Pulleiro divide las aguas

La política pública de Seguridad en Salta se contrapone a la de Nación. Ya son varias las intervenciones de la Secretaría de Derechos Humanos que denuncian procedimientos policiales ilegales. El aval del poder político local: las fuerzas al servicio del privilegio. Hacia una mirada de refuncionalización.

Por Carlos Córdoba

17 de mayo. General Ballivián, departamento San Martín. Un muchacho de 31 años recibe disparos de balas de goma en la cara, pierde un ojo y debe ser trasladado de urgencia al hospital San Bernardo para salvar el otro.

25 de agosto. Efectivos de Comisarías y división Infantería irrumpen a los tiros y con gases lacrimógenos en el asentamiento ubicado a la par de San Calixto, al sur de la Capital provincial, conocido como ampliación Parque la Vega. Como saldo, al menos 30 heridos con gran cantidad de impactos de perdigones.

Pasaron más de tres meses entre un hecho y otro, y muchos más similares entretanto, que sirven para explicar no sólo el accionar virulento de la Policía local sino también la concepción de la conducción política-institucional. Es decir, la percepción de política pública en materia de seguridad y, por ende, el rol del poder político en ello.

Hay un hilo conductor entre los casos mencionados: la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación interviene. El organismo que conduce Horacio Pietragalla Corti está al tanto de lo acontecido en tierras salteñas respecto a la vulneración de derechos de la ciudadanía.

Tomemos una medida actual, vigente, para enmarcar la situación en torno a la pandemia de la Covid-19.

El gobierno de Alberto Fernández adoptó una postura y un marco de intervención de las fuerzas de carácter preventivo, disuasivo para con posibles infractores de las medidas biosanitarias.

El gobierno de Gustavo Sáenz emitió el DNU 255/20 que se contrapone a las recomendaciones de Nación, dado que amplía facultades de la Policía para detener, juzgar y condenar con su sola intervención; esto es, alienta el castigo.

Cuando se viralizó el vídeo de que efectivos de la Policía Bonaerense hicieron hacer ejercicio a un grupo de pibes a modo de reprimenda hubo reprimenda de la conducción política. De igual forma sucederá cuando el Poder Judicial se expida sobre el caso de Facundo Astudillo Castro.

Sin embargo, en Salta nada de eso pasó. Al contrario: la reticencia a las críticas que recibió la medida es hasta llamativa. Tanto así que ni siquiera el oficialismo parlamentario quiso debatirla en el recinto y el decreto se convirtió en ley.

Muchas han sido las voces que se pronunciaron al respecto. Desde académicos hasta el Colegio de Abogados y Procuradores, pasando por la oposición política y entidades de la sociedad civil. Y en paralelo, los casos objetivos de detenciones arbitrarias y avasallamiento de garantías constitucionales. Pero la definición está en manos de la Corte de Justicia, que vaya a saber cuándo resolverá la acción de inconstitucionalidad.

Reencauzar

La delegada de la secretaría de DDHH en Salta, María Martínez Morales Miy, relevó testimonios de personas lesionadas tras la represión en la toma de terrenos colindante a San Calixto y radicó una denuncia contra las fuerzas policiales. “Fue una represión violenta e innecesaria”, dijo a Salta12.

Esa denuncia se suma al Habeas Corpus que el organismo nacional presentó ante el Poder Judicial de Salta a raíz del informe de casos testigos de operativos policiales violentos que cotejó HIJOS y la Asociación de Pensamiento Penal. Cabe decir que ya había sido presentado un amparo impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Mesa de Derechos Humanos de la provincia.

No obstante los llamados de atención de Nación, el gobernador Sáenz se mantiene en su posición. Y el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, ejecuta acciones fundadas en lo punitivo y no así en la prevención. Son esas filosofías las que desembocan en operativos enrarecidos y, por ende, en denuncias.

De hecho, tampoco es saludable para los funcionarios de las fuerzas. Según el parte oficial, de la represión en la zona sur capitalina hubo cuatro policías heridos; antes hubo un enfrentamiento en Barrio Unión cuando, comentan vecinos, se aprestaron no muy amigables a cortar un partido de fútbol y uno terminó gravemente herido.

No es intención de esta columna profundizar sobre las cuestiones jurídicas y arrojar opiniones sobre responsabilidades penales de funcionarios policiales. La idea, sí, es debatir los conceptos de política pública en materia de Seguridad que se exponen.

Ya con los casos mencionados se puede concluir que no ha favorecido a nadie la intervención policial prepotente que aplica una orden superior de la conducción ministerial. Los especialistas sugerirían reencauzar las decisiones para lograr la paz social necesaria en tiempos de profunda crisis.

