Robo de rieles y contrabando: es ley la intervención de Rivadavia Banda Norte

• La Legislatura aprobó el texto del Ejecutivo y apartó al intendente Atta Miguel Gerala, imputado en una causa por la sustracción de rieles en el Chaco Salteño y su venta en Bolivia.
• Sáenz escogió a Marcelo Córdova como interventor en una medida que ya se dio en Aguaray, Salvador Mazza y Aguas Blancas.

En un mismo día, la Cámara de Senadores y la de Diputados de la Provincia aprobaron el proyecto de ley para intervenir la Municipalidad de Rivadavia Banda Norte, conocida como “Morillo”, cuyo intendente Atta Miguel Gerala fue imputado y detenido por el robo y contrabando de rieles y malversación de caudales públicos.

La iniciativa fue impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz, quien suma ya cuatro intervenciones a municipios desde la asunción de su primer mandato en 2019: Aguaray, por entones a cargo de Enrique Prado; Salvador Mazza, en manos de Rubén Méndez; y la más reciente Aguas Blancas, gobernada desde diciembre pasado por Carlos Martínez.

Todas las intervenciones fueron promovidas a partir del involucramiento de los intendentes en causas judiciales por delitos varios que van desde la sustracción de bienes del Estado Nacional (rieles y caños para un gasoducto, por ejemplo) hasta la malversación de fondos, lavado de activos y posibles vínculos con bandas narco-criminales. Con el argumento de llevar un remedio institucional, el Gobierno Provincial asumió las facultades que naturalmente le corresponden al Concejo Deliberante de cada localidad.

En el caso de Gerala, vale recordar que hace unos días el Intendente fue imputado como participe de los delitos de robo y contrabando de rieles que el Estado Nacional colocó en el Chaco Salteño y que fueron vendidos en Bolivia. En la causa también está involucrado su hijo José Miguel “Yopi” Gerala y el comerciante David Edilberto Medina.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Publico Fiscal Federal, al lugarteniente de “Morillo” se le sumó el delito de malversación de caudales públicos “en función de que dispuso de bienes públicos para el provecho personal”.

Sucede que se han utilizado vehículos, herramientas, maquinarias de corte y hasta el grupo electrógeno del Municipio para sacar los rieles y contrabandearlos. Asimismo, los Gerala se valían de la mano de obra de integrantes de comunidades originarias de la zona, a quienes habrían coaccionado para cometer los ilícitos.

Los bienes robados eran “resguardados en predios de la Municipalidad y hasta en la casa del propio intendente, donde se secuestraron 15 rieles, valuados en la suma aproximada de $19 millones, durante los allanamientos realizados en los primeros días de este mes”, informaron fuentes judiciales.

Cabe recordar que la Dirección General de Aduanas y la Gendarmería Nacional allanaron varios domicilios en el departamento de Rivadavia, al norte de Salta, y secuestraron no solo los rieles sustraídos al Estado, sino también armas, balas y millones de pesos. Uno de los inmuebles es de Gerala. Para la filtración de los rieles hacia el Estado Plurinacional de Bolivia se utilizaba una falsa resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), según informó diario El Tribuno.

La defensa de Gerala, a cargo del abogado Darío Palmier, no objetó la imputación penal, pero sí se opuso al arresto domiciliario y sostuvo que su cliente estuvo a derecho en todo momento y que no iba a entorpecer la investigación, reconstruyó la agencia Noticias Argentinas. Gerala negó las acusaciones.

El municipio del departamento Rivadavia está al mando de Atta Miguel Gerala desde 2003, con la sola interrupción entre 2011 y 2015, cuando fue derrotado por Marcela Carabajal. En los comicios de 2023 Gerala fue re-reelecto con el 48,04% de los votos (2.771 sufragios en total) mediante el frente oficialista “Vamos Salta”.

La causa tramita ante el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, quien dispuso para Gerala la prisión domiciliaria hasta el 31 de diciembre, una medida adoptada por el posible entorpecimiento de la investigación penal objetada por Palmier. La acusación corre por cuenta del fiscal general Eduardo Villalba.

En términos políticos, el interventor que Sáenz eligió para hacerse cargo de Rivadavia Banda Norte es Marcelo Córdova, quien venía desempeñándose en la Secretaria de Asuntos Indígenas de la Provincia, un área que presupone experiencia para entablar relaciones con las comunidades originarias.