Recesión económica y política en la gestión Sáenz ahonda crisis sanitaria

El escenario sanitario, como se sabe, es delicado. El económico también. ¿Qué se podría hacer para contener el impacto? Algunas pistas y ejemplos de otras provincias para atender situación de comercios, gimnasios y bares y restaurantes.

Por Emiliano Frascaroli

En Salta volverán al aislamiento social, preventivo y obligatorio desde hoy, lunes 21, los departamentos Capital, General Güemes, La Caldera y del Valle de Lerma (Cerrillos, Rosario de la Frontera, La Viña y Chicoana).

La intención del gobernador Gustavo Sáenz es que se extienda por 14 días y no por 21 como anunció el Gobierno de la Nación. Es decir, que el confinamiento estricto finalice el 4 y no el 11 de octubre. Será la propuesta que enviará a Casa Rosada.

El anuncio de este domingo por la noche se dio mientras comerciantes, gastronómicos, dueños de gimnasios, entre otros rubros afectados, protestaban con bocinazos para hacer oír su descontento. Días previos se habían convocado en el Monumento a Güemes e incluso un sector radicalizado señaló que abrirían de igual forma pese a la prohibición.

Como lo explicaron el presidente del Comité Operativo de Emergencia (COE) y la Secretaria de Desarrollo Organizacional del Ministerio de Salud, Francisco Aguilar y Verónica Guzmán, respectivamente, el confinamiento es una medida necesaria para bajar la circulación de personas y, por ende, frenar la curva de contagios.

La situación sanitaria es delicada, algo ya conocido y asumido por gran parte de la sociedad salteña que vivió en persona el colapso del sistema. Un colapso del sistema que cayó como un baldazo de agua fría. Pasaron meses de una gestión que, a la luz de las cosas, miró para otro lado, algo que se debería investigar en profundidad. Pero, ¿qué sucede con la economía y con las medidas políticas?

Recesión económica

Según el INDEC, a fines de 2019 el 45,5% de la población en Salta vivía bajo la línea de pobreza- sin contar el interior provincial, donde se profundiza la desigualdad- y la mitad de quienes trabajaban lo hacían en la informalidad. Nada estable, todo precario.

Es de suponer que las consecuencias del modelo neoliberal de Juntos por el Cambio se agravaron con la paralización de la actividad como consecuencia de la pandemia. Todo ello a pesar del paquete de políticas económicas-financieras desplegadas por el gobierno del Frente de Todos (ATP, IFE, créditos blandos, excepciones impositivas, beneficios fiscales, etcétera) para contener el impacto.

Como en todo el país, en la provincia ya se arrastraba una caída en la actividad económica principalmente por la depreciación del salario y la devaluación de la moneda, además de un proceso de endeudamiento a pequeña escala por el incremento en la estructura de costos (alquileres y servicios públicos, entre otros).

La inyección de fondos nacionales a los sectores en situación de vulnerabilidad buscó contener el impacto de la pandemia, entre quienes perciben Asignación Unviersal por Hijo (AUH) o el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Difícilmente se hayan volcado esos incentivos en el comercio o en los bares y restaurantes. Es más lógico que su destino haya sido el de los alimentos y medicamentos, y en algunos casos hasta para la adquisición de insumos para emprender un trabajo.

En ese sentido podríamos considerar que los sectores con una posición de mayores ingresos, es decir quienes tienen más espalda económica, pueden haberse refugiado en el «dólar ahorro» para intentar sostener rentabilidad o avanzado en la innovación tecnológica de sus empresas.

Como sea, muchos de esas capas de ingresos medios son las que se plantaron en pie de guerra contra las nuevas medidas. Por ejemplo, se organizó una desobediencia civil desde «Comerciantes Unidos» que en cuyo caso se vuelva un efecto multiplicador, podría complicar la situación sanitaria.

Así las cosas, cabría preguntarse qué medidas económicas adoptó el Gobierno de Salta para contener esos sectores, más allá de los programas nacionales como la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) que adquirió un corrimiento a subsidios fijos a quienes incrementen planta laboral o los créditos blandos.

Recesión política

La dependencia de Salta con el Presupuesto Nacional es innegable, del mismo modo que los municipios dependen  del Grand Bourg. La recaudación local cayó abruptamente: $7.000 millones en el primer semestre, según datos oficiales. El turismo y todos los rubros que giran en torno a esa actividad es una de las actividades más afectadas, dada la centralidad que tiene la promoción turística en la provincia, en torno al 8% del PBI.

