Rosario de la Frontera: piden juicio contra el intendente Gustavo Solís
Fiscalía imputó al Intendente de Rosario de la Frontera y a otras seis personas por una supuesta asociación ilícita en torno al programa de asistencia social. Tiempo atrás Solís había cuestionado a la Auditoría General al advertir una «persecución política».
El fiscal penal Oscar López Ibarra pidió la elevación a juicio de la causa en la que están imputadas siete personas, entre ellas el intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís. Al jefe comunal lo acusan de ser el «jefe» de una supuesta asociación ilícita por los delitos de peculado y falsedad de instrumento público.
Además de Solís están involucrados Silvia Carolina Solís Mónico (Secretaria de Hacienda), Matías Tomás Antonio Iturre (secretario privado del Intendente), Orlando Rubén Cárdenas (Jefe de Pagos) y Antonia Silvia Acosta (Tesorera) como coautores de la asociación ilícita por los mismos delitos mencionados.
La investigación nace en 2019 tras la denuncia de vecinos de Rosario de la Frontera por supuestas maniobras fraudulentas respecto al cobro de planes sociales en nombre de presuntos beneficiarios que nunca percibieron dinero alguno, según reconstruyó el Ministerio Público Fiscal.
Los supuestos delitos giran en torno al programa «Salta Solidaria»: el fiscal sostiene que los acusados habrían utilizado el nombre de varias personas para cobrar dinero en concepto de planes sociales.
«En el periodo de septiembre de 2016 a noviembre de 2017, mediante maniobras constantes y organizadas, se habría desarrollado una operatoria interna en el Municipio de Rosario de la Frontera, mediante la inclusión y el alta de distintos ciudadanos o beneficiarios en el programa “Salta Solidaria”, previsto para la realización de distintas tareas de bien público, sin que tales personas hayan solicitado su incorporación», dice el MPF.
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Al mismo tiempo López Ibarra detectó «faltante de una importante cantidad de dinero, y la confección de documentación apócrifa, con la cooperación en algún caso, de terceros que facilitaban el cobro del dinero del sistema bancario».
Dicha situación, sigue, permaneció en el tiempo, con una regularidad de conductas, miembros y acciones dirigidas a un objetivo común «siendo la realización de distintos hechos ilícitos indeterminados y necesarios para la extracción de los fondos públicos para su beneficio o de terceros».
Vale recordar que el intendente Solís Mónico fue imputado en diciembre del 2020 por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público (tres hechos), fraude a la administración pública y cohecho, todo en concurso real.
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Tras esa acusación, el jefe comunal advirtió una «persecución política» en su contra y cuestionó el rol de Mariano San Millán, integrante de la Auditoría General de la Provincia que desempolvó las cuentas en ese municipio del sur provincial y halló supuestas irregularidades en la administración.
Solís dijo que la Auditoría funciona como ariete del oficialismo provincial, que «prepara sus estrategias» para las próximas elecciones. Los delitos imputados al intendente reelecto en 2019 por el Frente de Todos se habrían dado durante el 2017; y la causa se inició tras la publicación de noticias «criminis» y el inform de la Auditoría, según indicaron desde la Procuración General.
Como sea, en marzo de 2021, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke requirió ante el Juzgado de Garantías de Metán la elevación a juicio de la causa contra el intendente de Rosario de la Frontera.