Robo de caños del Gasoducto NEA: así fue la estafa millonaria en el interior de Salta

Todos los caminos desembocan en el intendente de Aguaray, Jorge Prado. Se estima que el daño patrimonial es de más de 13,5 millones de dólares. Muchos caños fueron vendidos a precio vil en el mercado negro para usarlos como comederos de animales.

Todo comenzó en septiembre de 2018, cuando funcionarios de Integración Energética Argentina, la ex ENARSA, presentaron una veintena de denuncias de robos de caños correspondientes a la emblemática obra Gasoducto del NEA. Lo hicieron en la comisaría de Coronel Juan Solá (Morillo) y también en Aguaray, ambos municipios ubicados al norte salteño.

Sin embargo, la extracción de caños en perjuicio del Estado se profundizó en diciembre de 2019 y estalló a principios de 2020. O por lo menos se «perfeccionó» la forma de robar estos elementos de vital importancia para miles de familias que aún no tienen gas natural y, por supuesto, para el desarrollo de la industria local.

El periodista de investigación Antonio Oieni, quien sigue y denuncia el caso desde el diario El Tribuno, brindó detalles sobre la red de involucrados. Están imputados funcionarios públicos y empresarios, quienes se apropiaron de la columna vertebral de la obra, cuyo daño patrimonial superaría los 13,5 millones de dólares.

El daño patrimonial superaría los 13,5 millones de dólares.

“El 23 de diciembre de 2019, el intendente de Aguaray, Jorge Prado, dictó una controvertida resolución, la 1215, con la cual desafectó 35 kilómetros del Gasoducto NEA en su jurisdicción y cedió los tubos, costosísimos, cada uno cuesta 5 mil dólares, a una empresa mendocina, OSYP S.A«, explicó Oieni en el programa radial Sapo de Otro Pozo (FM Noticias 88.1).

Luego, con el aval de esa resolución y otros remitos, se llevaron los caños de la provincia. Esa carga ilegal atravesó los controles de cinco distritos hasta llegar a Buenos Aires y otras provincias del centro del país, «donde terminaron revendidos en el mercado negro como comederos de vaca, bebedero de haciendas, para obras de conducción hídrica, alcantarillados y toda clase de proyectos de ingeniería civil”.

De acuerdo a la información recuperada hasta el momento, aportada por Oieni, se han recuperado 339 caños, algo más de 5 kilómetros y medio de caños. “Yo he podido constatar por redes sociales que en Mercado Libre los caños se terminaron vendiendo a un precio lineal por metro de 12.700 pesos. Es decir que, por cada caño, hay que recordar que los caños miden casi 13 metros, son 3 toneladas, tienen 24 pulgadas de diámetro, es decir unos 60 centímetros de diámetro, terminaron vendidos, cada uno, aproximadamente a 160 mil pesos, un valor mínimo y nada comparable con la finalidad que tenía el Gasoducto NEA”, agregó el periodista.

El precio treparía a 8 mil dólares por unidad si se tiene en cuenta que ya estaban puestos, colocados e instalados.

“Todo es un chiste acá”, ironizó el encargado del caso en el diario impreso de mayor tirada en la provincia. Y añadió: “De acuerdo a las constancias que se conocieron en las últimas semanas, puedo decirte que este saqueo empezó, no por la resolución 1215 del Intendente, sino que empezó mucho antes, en septiembre de 2018, y que la resolución vino a perfeccionarlo. Acá hay implicados de toda naturaleza”.

