Represión en San Calixto y ante los ojos de Dios y monseñor Cargnello

Dos operativos policiales que terminaron con trabajadores desocupados y personas sin techo heridas. Los organismos de derechos humanos y legisladores nacionales repudiaron la violencia institucional de la administración Sáenz.

Fue un martes para el olvido. Al mediodía, ante los ojos de Dios y de Monseñor Mario Antonio Cargnello, trabajadores mineros despedidos fueron detenidos en las puertas de la Catedral salteña cuando se apostaban a reclamar por su reincorporación. Más tarde, pasadas las 21, un mega operativo policial reprimió y desalojó a las familias del asentamiento San Calixto, a pesar de que habían niños, niñas y adultos mayores.

La jornada convulsionada que se vivió ayer pone bajo la lupa, otra vez, a la administración Gustavo Sáenz y particularmente la de su ministro de Seguridad, el ex coronel Juan Manuel Pulleiro. Los sucesos tuvieron réplica en la agenda local y el repudio recaló en la Cámara de Diputados local, donde parlamentarios brindaban ya sendas críticas a la gestión de la pandemia en materia sanitaria.

Tanto el caso de los obreros que se desempeñaban en la mina Lindero, cuya explotación está a cargo de la empresa Mansfield, como el de la toma de terrenos en la zona sur capitalina son de larga data. Empezaron hace meses. Y en ambos casos se trata de un reclamo para salir de la difícil situación económica que atraviesan estos grupos.

A través de las redes sociales se difundieron fotos y vídeos que dieron cuenta de la magnitud de la represión en el asentamiento: balas de goma y gases a diestra y siniestra. También se habla de balas de arma reglamentaria. El saldo fue al menos 30 heridos incluyendo menores, según difundió la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

Repercusiones

“Denunciamos y repudiamos la represión que se esta llevando a cabo contra familias que se encuentran en estos momentos en el Asentamiento de Barrio San Calixto, son más de mil personas quienes vienen resistiendo con dignidad y fuerza ante el amedrentamiento de la policía quienes desde el primer momento criminalizaron con vallas, prohibiciones de circular, listas negras y persecuciones”, apuntó la diputada nacional Veróna Lia Caliva.

Además, la legisladora del Frente de Todos recuerda que en el predio “se encuentran niños, niñas, madres que hasta parieron en el asentamiento para no abandonar ese único lote en el cual quieren construir el sueño de la casa propia”. “No solo sufren las heladas de este crudo invierno y la pandemia del Covid-19 sino que, además, sufren el odio de quienes gobiernan con injusticia y piensan que con balas y con violencia los correrán de donde resisten por un lugar para vivir”, espetó Caliva.

De igual forma lo hicieron organismos de derechos humanos. “El Gobierno Provincial y su ministro de Seguridad son responsables de la violencia ocurrida en el desalojo ilegal en barrio San Calixto, atentando contra las familias y personas que no tienen una vivienda digna. Exigimos el cese inmediato de la represión y la garantía del derecho a la vivienda digna”, señalaron desde H.I.


El origen

Según relatos de vecinos todo comenzó cuando una mujer intentó ingresar un cartón y leña para combatir el frío. Otras versiones hablan de que intentaron ingresar material para comenzar a construir. Allí se desencadenó la brutal intervención de efectivos policiales. Luego intentaron cercar los accesos al lugar. Los más jóvenes respondieron con pedradas.

Las familias de esa toma de terrenos se asentaron a mediados de mayo, cuando la emergencia sanitaria, económica, laboral y habitacional se profundizó por la pandemia del coronavirus. Muchas de ellas debieron irse del lugar donde alquilaban al no tener ingresos y a pesar de que Nación prohibió desalojos.

Al principio funcionarios del Gobierno de la Provincia se acercaron para aquietar las aguas y buscar una solución. Sin embargo, hasta el momento no hubo avances en tal sentido e incluso esas familias fueron excluidas de poder inscribirse al plan de urbanización Mi Lote.

Déficit habitacional

Lejos de ser un fenómeno aislado, las tomas de terrenos se replican a lo largo y ancho del país. Son consecuencias de la crisis que atraviesa el país luego de cuatro años con números negativos para las mayorías que fueron profundizados por la pandemia.

El Gobierno Nacional reconoce la emergencia habitacional y por ello lanzó distintos programas para motorizar la construcción de viviendas para los sectores más desprotegidos, como el Plan Nacional del Suelo, además de relanzar el PROCREAR.

Desde Jujuy a la Provincia de Buenos Aires, las tomas de terrenos en desuso son una postal que grafica la situación de miles de familias. Pero en Salta aún no se materializó el inicio de loteos, estancados desde la gestión anterior. Sólo llegaron balas y gases.

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