Revelan chats entre jueces, funcionarios macristas y empresarios de medios para mentir sobre el viaje a Lago Escondido

Los involucrados querían fabricar pruebas para justificar la financiación de un viaje a Lago Escondido. También presionaron a medios para ocultar la travesía en tierras del magnate británico Joe Lewis e influyeron en la investigación. Los datos surgen del hackeo al celular del ministro de Seguridad de la CABA. Quiénes integran el grupo del lawfare.

Los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials planearon falsificar pruebas para simular que ellos habían pagado el viaje a Lago Escondido que hicieron a mediados de octubre al visitar las tierras que ocupa el empresario ingles Joe Lewis en la Patagonia. Los magistrados también hablan de obtener facturas truchas que justifiquen el hospedaje.

Se trata de un viaje en avión privado que habrían organizado dos directivos del Grupo Clarín, Pablo Casey y Jorge Rendo, y del que participaron además el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques; el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; el ex jefe de Legales de la SIDE y dueño de una consultora Tomas Reinke; y el exespía Leonardo Bergot.

Lo único que evitaría decir es que nos llevaron en helicóptero al centro de esquí; podemos decir que nos llevaron, no sé, en camioneta, o fuimos a comer un asado allá arriba, pero no en helicóptero. Y después, bueno, que hicimos cabalgata, que hicimos un picnic a la tarde, que comimos ahí arriba unos choripanes, que jugamos a las cartas, que jugamos al paddle dos veces… que sea todo más o menos como decimos”, sugiere al juez Ercolini.

Otra propuesta, esta vez del jefe de fiscales porteño Juan Mahiques, es la siguiente: “Podríamos averiguar el tema de una facturita en Lago Escondido”. “El avión lo pagamos nosotros. Y fuimos a la casa de mi amigo, si ustedes lo creen conveniente. No podemos decir que nos regalaron el vuelo”, agrega Cayssials. Y Ercolini pregunta: “¿No es más fácil que nos facture Lago Escondido dos noches con media pensión?”. Pero Cayssials repone: “Pero nos facturaron después de ir, no antes. Y ninguno sacó la tarjeta, pagamos todo grone”.

El juez Julin Ercolini Foto Archivo
El juez Ercolini

Las conversaciones se dieron en un chat de Telegram y fueron filtradas por hackers en el sitio https://brached.vc/ , donde piden 600 dólares a pagar en las criptomonedas bitcoin o Monero, por 500 MB de información. El teléfono hackeado fue el del ministro porteño D’Alessandro. Ayer los audios y chats han sido publicados en El Cohete a la Luna y Tiempo Argentino . Tambien se los puede ver en Exported Data (patagonianfacts.com) . Los involucrados planifican cómo invisibilizar la noticia publicada originalmente en Pagina 12, truchar pruebas sobre los delitos ventilados y digitar la investigación por el viaje, presionando para trasladar la causa de Bariloche a Comodoro Py.

Sobre esto último Juan Bautista Mahiques dice: “Muchachos, les cuento: la fiscal federal de Bariloche bien, buena predisposición, me ofreció mandar la causa a Py o en su defecto, pedir a la empresa las facturas del vuelo y eventualmente del hospedaje con los denunciados digamos sin Jorge y sin Pablo y en base a eso cerrarla. Así que si están de acuerdo avanzo en alguna de estas opciones”. Jorge es Rendo y Pablo es Casey, quienes oficiaron de anfitriones.

Pero además de las maniobras ilegales para falsificar pruebas e influir en la investigación, los involucrados presionaron a distintos medios de comunicación para que no cubran el viaje a Lago Escondido o bien para que repliquen una versión donde aparecen como presuntas víctimas de un espionaje ilegal. Asimismo, apuntan al titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinksi, a quien responsabilizan de la filtración de los datos del viaje y hablan en tono amenazante de que podría correr con la suerte de cárcel.

Los medios que aseguran no darle cobertura al tema son Infobae y C5N, cuyo contacto mencionado es Julián Leunda, quien supuestamente prometió que no se destacaría la noticia en la señal televisiva de Fabián de Sousa. Leunda fue designado como jefe de asesores del presidente Alberto Fernández. En otro audio el segundo de Héctor Magnetto le sugiere al juez Ercolini que recuerde que un empresario del diario La Nación también había visitado Lago Escondido, a forma de apriete.

El periodista Horacio Verbitsky agrega algunos antecedentes de los jueces involucrados, “cuyos chats abundan en datos sobre comidas, bebidas y cigarros y en alusiones escatológicas que se celebran con risotadas”. Los compartimos a continuación:

  • Pablo Gabriel Cayssials. Anuló la adecuación obligatoria del Grupo Clarín a la ley audiovisual; permitió al ex jefe de gabinete Marcos Peña Braun utilizar la base de datos de la Anses para sus comunicaciones publicitarias; declaró inconstitucional la gratuidad universitaria y el ingreso irrestricto y convalidó el aumento del 300% en las tarifas del agua; le ordenó a la AFIP que se abstuviera de aplicar la resolución 4838 porque violaría el secreto profesional de abogados y contadores, al obligarlos a informar las maniobras de supuesta elusión o evasión fiscal de sus clientes. También declaró inconstitucional el artículo de la ley del Ministerio Público que sólo admite la remoción de su titular por juicio político. La causa fue iniciada por el Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires y seguida por su agrupación de choque político “Será Justicia” y su fallo forzó la renuncia de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Fue uno de los jueces del fuero contencioso administrativo que ordenaron al Banco Central la venta de dólares al precio oficial para importaciones que el Poder Ejecutivo no había autorizado.
  • Pablo Yadarola, uno de los jueces del fuero penal económico, que trabaja con organismos del gobierno de los Estados Unidos. En 2018, por ejemplo, secuestró armas de alto calibre que llegaban al país por correo, con etiquetas de ropa deportiva. El dato fue provisto a su juzgado por Homeland Security.
  • Julián Ercolini es el juez federal que atribuyó al Grupo Indalo una venta simulada de sus empresas y detuvo a sus accionistas Cristóbal López y De Sousa, cuando se negaron a poner esos medios al servicio de la demolición mediática de CFK que les solicitó Maurizio Macrì. La esposa de Ercolini fue secretaria del ex ministro de Justicia Germán Garavano. También procesó a CFK en tres causas, sólo superado por el doctor Glock. Fue uno de los que sostuvo que desde 2003 hasta 2015, Cristina formó parte de una Asociación Ilícita. En cambio sobreseyó al Número 2 de Techint, Luis Betnaza, aduciendo que no había pagado un soborno sino el rescate exigido por el gobierno venezolano de Hugo Chávez por la seguridad y la libertad de los ejecutivos de la planta de Techint en el Orinoco, Sidor. En 2016 sobreseyó al tío de Casey, a Bartolomé Mitre y Ernestina Herrera en la causa por Papel Prensa, porque no encontró que la venta de las acciones en 1976 haya sido parte de delitos de lesa humanidad.

 

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