La fecha aludida a las denuncias radicadas años anteriores no es menor: empresarios denunciaron presiones del gobierno de Mauricio Macri y del holding de Paolo Rocca, el grupo Tetchin, que derivaron en la interrupción de la obra, primero, y su desfalco después. Los dueños de la empresa Vertúa, firma que ganó la licitación del primer tramo de unos 230 kilómetros en concurso público, sufrieron aprietes de funcionarios de la gestión Cambiemos para que renunciara a esa construcción. «Te van desgastando o matando de a poquito«, dijo Raúl Vertúa al programa ADN, y contó las maniobras que retacearon la obra, como ataques físicos a trabajadores en el lugar y obstrucciones para abastecer de materia prima la construcción. El Poder Judicial no actuó a su tiempo tras las sucesivas denuncias radicadas. «Están todas las denuncias que nosotros hicimos. Nunca nos hicieron caso», agregó Vertúa.

La resolución Número 1215 de 2019, común denominador en todas las maniobras

El periodista Oieni dijo que desde septiembre de 2018 funcionarios de Integración Energética Argentina, la ex ENARSA, presentaron 19 denuncias de robos de caño. «Lo hicieron en la comisaría de Morillo, también en Aguaray, en comisarías que no tenían recursos ni patrulleros, nada para intervenir, y nunca se recuperó un maldito caño. Estas indolentes denuncias, como las calificó días atrás el fiscal general del distrito Salta, Eduardo Villalba, fueron para mí una suerte de coartada, y esto tendrá que investigarse porque fueron presentadas por inspectores de obras”, enfatizó.

Además, Oieni recordó que la obra estaba paralizada, por lo que cuestionó: “¿Qué hacían en 2018 inspectores de obras? Si las obras estaban paradas. ¿No era mucho más lógico que estuvieran protegidos esos caños por fuerzas federales? Tratándose de un dominio del Estado nacional, ¿no era lógico que los inspectores de obras de la ex ENARSA hubieran radicado las denuncias en Gendarmería para evitar el saqueo que finalmente se consumó? Son largas las cadenas y, a medida que va pasando el tiempo, se van conociendo más detalles”.

“En los últimos días he podido acceder a algunas facturas según las cuales no solo los caños terminaron revendidos desde Quilmes y Berazategui, en el sudeste del gran Buenos Aires, sino que también, y tengo una factura en mis manos, algunos de los viajes, 15 caños terminaron en una empresa de Santa Fe que tiene como responsable a Rodolfo Abella, otro tema que la justicia federal de Salta deberá investigar”, reveló Oieni esta semana

A fines de julio bajo la dirección del juez federal de Garantías, Gustavo Montoya, el fiscal general Eduardo José Villalba formalizó la imputación al empresario Matías Rossi, presidente de la empresa CoMarfil SA, con asiento en el partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Villalba, junto a la fiscal auxiliar Roxana Gual, le endilgó a Rossi los delitos de robo agravado y fraude a la administración pública por su presunta participación en el robo de, al menos, 52 caños del gasoducto que fueron secuestrados de instalaciones de su empresa, adonde habrían llegado mediante maniobras y la utilización de documentación ilícita.

Ya en esa audiencia, inédita para el Ministerio Público ya que involucró la tarea de tres fiscales federales, se amplió la acusación penal por el delito de fraude a la administración pública al intendente Jorge Prado y al secretario de Hacienda de dicha municipalidad, Fredy Marcelo Céspedes, quienes ya habían sido imputados el 18 de mayo pasado junto al empresario Diego Alos, titular de la firma OSYP SA, una de las firmas beneficiadas con el robo millonario.

Todos los caminos conducen a Prado

Fiscal federal Eduardo Villalba

Por su parte, Oieni señaló que «en las últimas semanas, Sergio Heredia, abogado que defiende al ex secretario de Hacienda de Aguaray, que terminó imputado junto a Prado por haber firmado la resolución 1215, y a dos de los empresarios de General Mosconi que están imputados por robo calificado y fraude a la administración pública, señaló que aquí hay otros responsables, y sindicó entre los responsables a Fabio Navarrete, un ex funcionario de Aguaray que se desempeñó como referente zonal de La Cámpora y que también había trabajado con Vertúa”.

