiene buenas relaciones.

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En los considerandos, la medida ratificada por la Secretaria General de la Gobernación, Matilde López Morillo, señala que «la trascendencia institucional, el interés público de la causa y la entidad de la materia pendiente de resolución en el proceso, resultan extremos necesarios que ameritan instruir al Fiscal de Estado tome participación en la referida causa judicial».

El chaqueño Jorge Capitanich emitió ayer un duro documento firmado también por las autoridades de Formosa, Santiago del Estero, Santa Cruz, Catamarca, La Rioja, San Luis, Buenos Aires, La Pampa, Chubut, Tierra del Fuego, Tucumán y San Juan para manifestar preocupación «por la injerencia indebida por parte de la Corte Suprema de Justicia» pues tiene como objeto «lograr la restitución en el monto de liquidación de recursos que no le corresponden«.

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«No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Las provincias son preexistentes a la Nación y nuestra constitución se funda en pactos preexistentes», apunta el comunicado.

Y continúa: «Cuando se sanciona la ley 23548 de coparticipación federal de impuestos que promueve la distribución primaria y secundaria de los recursos coparticipables, existía la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que era financiada con recursos pertenecientes al Estado nacional».

Luego se explica que con la reforma constitucional de 1994 y el decreto 705/2003 se aplica un coeficiente equivalente al 1,4% del monto total recaudado en el artículo 2º de la ley mencionada y sus modificatorias. Dicho coeficiente fue modificado «de manera injusta e injustificada» por el decreto 194/2016 de Macri al subirlo hasta 3,75%.

«Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 millones de pesos y padecemos la concentración del 28% del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA. Las provincias argentinas estamos cansadas del centralismo y recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan y pagamos el combustible más caro», afirman.

Además, Capitanich recuerda que los Gobiernos Provinciales se hacen cargo de las fuerzas de seguridad y se destinan parte de los escasos recursos para afrontar el centralismo. «Queremos que inmediatamente la Corte Suprema de Justicia nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos».

Y concluye: «Nosotros vamos a defender a nuestras provincias. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos«.

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