El gobierno de Javier Milei tuvo su primer triunfo legislativo al lograr la aprobación de la Ley Bases en la Cámara de Diputados. El bloque de La Libertad Avanza logró sumar votos de los bloques aliados: PRO, la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición e Innovación Federal.
Los 106 votos en contra provinieron del bloque peronista Unión por la Patria, del Frente de Izquierda, de los socialistas de Santa Fe y de legisladores críticos, como la diputada cordobesa Natalia De la Sota.
Los legisladores salteños que responden al gobernador Gustavo Sáenz acompañaron la iniciativa de la Casa Rosada: Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega, quienes conformaron el bloque “dialoguista” Innovación Federal.
Julio Moreno Ovalle, Maria Emilia Orozco y Carlos Zapata de La Libertad Avanza dieron su voto afirmativo, mientras que Emiliano Estrada de Unión por la Patria votó en contra.
A diferencia de la primera vez que se trató la Ley Bases en la Cámara Baja, ahora los salteños que responden a Sáenz aprobaron los capítulos que en su momento generaron controversia, como la reforma laboral, la privatización de empresas estatales, la eliminación de la moratoria jubilatoria y la restitución del Impuesto a las Ganancias para trabajadores.
REGIMEN DE INCENTIVO A LAS GRANDES INVERSIONES (RIGI)
El RIGI exime de impuestos varios a los capitales extranjeros que quieran invertir en minería, agroindustria, en el sector forestal, en el petróleo, entre otros rubros, y les garantiza que no habrá cambios en materia fiscal/impositiva/ambiental/penal por 30 años. También libera las exportaciones sin condicionamientos de abastecer el mercado interno y les otorga libre disponibilidad de divisas.
Sáenz admitió en una entrevista radial que tal esquema es una propuesta de las empresas mineras que tienen intereses en los recursos naturales de Salta, como el cobre, otro de los elementos necesarios- con el litio- para avanzar en el proceso de transición energética. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advirtió que podría favorecer el lavado de activos provenientes del tráfico de armas, de personas y de estupefacientes.
REFORMA LABORAL
Los bloques de La Libertad Avanza, PRO, Hacemos Coalición Federal, Unión Cívica Radical e Innovación Federal aprobaron la modificación a la normativa laboral aplicando medidas que fueron cuestionadas por los gremios y la oposición de Unión por la Patria y la Izquierda.
La reforma laboral reemplaza las indemnizaciones por un fondo de cese laboral al estilo UOCRA: el empleador deposita una parte del salario en una cuenta bancaria cuya finalidad es que el trabajador use ese dinero cuando sea despedido.
Además, habilita la extensión del periodo de prueba hasta un año; se eliminan las multas a los patrones que no registren a sus trabajadores y crean la figura de “trabajador independiente” para flexibilizar la relación laboral en favor del empleador.
MORATORIA PARA JUBILADOS
La Ley Bases deroga la Ley 27.705 que estableció la moratoria previsional, el esquema que permite a las personas acceder a la jubilación teniendo la edad que exige el régimen general (60 años las mujeres y 65 años los varones) sin contar con los 30 años de aportes estipulados por ley.
En cambio, la iniciativa del oficialismo propone una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y crea una “Prestación de Retiro Proporcional”. El monto de la primera equivale al 80% del haber mínimo que ahora es de $190.141; es decir, en mayo la PUAM será de $152.113. Con lo segundo, se busca una diferenciación en el cobro según los aportes.
Así, las mujeres que no tengan los 30 años de aportes no podrían cobrar una prestación a los 60 años- como la moratoria- sino que deberán esperar hasta los 65. Se estima que el 90% de las mujeres del país se encuentra en esta situación, de acuerdo con afirmaciones de Clara Salguero al canal A24.
IMPUESTO A LAS GANANCIAS
El proyecto que tuvo media sanción también restituye el Impuesto a las Ganancias para los trabajadores con un salario neto de $1.494.000 (remuneración bruta mensual de $1.800.000) sin deducciones por cónyuge o hijos. Para un empleado en pareja y con dos hijos menores de 18 años a cargo, el mínimo no imponible sería de $1.981.278, equivalente a $2.300.000 brutos de abril, según el detalle publicado por La Nación.
Outes, Calletti y Vega votaron a favor, tal como los libertarios Julio Moreno Ovalle, María Emilia Orozco y Carlos Zapata, quienes responden a un Presidente que había votado la eliminación de este impuesto al salario. El único salteño que votó en contra fue Emiliano Estrada de Unión por la Patria.
