Este jueves se tratarán en Diputados la Ley Bases y el “Paquete Fiscal” enviados por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa ya fue aprobada en la Cámara baja, pero en el Senado hubo modificaciones y rechazos a ciertos capítulos que ahora deberán ser sorteados por La Libertad Avanza y sus “aliados”: la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.
Concretamente, la Cámara Alta rechazó la restitución del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría– es decir, para los trabajadores- y todo el capítulo de “Bienes Personales” que subía el piso para que se pagara el tributo. También se cayó en el Senado el articulo 111 sobre exenciones impositivas y hubo cambios en el Blanqueo.
EN DETALLE
Respecto a Ganancias, se volverá a insistir con el cobro del tributo a quienes perciban ingresos a partir de 1,8 millones de pesos para solteros y de 2,2 millones de pesos para casados con hijos. Las alícuotas que se proponen irán del 5% al 35%, cuyas actualizaciones se darán en septiembre de este año de acuerdo con la inflación.
Así las cosas, los monotributistas con menores ingresos que están inscriptos en la categoría A podrán emitir facturas por hasta $6.450.000 al año, mientras que los inscriptos en la categoría K (la más alta) podrán facturar hasta 68 millones de pesos.
Las cuotas a pagar, por su parte, pasarán de $12.128,39 a $26.600 para la Categoría A; de $13.561,75 a $30.280 para la Categoría B; de $15.503,51 a $35.458 para la Categoría C, y así sucesivamente, según datos que hicieron circular Contadores en Red.
En lo que respecta al Blanqueo de capitales promovido por el Gobierno, se establece que podrán repatriar activos hasta 100.000 dólares sin pagar ninguna alícuota de recargo. Cuando el monto supere tal cifra, se proponen alícuotas impositivas que arrancan con el 5% y avanzan hasta un 15%, según el momento en el que se acceda al blanqueo.
Con respecto a las personas alcanzadas, que generó polémica, se han excluido de la posibilidad de blanquear dinero a quienes se desempeñaron en la función pública en los últimos 10 años y a los ascendientes o descendientes de segundo grado de funcionarios.
