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- La Fiscalía intervino tras la denuncia por irregularidades en numerosas obras públicas y advirtió que se habrían concretado pagos por trabajos no realizados.
- En las maniobras fueron señalados dos socios de una firma constructora, un representante técnico de la misma y una inspectora municipal. El exsecretario Nallar, presunto encubridor.
“Poner en valor la Plaza 9 de Julio es revalorizar nuestra ciudad. Hace más de 28 años que no se invertía fuertemente en este espacio público. Por eso, estamos recuperándola patrimonialmente y generando un mejor punto de encuentro, para que los salteños estemos orgullosos de este espacio que es de todos”.
La frase está incluida en un parte de prensa de la Municipalidad de Salta Capital del 7 de abril de 2023 y pertenece a la exintendenta Bettina Romero. Romero impulsó durante su gestión un plan de obra pública que incluía la remodelación de la icónica plaza del microcentro salteño, un proyecto que al mismo tiempo quedó en el centro de múltiples acusaciones por irregularidades en el manejo de fondos.
A poco más de dos años de aquélla frase de la exjefa comunal, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio imputó a una inspectora de obra de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad, a dos socios de una empresa de construcción de obras de ingeniería civil y al representante técnico de la misma (se trataría de Norte Áridos) como coautores de los delitos de falsedad ideológica de documento público en concurso ideal con fraude a la administración pública.
Entre los seis hechos investigados en la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) se encuentra la “remodelación” o “puesta en valor” de la Plaza 9 de Julio. Además de la inspectora, los “hermanos propietarios” de la empresa y el representante técnico (quienes también fueron imputados por falsedad ideológica de documento público en otros dos hechos), quedó envuelto en la causa Daniel Nallar, exseretario Legal y Técnico de la Municipalidad durante la gestión Romero, acusado por presunto encubrimiento por no hacer la denuncia.

LOS HECHOS
La investigación de la UDEC comienza con la denuncia presentada por la intendencia de Emiliano Durand, cuyo trámite corre por cuenta de Matías René Risso, procurador general de la Municipalidad.
René Risso dijo que a fines de 2023 “detectaron un expediente que revelaba posibles irregularidades en obras públicas, con pagos por trabajos no realizados” y sostuvo que el entonces subsecretario de Obras Públicas “habría ordenado certificar avances de obra que no se correspondían con el estado real de ejecución, con el fin de adelantar pagos y así iniciar obras complementarias sin cumplir con los procedimientos legales exigidos, como la aprobación de pliegos o la contratación formal”.
De acuerdo con los datos recabados por el actual funcionario, ventilados por la Procuración General este martes 3 de junio, “la maniobra se justificó en la urgencia por avanzar con intervenciones ‘emblemáticas’, como la remodelación de la Plaza 9 de Julio”.
La Fiscalía determinó que los imputados “habrían actuado en conjunto pero con distintos roles: los socios como responsables de la empresa constructora; un empleado, como su representante técnico; dos empleadas municipales, como inspectoras de obra; y un funcionario, como subsecretario de Obras Públicas”.
Para la Unidad de Delitos Económicos Complejos, “se habrían confeccionado informes con certificados de avance de obra que contenían datos falsos, declarando un avance mayor al real”. “Estos documentos, firmados por las inspectoras y el representante técnico, habrían servido para justificar la emisión de facturas por trabajos no ejecutados. Posteriormente, el Subsecretario habría elevado estos informes a su superior con el objetivo de ordenar el pago correspondiente a la empresa, lo que generó un perjuicio económico para el municipio. Esta maniobra se habría repetido en al menos seis expedientes distintos de obras públicas”, agregaron desde el sitio Fiscales Penales.
Según se informó, el exsecretario de Legal y Técnica- a quien señalaron por considerarse que “podría haber tenido conocimiento del expediente donde se verificaban las irregularidades- ejerció su propia defensa durante las audiencias. En tanto que los demás imputados fueron asistidos por abogados particulares.
Además, un ex subsecretario de Obras Públicas y otra inspectora de obras municipal solicitaron una prórroga de la audiencia, tras lo cual fueron citados a una nueva instancia para conocer los delitos que les endilgan y podrán optar por declarar.
Bettina Romero destacó la obra al cierre de su gestión con un vídeo comparativo entre el «antes» y el «después» de su intervención, ahora parte de una denuncia por irregularidades:
Luego de 28 años la Plaza 9 de Julio fue renovada Ahora nuestro casco histórico está mejor, con más brillo ✨todos los salteños amamos nuestro centro, por ello siempre gobierne quien gobierne en Salta, tendrá que invertir, ordenar y cuidarlo. Nosotros cumplimos #SaltaLaLinda pic.twitter.com/ywkaVZDfRG
— Bettina Romero (@RomeroBettina) October 18, 2023








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