Refundar

Como la disputa de intereses es también una disputa cultural-simbólica, y el lenguaje construye, es necesario prestar atención a los tipos de enunciación sobre determinado tema. Esas formas de construcción de sentidos son las que juegan en el sentido común de la sociedad.

Si un millar de familias que deciden tomar un terreno desocupado a raíz de la emergencia habitacional son reprimidas por la policía, automáticamente se habla de violencia institucional. Del mismo modo, si los vecinos a ese asentamiento señalan un crecimiento de robos desde que se afincaron esas personas sin techo, terminan avalando la intervención policial.

Vista desde esa polarización, la seguridad se define por el grado de inseguridad y de carencias de los grupos sociales. Aunque cueste mucho que el concepto más racional perfore en el sentido común, que suele moverse por emociones, eso es así. Siempre falta seguridad y siempre es difícil entender la desigualdad socio-económica para explicar la inseguridad. Las familias están preocupadas por el sustento diario.

Por eso vemos en las redes sociales razonamientos al estilo de “estudiá, no seas policía” o “los policías son pobres con armas y uniforme que se olvidaron de donde salieron”. Esas construcciones de ideas están teñidas de sesgos identitarios-clasistas y responden a una idea excluyente de la policía del pueblo al servicio del pueblo. Y algo de razón tienen: si bien deben acatar órdenes, nada justifica la virulencia con la que actúan muchos de ellos a punto tal de disparar a la cara a alguien por no usar tapabocas.

Mientras en la sociedad unos se ven amenazados por otros de su misma clase aunque con menos suerte, la conducción política de las fuerzas, en tanto, se presta a defender el privilegio. Y al final termina siendo un enfrentamiento entre trabajadores en la agenda mediática.

Para remover esas prácticas abusivas de la Policía es necesaria la condena del poder político y judicial a quienes cometan delitos. Es necesario que sus compañeros sepan que el encubrimiento es también violencia estatal. Se trata de refundar una institución sumamente compleja.

División de aguas

¿Cómo conviven dos visiones antagónicas en un marco excepcional si no hay canales de diálogo democrático para saldar discusiones? Es el caso de la Nación con Salta, donde las cosmovisiones en materia de política de seguridad son diametralmente opuestas.

Frederic condena y pide condenar institucionalmente los hechos delictivos en las fuerzas porque se trata de violencia estatal. Pulleiro los avala negándolos o minimizándolos en números que intenten parecer insignificantes, tal como lo hizo con las denuncias realizadas sobre el total de intervenciones en la Legislatura.

Las contradicciones están planteadas desde el primer momento, con la sola designación de un ex coronel afín al ex carapintada Gómez Centurión y negacionista de la última dictadura cívico-militar. Pero la pandemia agravó la situación y puso en discusión el rol policial.

A nivel nacional, Frederic pondera la función de los uniformados al cuidado de la población: compartió una nota de Página 12 titulada “Elogio a la policía del cuidado” que afirma que “no siempre las políticas que involucran a las fuerzas de seguridad son fascistas o suponen violencia institucional” ya que “a veces la vigilancia y el control son también prácticas de cuidado”.

En cambio, a nivel provincial se suscitan hechos como la represión a los remiseros, a los mineros, a las familias del asentamiento, a quienes no usan tapabocas o contra comunidades originarias. Es el lugar de la mecha en que eligió pararse Pulleiro, a sabiendas de que con ello divide las aguas con Nación.

Quizás la pospandemia sea el momento de construir una institución confiable y transparente, al servicio del pueblo, que se preocupe por el bienestar de sus conciudadanos. Para eso es necesaria una conducción política que se pare desde la seguridad democrática.

Según consideran Gabriela Seghezzo y Nicolás Dallorso, “hoy resulta necesario valorar y empatizar con aquellos que nos cuidan. Con menos aplausos pero con mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y más derechos. Puede ser una gran oportunidad para construir otro vínculo entre las policías y la ciudadanía, un lazo social de cuidado que permita revertir el desprestigio social que tienen las fuerzas”.

Por supuesto que tales proyecciones quedan truncas cuando el rol de la institución no comulga con las causas populares ni mucho menos practica una filosofía de vida colectiva.

Al fin y al cabo personal de las fuerzas componen el mismo estrato socioeconómico que las mayorías y están igual de expuestos al coronavirus que tantos otros sectores. Son trabajadores y trabajadoras. La sociedad debe poder sortear el intento de división que foguean algunos. Nación apunta contra la política de seguridad en Salta, conflicto que podría ir un crescendo.