Sabina Frederic: «Las fuerzas policiales no tienen la atribución de la penalidad»

La ministra de Seguridad advirtió que la Policía no puede castigar: debe intervenir la Justicia. El antecedente salteño que impuso el saenzismo y las curiosas definiciones de Juan Carlos Romero.

Cuando el Gobierno Nacional anunció las nuevas medidas de prevención sanitaria ante la segunda ola de coronavirus, surgieron versiones acerca de un supuesto «toque de queda«. Incluso el senador nacional salteño Juan Carlos Romero sostuvo en sus redes sociales que «el virtual Toque de Queda anunciado por el Presidente no puede ser aplicado sino con posterioridad al dictado del Estado de Sitio«.

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, fue consultada si las restricciones adoptadas son un toque de queda, y respondió: «No, para nada«. «La prohibición de circulación tiene excepciones. Y, sobre todo, las fuerzas policiales no tienen la atribución de la penalidad. Interviene siempre la Justicia y define qué criterio adoptar«, agregó.

En una entrevista con el diario La Nación, Frederic señaló que si una persona infringe las medidas sanitarias «se le labra un acta de compromiso de no reincidencia«, y subrayó: «La persona debe volver a su casa y comprometerse a no volver a cometer la infracción. Si reincide, se podría determinar el secuestro del vehículo, alguna multa o eventualmente una probation».

Por supuesto, la funcionaria nacional se refirió a los controles de competencia federal e hizo explícito el criterio del Ministerio de Seguridad respecto al rol de las fuerzas policiales provinciales, que deben ejecutar el control en sus jurisdicciones priorizando la salud colectiva y no así las detenciones a mansalva.

El año pasado el gobernador Gustavo Sáenz decretó que la Policía de la Policía podía tener la facultad de detener a una persona, acusarla, juzgarla y condenarla en un mismo acto sin la intervención de otros poderes. Esa decisión unilateral del Ejecutivo fue avalada por la Legislatura ya que, al no debatirlo en el tiempo previsto, se hizo ley.

Sobre el tema: Es ley el DNU de Sáenz que otorga superpoderes a la Policía

Las medidas en cuestión se aplicaron en medio de numerosos casos de violencia policial en toda la provincia y, al mismo tiempo, ante la escalada de reclamos por parte de los organismos de derechos humanos que exigían se declare la inconstitucionalidad. Es que, argumentaron, dicha norma suprimía las garantías del debido proceso.

Por tal situación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Mesa de DDHH de Salta criticaron la avanzada policial del Gobierno de la Provincia y presentaron medidas judiciales para derogarlo. Es que el criterio de la cartera de Seguridad de la Nación siempre fue el de disuadir y no reprimir. Ahora Frederic ratificó la postura.

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