Desde Casa Rosada hubo un fuerte respaldo a las economías provinciales. Si se suman los $981 millones girados en abril, más los $1.800 millones de deuda refinanciada, el crédito de $2.100 millones- aprobado por el Poder Legislativo para, entre otras, pagar deuda-, los $1.850 millones por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y los $76.750.000 millones extra (según cotización del Banco Nación), la asistencia financiera de Nación a Salta habría trepado a más de ocho mil millones de pesos para reforzar el sistema de salud y contener el impacto en las pymes.

En ese marco, Sáenz explicó ayer que instruyó al ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, a lograr acuerdos con los sectores para morigerar la paralización de la actividad. Hay preponderancia de los gastronómicos y comerciantes por su robustez tanto de aporte fiscal como de cantidad de familias afectadas.

De momento se presume que avanzarán en beneficios fiscales con excepciones impositivas y asistencia financiera. Al menos es lo que uno se imagina que debería acompañar las medidas sanitarias. Para ello, existen ejemplos de otras provincias que sirven de ejemplo, más allá de las grandes diferencias económicas.

  • Santa Fe: beneficios fiscales para empresas y personas; créditos especiales para acelerar transformación digital de industrias y aportes no reembolsables para estimular la innovación. El gobernador Omar Perotti comprometió $500 millones para bonificación de tasa, a través del Fondo de Garantías Argentino (Fogar); y otros $100 millones vía Garantizar SGR. Entre esos instrumentos, se destinarán más de $2.000 millones de créditos. Para los hoteles y alojamientos, podrán diferir hasta diciembre el pago del impuesto inmobilario. Bares y restaurantes podrán diferir saldos de declaraciones juradas por el impuesto sobre los ingresos brutos. Además, se congelaron las tarifas de agua y energía.
  • La Pampa: el gobernador Sergio Ziliotto anunció créditos a tasa 0% para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con el objetivo de que puedan pagar sueldos a sus trabajadores. Fueron con 3 meses de gracia y hasta 12 cuotas. El monto invertido fue de $1.000 millones. “Quiero invitar a la banca privada a hacer lo mismo que el Banco de La Pampa con créditos a tasa cero”, dijo el mandatario pampeano en su lanzamiento. En esa provincia también se prorrogó el pago de impuestos inmobiliarios, de ingresos brutos, de patentes. Y se postergó la factura de la luz para que “más del 56% de los usuarios pampeanos puedan pagar en los primeros meses del año 2021 y sin interés”
  • Capital Federal: condonación del pago de impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) a los comercios que “refieran a la venta de bienes y prestación de servicios”. Es decir, alcanzó a bares, restaurantes, librerías, peluquerías, jugueterías, hoteles y gimnasios. El costo fiscal total rondaría los 600 millones de pesos, donde la recaudación cayó 35%. Un tope máximo de $500.000 por comercio, con tasa fija del 12%, con un subsidio de 12 puntos porcentuales. Suspensión de embargos; condonación de impuesto al uso del espacio público para las actividades comerciales de la vía pública: gastronómicos con sillas y mesas en veredas; línea de créditos vía Banco Ciudad.

Más allá de las diferencias en el PBI de cada jurisdicción y su capacidad productiva, se trata de decisiones políticas. Es ver qué rol cumplirán los sectores económicos y, por supuesto, las autoridades gubernamentales.

Hasta ahora, el gobernador Gustavo Sáenz enviará al Poder Legislativo un proyecto de ley para recortar el salario de empleados estatales. Fue adelantado ayer cuando anunció que «donaba» su sueldo de septiembre y hacía extensivo el acto caritativista a la planta política, al mismo tiempo que invitó al Poder Judicial y al Poder Legislativo a plegarse a la medida.

Si el oficialismo parlamentario está de acuerdo con el anuncio del titular del Ejecutivo, se descuenta su aprobación. El saencismo tiene mayoría propia y traba o destraba proyectos a gusto y placer.

¿Es posible que surja un pedido al Banco Macro, el agente financiero de la Provincia, para lanzar créditos a los sectores afectados? ¿Podrían aplicarse mayores impuestos a los sectores productivos con mayor rentabilidad, como la minería, para amortiguar la caída fiscal? ¿Y recortes a los sectores subsidiados, como los colegios privados o la Iglesia?

Es el Estado quien debe marcar la cancha atendiendo la capacidad que tiene cada sector para aportar a las crisis superpuestas. Una reducción del 50% del salario estatal puede tener rédito por su impronta marketinera, pero a la vez ser contraproducente en la economía doméstica, por un lado, y en la gestión propia, por el otro. Para aminorar la recesión económica, primero hay que corregir la recesión política. 

Instagram did not return a 200.
A %d blogueros les gusta esto: