Sáenz sobre el operativo policial en Aunor contra docentes: “Eso no es represión, por favor”
El mandatario provincial defendió el operativo policial asegurando que no dispararon balas de goma, sino de pinturas, las que usan “los chicos para jugar”. Sáenz también reivindicó el protocolo dictado contra las protestas sociales. Desde el Comité contra la Tortura advirtieron irregularidades en las detenciones.

Este lunes el gobernador Gustavo Sáenz dio una entrevista en FM Aries para referirse al conflicto que mantiene su gestión con la docencia y el personal sanitario de Salta. Fue minutos antes de que se realizara una multitudinaria movilización por el centro de la capital, con replicas en todo el territorio provincial.
Sáenz se refirió al corte de ruta que hicieron trabajadores de la educación y de la salud en el expeaje Aunor, cuando la Policía reprimió, y sostuvo que “el derecho a protesta no hay que criminalizarlo ni mucho menos a los que protestan. Pero también tienen que respetarse el derecho al tránsito”.
Tras ello el gobernador explicó que el operativo policial y las detenciones- “demoras”, según la apreciación del titular del Ejecutivo- corrieron por cuenta de la jueza Ada Zunino, un poder que se supone independiente del Ejecutivo.
Y agregó: “Cuando hablan de represión y balas de goma, es mentira. Es mentira. Son balas de… has visto ese jueguito con pelotitas verdes que mancha la ropa, eso es lo que tiran”.
- “Sí, igual con eso te pueden sacar un ojo”, replica el periodista Daniel Murillo
- “Sí. Por supuesto, pero a eso van a jugar los chicos. Con eso van a jugar nuestros hijos”, responde Sáenz.
Volviendo al uso de esas balas con pintura- estilo paintball-, el Gobernador dice que son para marcar/señalizar a manifestantes que “están provocando algún disturbio”. “Pero eso no es represión, por favor. Por favor. Las cosas hay que decirlas como son”, añadió.
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A su vez, en otro tramo de la nota Sáenz ratificó la versión oficial acerca de que “la mitad” de los 20 detenidos “no eran docentes” y “no tenían nada que ver con la docencia”. El mandatario los llamó “activistas”. Con ello, además, ha respaldado a quienes conducen la política publica de seguridad.
Las imágenes de aquella jornada son elocuentes. Circularon masivamente en redes sociales y en medios de comunicación a nivel nacional. Podés entrar en nuestras redes sociales para verlas. Maestras tiradas tratando de respirar después del forcejeo policial y profesores sujetados del cuello para ser subidos a un móvil en el cual pasarían horas y horas antes de ser imputados.
El ministro de Seguridad, Marcelo Domínguez, no ha emitido palabra alguna ante el publico desde que se produjeron los hechos. Tampoco lo hicieron la secretaria de seguridad Frida Fonseca ni el jefe de la policía comisario general Miguel Ceballos. Como contrapartida, hubo un fuerte repudio a la represión policial, expresado a través de comunicados de instituciones varias.
Sáenz también reivindico el “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en manifestaciones públicas” que estableció a través de un decreto a principios de año. Como explicó BUUFO, fue publicado en el Boletín Oficial cuando se producían los cortes de ruta en los departamentos de San Martin y Orán y los empresarios del agro pedían a gritos el despeje policial.
En los hechos ese protocolo anti-protesta se convierte en un instrumento legal para que la Policía pueda reprimir y para que los fiscales puedan imputar presuntos delitos. De acuerdo con el texto, Domínguez primero pediría a las autoridades competentes que envíen un funcionario para atender las demandas del reclamo e iniciar una mesa de negociación.
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“El Jefe del Operativo de Seguridad a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, indicara a los manifestantes que deben desistir de cortar las vías de circulación, retirarse y ubicarse en otra zona” para garantizar “siempre el libre tránsito”, añade. Si son comunidades indígenas, pide a los policías que hablen en su “lengua o idioma”.
Luego profundiza sobre lo comunicacional: reconoce el “derecho constitucional a la libre circulación en la vía pública durante las manifestaciones para realizar coberturas periodistas de los hechos en forma plural y completa, con multiplicidad de enfoques y de voces y de libertad de su línea editorial”.
Sin embargo, se advierte que por “las características de su trabajo, los periodistas no deberán obstaculizar los operativos de la fuerza de seguridad, ni podrán interferir en el desarrollo de los hechos”. Y agrega que los vehículos de la prensa destinados a la transmisión se instalen a una distancia razonable del corte de manera tal que “no interfieran con los procedimientos de la fuerza de seguridad”.
Tras las detenciones en Aunor en las vísperas del 25 de mayo, Rodrigo Solá, presidente del Comité Provincial contra la Tortura y Tratos Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes en Salta advirtió que la jueza Zunino bloqueó su ingreso inmediato a los lugares donde estaban las y los manifestantes caídos en desgracia en la represión, pese a que hay una ley que así lo establece.
La ley que creo el Comité otorga facultades para la realización de inspecciones a cualquier lugar de detención y solicitar, recopilar y sistematizar información. Esto es lo que Solá denuncia que Zunino no quiso cumplir en tiempo y regla, dilatando la situación. Cuando fueron liberados, algunos detenidos sostuvieron que fueron presionados para declarar en contra de sus pares.
Gustavo Sáenz dio la entrevista radial para intentar calmar las aguas en el inicio de una nueva semana con protestas de docentes y del personal de la salud. Sin embargo, sus dichos terminaron generando un efecto contrario, pues no solo negó la represión, sino que además ratificó que habrá descuentos por paro a docentes y enfermeras y señaló que «no hay mas plata» para mejorar la oferta salarial.
Al cierre de esta nota comenzaba una reunión entre las autoridades del gobierno y docentes autoconvocados, a pedido de la fiscalía interviniente.