R. de la Frontera: tras denuncias por corrupción, Solís apuntó a «persecución política»

El intendente fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude a la administración y cohecho. Señaló que es una embestida del oficialismo provincial que utiliza la Auditoría General como ariete. 

Gustavo Solís, jefe comunal de Rosario de la Frontera, indicó que el gobierno de Gustavo Sáenz protagoniza una «persecución política infundada que se genera mediáticamente» en su contra. Le endilgó a la Auditoría General de la Provincia, el organismo que desempolvó las cuentas en ese municipio del sur provincial y halló supuestas irregularidades en la administración, ser el ariete del oficialismo que «prepara sus estrategias» para las próximas elecciones. Y apuntó especialmente al auditor Mariano San Millán, a quien sindicó como ejecutor de un «mandato político» dado que «está por vencer su cargo» y se dispuso a «vender el alma al diablo».

«Lo grave en todo esto es que se ataca utilizando la institucionalidad de la Provincia y esto tiene que ver con la actitud de un auditor. Lo llevo a ese terreno porque además de atentar contra las instituciones republicanas, se trata también de un desprestigio para las Ciencias de la Economía que este auditor no haya concursado un cargo de tal magnitud para garantizar idoneidad en el control superior. Esas son las cosas que tenemos que cambiar», agregó Solís Mónico sobre San Millán en una nota a El Tribuno.

Tras prestar declaración ante Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, representantes del Ministerio Público Fiscal de Salta, el intendente de Rosario de la Frontera anunció que realizará una ampliación por escrito en los días venideros. Está acusado presuntamente de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público (tres hechos), fraude a la administración y cohecho, todo en concurso real. 

Los delitos imputados al intendente reelecto en 2019 por el Frente de Todos se habrían dado durante el 2017. Según indicaron desde la Procuración General, por las pruebas relevadas por noticia criminis e informe de Auditoría entienden que Solís Mónico «desplegó conductas contrarias a las leyes y ordenanzas, al llevar a cabo la contratación con Mirta Verónica Corimayo, en clara violación a las normativas que prohíben la contratación por parte del Estado de personas físicas o jurídicas afectadas por medidas judiciales cautelares que afecten su solvencia o capacidad de contratación. Surgió que Corimayo presentaba sendas medidas cautelares sobre las cuales fue debidamente informado el acusado, según consta en expedientes judiciales».

«La conducta desplegada en relación a la contratación con Corimayo, encuadra dentro del incumplimiento a las normas de prevención de lavado de dinero emitidas por el Banco Central de la República Argentina, dictadas con el fin de determinar el circuito financiero del dinero público, no debiéndose emitir cheques por sumas inferiores cuando el monto de los anticipos así lo permiten, como ocurrió en este caso», agregan Simesen de Bielke y Rivero.

En la imputación de la Unidad Fiscal se señala, además, que Solís Mónico aceptó facturas duplicadas por lo que incumplió las disposiciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, relacionada con la emisión obligatoria de facturas electrónicas. También se le atribuye contrataciones directas de obra pública con una fundación y que causó daño al patrimonio público rescindiendo el contrato con Corimayo sin arbitrar medida alguna tendiente al resarcimiento por la desvinculación unilateral pese a que la contratista percibió fondos en concepto de anticipos.

Al ser consultado hoy por el matutino citado respecto a las dobles facturaciones, el intendente de Rosario de la Frontera dijo: «El trasfondo de todas las acusaciones radica en aspectos de forma, no de fondo; no hay faltantes. Las obras están hechas, los pagos están realizados, las contrataciones fueron realizadas de acuerdo al sistema de contrataciones de la Provincia». Y luego agregó que «no es que se pagó dos veces la misma factura». «Por algún error se utilizó el mismo comprobante para pagar dos facturas distintas. Cuando se hizo el control interno se corrió vista al proveedor y este ki que hizo fue cambiar el comprobante, elaborar la nota de crédito correspondiente. Las obras están realizadas por un monto de $170 mil y la otra de $200 mil», se explayó.

Por otra parte, desde Fiscales Penales señalan que el jefe comunal incurrió en el delito de cohecho al observar una promesa directa al presidente de la mencionada fundación, de una suma de dinero a cobrar por cada metro cuadrado que se ejecutara, a razón de un precio de $163 por metro cuadrado, de los cuales, si el contratista facturaba todo, debía entregar la suma de $93 por metro cuadrado a Solís y solo le quedarían $20 como condición para suscribir las contrataciones, lo que permite verificar el dolo del imputado.

Por último, Solís Mónico también incurrió nuevamente en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, al efectuar contratos de obra pública con otra persona que no estaba inscripta en el Registro de Contratistas de la Provinciapor la suma de $10.819.777,50. El titular del Ejecutivo rosarino celebró contratos con una persona física que, del 23 de mayo de 2017 al 10 de mayo de 2018, presentó 99 cheques rechazados por un monto de $22.608.759.03, según el informe del Banco Central de la República Argentina, sin verificar la situación financiera del contratado.

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