“Acá hay responsabilidades que trascienden a la fuerza política a la que pertenece Prado. Y basta ver el silencio que tenemos ante los proyectos de intervención que duermen en la Legislatura desde marzo, para darnos cuenta de que acá hay realmente un manto de protección importante”, insistió el periodista denunciando que “diputados y senadores se desentienden de esta situación, pese a la gravedad institucional que está planteada en Aguaray”.

Es que el pedido de intervención a ese municipio del norte provincial fue bloqueado por el oficialismo parlamentario, que impidió avances en tal sentido. La presentación fue realizada por el titular del bloque del Frente de Todos, Jesús Ramón Villa, quien fundamentó que el pedido tiene por objetivo «normalizar una situación de crisis o gravedad institucional«, causal que faculta al Poder Legislativo dicha medida.

La causa

De momento son 10 los imputados en la causa: Prado y Céspedes- funcionarios de Aguaray- y unos 6 empresarios: José Rossi (CoMarfil); Diego Alos (OSYP S.A.); Cristhian Marcelo Buczeck (encargado de la empresa Vera SA); Andrés Ayala (gerente de la firma Peterser SRL); Milton Rene Saavedra y Bruno Raúl Degoy, ambos socios de MyP, ex WeatherFor.

Además hay un prófugo: Adrián Antonio Vera, quien creó una empresa fantasma: Vera S.A.

Las empresas que estarían involucradas en el robo millonario se encuentran en distintos puntos del país, como pueden ser OSYP de Mendoza, Tubos Renard de Buenos Aires y la Minera del Altiplano. Según explicó Oieni, se pudo constatar que las facturas que utilizaba esta organización ilícita aceitada eran fraguados.

“Ahora también aparecerá nueva documentación de que hay caños que llegaron a Santa Fe. Ojalá que esté escuchando alguien de la justicia federal y, rápidamente, vayan a ver si se pueden rescatar esos caños, porque cientos de caños que llegaron a Buenos Aires ya terminaron reducidos, incluso hay facturas que señalan que esos caños, y esto es una verdadera paradoja, pasaron algunos de los caños, salieron de Salta a Buenos Aires y luego terminaron revendidos en Bolivia”, agregó Oieni sobre el avance de la investigación que lleva adelante.

Un apartado

El fiscal José Luis Bruno, de la sede descentralizada de Orán, imputó en julio por el delito de robo calificado a cuatro empresarios: Buczeck, Ayala, Saavedra y Degoy. Están acusados de sustraer 170 caños el 14 de abril pasado del gasoducto en el paraje El Desemboque, a 140 kilómetros de la localidad General Mosconi.

Bruno indicó que, luego de detectar dos camiones cargados con caños en un comedor de la zona, personal de Gendarmería Nacional descubrió otros dos rodados con tubos que habían sido extraídos ilegalmente de la red del gasoducto. Todo gracias a la resolución del intendente Prado y la resolución, el «común denominador en todas las maniobras».

Fraude millonario

Son 35 kilómetros, 2734 caños, a 5 mil dólares cada uno, hablamos a grosso modo de un fraude de 13 millones y medio de dólares. Hablamos de miles de millones de pesos, precisó el periodista poniendo en cifras el monto robado en esta maniobra, y agregó: “Estos caños son caños especiales para gasoducto fabricados por Tenaris, una de las empresas del grupo Techint”.

“Al rescindir el contrato con Vertúa, en marzo de 2017, el gobierno de Mauricio Macri rescindió ese contrato y en 2018 lanzó una nueva licitación para reactivar el tramo salteño, pero fue más escandalosa que la primera, porque se presentaron cinco oferentes, entre ellos Servicio Vertúa. El Estado nacional descalificó a cuatro de las empresas y dejó en pie a Techint, que había presentado la propuesta más elevada. Esa licitación cayó en agosto de 2018 y de ahí, inmediatamente después, comenzó el gran saqueo”, apuntó Oieni.