Reforma laboral: una jueza declaró la invalidez de 6 artículos del DNU de Milei

La magistrada hizo parcialmente lugar al amparo impulsado por la CGT y declaró inválidos los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97. ¿Qué dice cada uno de ellos y cuál es el argumento para su anulación?

La jueza del fuero laboral de feria Liliana Rodríguez Fernández declaró la invalidez de 6 artículos del mega-DNU impulsado por el presidente Javier Milei para desregular la economía y modificar leyes de todo tipo, entre ellas normativas sobre el trabajo y los trabajadores.

En concreto, la magistrada hizo lugar parcialmente al amparo presentado por la CGT contra el Estado Nacional y resolvió “declarar la invalidez de los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97” del Decreto de Necesidad y  Urgencia 70/2023.

Rodríguez Fernández aclaró que la normativa en cuestión podrá gozar de validez formal “en el caso de ratificación por ambas Cámaras” del Congreso “dentro del periodo de las sesiones extraordinarias o en curso, o su vigencia cesara de pleno derecho en caso contrario”.

Según explicaron fuentes judiciales a la agencia de noticias estatal Télam, la jueza del fuero laboral acotó su decisión a los artículos que afectan “de modo directo” los intereses de la CGT toda vez que trastocan derechos colectivos de los trabajadores.

La magistrada sostuvo que el funcionamiento del Congreso amerita su tratamiento en el pleno para cumplir con la división de poderes y afirmó que tampoco “puede pasarse por alto que la necesidad y la urgencia de la reforma no aparece debidamente justificada”.

Foto Alfredo Luna
La cúpula de la CGT presentó un amparo judicial contra el mega-DNU de Milei – Foto: Alfredo Luna/Télam

“Normas vinculadas al concepto de ‘situación legal de desempleo’, al modo en que se confeccionan los recibos de sueldo, o a las modificaciones sobre presunciones o carga de la prueba no parecen a simple vista tener impacto alguno en los problemas macroeconómicos que el propio decreto invoca”, precisó el fallo.

A modo de resumen, la jueza explicó: “El artículo 73, que modifica las condiciones de retención de la cuota sindical; el artículo 79, que establece reglas para la negociación colectiva; el artículo 86, que modifica la vigencia de las clausulas obligacionales; los artículos 87 y 88, que incorporan a su vez los artículos 20 bis y 20 ter a la ley 23551; y el artículo 97, que regula los servicios esenciales en el marco de conflictos colectivos”.

La jueza aclara que no ha evaluado la conveniencia o inconveniencia económica o social de la reforma ni el contenido en sí, puesto que no ha realizado juicio de valor, sino que más bien se limitó a la interpretación judicial. “Con independencia de cualquier análisis sobre el contenido normativo del DNU 70/2023 no se han cumplido aquí los recaudos constitucionales para que tal instrumento pueda ser considerado válido”, finalizó.

Convocatoria a la marcha contra la Ley Ómnibus y el mega-DNU de Milei en Salta Capital – Créditos: a quien corresponda

La presentación judicial de la Confederación General del Trabajo (CGT) ya contaba con una resolución judicial a su favor de la Cámara Nacional del Trabajo en feria, que dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de la reforma laboral incluida en el mega-DNU de Milei.

“Dictase una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV Trabajo del Decreto de Necesidad y Urgencia n° 70/23 hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados”, había señalado el fallo, que fue apelado por el Gobierno.

En tal sentencia, los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior señalaron: “Varias de las normas que el Poder Ejecutivo Nacional pretende modificar sin darle intervención a los legisladores tienen naturaleza represiva o sancionatoria al punto que se las ha incluido como integrativas del derecho penal laboral, calificada como ‘leyes anti evasión’”.

Y agregaron: “No se explica cómo las reformas planteadas, de aplicarse en forma inmediata y por fuera del trámite normal de sanción de las leyes, podrían remediar la situación referida a la generación de empleo formal, máxime cuando el propio decreto reconoce que se encuentra estancada hace 12 años, lo que impide- en principio- considerar la irrupción de alguna circunstancia súbita, imprevisible o de extrema excepcionalidad’”.

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