Post-represión: el Gobierno logra un acuerdo salarial con varios gremios, pero el conflicto se mantiene
Se trata de una suba de 34% escalonada hasta julio y calculada según el sueldo de diciembre, además de un bono no remunerativo de $60 mil en dos cuotas para toda la planta estatal. No firmaron ni ATE ni SITEPSA, mientras en “Autoconvocados” están en desacuerdo. Grand Bourg ratificó que aplicará descuentos a quienes hicieron paro.

Docentes del interior protestan por mejoras salariales y laborales
En una improvisada conferencia de prensa el Gobierno de la Provincia anunció el viernes por la noche un acuerdo salarial con varios gremios docentes. Se trata de una suba sobre el salario de diciembre de 2022 que se aplicará 12% en mayo y 11% en junio y en julio.
Asimismo, a ese 34% escalonado se suma un bono no remunerativo y no bonificable de $60 mil a pagarse en dos cuotas iguales (Dib Ashur dijo que en junio y julio y para toda la administración pública, pero la página oficial del Gobierno dice julio y agosto).
Por último, se convino un aumento del 30 por ciento en los gastos de movilidad para mayo y que las asignaciones familiares se incrementen en idénticos porcentajes y periodos de la actualización salarial, siempre con base al mes de diciembre del año pasado.
La noticia fue transmitida por los ministros Ricardo Villada (Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos), Roberto Dib Ashur (Economía y Servicios Públicos) y Matías Cánepa (Educación, Ciencia y Tecnología).
El acuerdo con el Gobierno fue firmado por Fernando Mazzone de la Asociación Docente Provincial (ADP), Claudio Jaime de la asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Daniel Amidel por la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y Gustavo Soto de la unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
La propuesta de Grand Bourg fue rechazada por la secretaria general de la asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Mabel Álvarez, quien también asistió al encuentro paritario. Tampoco se ve la firma de Victoria Cervera del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Salta (SITEPSA).
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El sector de la docencia que se referencia en “Autoconvocados”, por su parte, también ha rechazado la oferta del gobierno y por estas horas analizan como seguirá la protesta que llevan adelante desde hace varios días, con represión y detenciones de por medio.
Durante la conferencia de prensa, que tuvo una convocatoria previa a los medios de comunicación alineados al oficialismo, Villada llevó la postura política de la administración Gustavo Sáenz para redoblar el embate hacia los docentes que se plegaron a la protesta y cortaron calles.
“Nos llena de tristeza lo que nos ha pasado porque tenemos la firme convicción de trabajar a favor de la educación”, dijo el ministro de Gobierno, para luego afirmar que hay “responsabilidad política” de docentes y de los padres y las madres de estudiantes que apoyan la lucha docente.

En reiteradas oportunidades Villada recurrió a los resultados favorables de las elecciones del 14 de mayo para sostener que tienen la legitimidad suficiente para que no haya manifestaciones por mejoras salariales, pues el salario de los estatales tuvieron paritarias por encima del sector privado, aseguró.
A su vez, Cánepa dijo que hay “desinformación” sobre los alcances de las paritarias asegurando que “siempre están muy arriba a nivel nacional”. Llamativo para un ministro que en sus tres años y medio de gestión no ha sido muy propenso a comunicar.
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Dib Ashur ratificó que habrá descuentos para docentes que fueron al paro: «Día no trabajado, día no pagado. Nosotros entendemos que eso marca la ley y entendemos que hemos realizado todas las gestiones que corresponden para habilitar los diálogo».
Si bien el Gobierno de la Provincia transmitió el acuerdo salarial como la resolución al conflicto con la docencia salteña, al parecer el lunes próximo seguirán las manifestaciones. Sucede que tras la represión y la detención de 20 docentes- a quienes el oficialismo desconoce profesionalmente- hubo comunicados de instituciones educativas que suspendieron ciertas actividades en solidaridad con las y los trabajadores de la educación agredidos.