Procesan a exjefe del Ejército de Salta por la desaparición y muerte de un soldado

Se trata del coronel Omar Edgardo Parada. La víctima, cabo Hernández Villarreal, desapareció el 11 de noviembre de 1975 tras ser considerado un “oponente”. Para ocultar el hecho en el Ejército dijeron a los familiares que el joven había desertado.

La jueza federal Mariela Giménez procesó al ex teniente coronel Omar Edgardo Parada por el secuestro y la desaparición forzada de José Hernández Villarreal, quien prestaba servicios en el Regimiento de Infantería de Monte 28 de Tartagal, al norte de Salta, cuando fue visto por última vez un 11 de noviembre de 1975.

En concreto, Parada fue imputado por la privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas, cometido por un funcionario público en abuso de sus funciones, en concurso real, con el delito de homicidio agravado por alevosía y por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas.

Asimismo, se dispuso un embargo sobre sus bienes para garantizar la indemnización civil y la pena pecuniaria que pudiese recaer en su contra hasta cubrir la suma de 500 mil pesos, informaron desde el Ministerio Publico Fiscal de la Nación.

La investigación a cargo del fiscal Carlos Amad se inició a partir de una denuncia radicada por un ex compañero de armas de ante la Fiscalía Federal de Catamarca. Allí dijo que Hernández Villarreal fue compañero suyo en el Regimiento de Infantería N°24, en Córdoba, hasta marzo de 1974, cuando fue detenido.

El denunciante sostuvo que durante los días que estuvo preso recibió comentarios del traslado de Hernández Villarreal al Regimiento N°17 de Catamarca y contó que un suboficial le manifestó que creía que a su amigo lo habían matado, pero no le dio más datos al respecto.

Finalmente, se pudo determinar que Hernández Villarreal desapareció el 11 de noviembre de 1975, cuando prestaba servicios en el Regimiento de Infantería de Monte 28 de Tartagal, al norte de Salta. El coronel Parada estaba al frente de dicha dependencia, según reconoció él mismo en la indagatoria del pasado 25 de noviembre.

Antes de su desaparición el cabo había dejado de visitar a su familia, razón por la cual su padre fue hasta la ciudad norteña, donde le dijeron falsamente que su hijo había sido comisionado a Capital para entregar una documentación y que nunca regresó. Entonces, las autoridades adujeron haberle dado de baja por desertor.

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Hernández Villarreal habría sido trasladado desde la denominada “Zona de Operaciones de Tucumán” hacia Tartagal “donde se lo mantuvo detenido hasta que se dispuso su eliminación física, mediante la desaparición forzada, por ser considerado un oponente por las autoridades militares”, señala el procesamiento.

Y agrega que, “a partir de ese momento, no se tuvieron novedades acerca de su paradero, por lo que permanece en calidad de detenido desaparecido”. Todo lo denunciado fue constatado con informes, testimonios, documentos e inspecciones que permiten probar las acusaciones contra el coronel Parada.

La jueza explicó que, si bien es cierto que la desaparición se perpetuó pocos meses antes de que “las fuerzas militares usurparan el poder el 24 de marzo de 1976, no es menos cierto que con anterioridad al golpe de estado, el Ejército Argentino ya se encontraba dotado de amplias facultades en la denominada lucha contra la subversión, lo que adquirió mayor dimensión una vez derrocado el gobierno democrático de Isabel Martínez de Perón”.

Visto en perspectiva histórica, podemos afirmar que el sistema represivo articulado en el plano nacional se instauró con el golpe de 1976, pero que dicho sistema comenzó a diagramarse y desarrollarse mucho tiempo antes, en Salta desde 1974, con el derrocamiento del gobernador Miguel Ragone”, señaló Giménez en su fallo.

Asimismo, continuó la magistrada, se puede señalar que el decreto presidencial del 5 de febrero de 1975 que dio inicio al Operativo Independencia en Tucumán extendió la creciente autonomización de las fuerzas militares en la represión al noroeste del país, con la consecuencia de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, pero también previos al golpe”.

Fue en ese marco que Hernández Villarreal “había sido señalado como un elemento perturbador por quienes conducían la represión ilegal y que por ello entendían que debían ser neutralizados”.

Así, el teniente Parada, máxima autoridad militar en la zona, decidía la persecución, posterior secuestro y el fatal desenlace de las víctimas “sin asignarle especial significación al hecho de que quienes cumplieron los distintos tramos (es decir, los ejecutores materiales) fueran efectivos policiales, civiles o militares con asiento en la zona norte de esta provincia, la que estaba bajo su jurisdicción y competencia”.

Vale recordar que en noviembre de 2021 las fuerzas federales capturaron al genocida Carlos Ignacio Cialceta, ex teniente coronel del Regimiento de Infantería de Monte 28 en Tartagal acusado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar «ver foto que se encuentra en el cuerpo de esta nota).

Cialceta está procesado por su participación en el asesinato de un dirigente peronista, hecho que fue denunciado por su pareja, quien relató que el 10 de agosto de 1976 cinco sujetos encapuchados llegaron a su casa en General Mosconi y secuestraron a su esposo, luego de golpearlo duramente frente a sus cuatro hijos.

La víctima entonces fue introducida en un auto que partió rumbo a Tartagal. Más tarde su cuerpo fue hallado sin vida en el paraje Acambuco, a 20 kilómetros de Mosconi. Se determinó que había sido dinamitado por una carga explosiva de Gelamónel mismo componente que días antes había sido utilizado para eliminar a otros compañeros.

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