Por el cobro ilegal del IFE, condenan a 5 concejales de Salta

Los ediles fueron condenados por defraudación a la Administración Pública e incumplimiento de los deberes de funcionario. En total fueron 7 condenas por estos hechos, 5 de ellas con inhabilitación perpetua. También se acordaron medidas con donaciones por $1.559.000 destinados a 45 entidades públicas.

Cinco concejales de distintas localidades de Salta fueron condenados por el Tribunal Oral Federal N°1 a penas de prisión condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el cobro ilegal del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Las condenas fueron para Jesús Cuellar (Urundel), Paola Cantarella (Pichanal), Gabriela Cazón (Aguas Blancas), José Osvaldo Reynaga (San Lorenzo) y Nicolasa Maras (Los Toldos).

Además, el juez Marcelo Juárez Almaraz absolvió a otros tres concejales: Santos Palma de Animaná, Julio Pedro Laxi de Rivadavia Banda Norte y Héctor Cari de Guachipas. Sobre este último caso, el fiscal federal Ricardo Toranzos analiza recurrir la decisión ya que duda de la declaración de dos testigos que presentó su defensa.

Toranzos destacó la investigación y explicó que la mayoría de los casos fueron iniciados a partir de un reporte del periodista Alexis Miranda, quien expuso la situación de más de 50 concejales que habrían percibido el IFE, un subsidio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional para mitigar la crisis económica en el marco de la pandemia de COVID-19.

De esta manera, se abrieron numerosas actuaciones contra 67 funcionarios públicos, la mayoría de ellos concejales. Con intervención del auxiliar fiscal Facundo Mirabella, de Casos Complejos; la secretaria del Área No Penal Virginia Wierna y las investigadoras Evangelina Navarro, Andrea Espinoza y María Laura Saravia, se acordaron en 47 casos medidas alternativas de resolución de conflicto.

Sobre el total, 30 casos se resolvieron mediante la aplicación de suspensión de juicio a prueba y 17, a través de conciliaciones. Estas medidas dejaron un saldo de donaciones por un total de 1.559.000 pesos que se destinó a 45 entidades de bien público, como comedores y hospitales.

Además, se establecieron 3.694 horas de trabajos comunitarios por parte de los concejales que adhirieron a estas medidas. Incluso más: 28 de ellos acordaron auto-inhabilitarse para participar como candidatos en dos periodos electorales.

Por otra parte, otros 11 imputados-entre concejales y ex gerentes del PAMI- llegaron a juicio, de los cuales 7 fueron condenados y 4 resultaron absueltos. En tanto que 9 más fueron sobreseídos en la audiencia previa a la apertura a juicio, resolución que aún no se encuentra firme debido a un recurso extraordinario en trámite a partir de un planteo presentado por la fiscalía.

Las condenas dictadas ayer se suman a la de los ex gerentes del PAMI de Orán y Embarcación, Viviana Fernández y Javier Navarreta, quienes recibieron penas de tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación a la Administración Pública.

En detalle

Cantarella y Cuellar recibieron penas de 3 años de prisión condicional, mientras que a Cazón se le aplicó una pena de 2 años de prisión. En los tres casos se impuso además la pena accesoria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Reynaga fue condenado a un año de prisión y dos de inhabilitación por los mismos delitos en grado de tentativa. La fiscalía había solicitado que se le impusiera una pena de un año y medio de prisión condicional más tres de inhabilitación por la misma calificación penal que al resto.

Maras fue condenada al mínimo de la pena; recibió un mes de prisión y dos de suspensión para el ejercicio de cargos públicos por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La fiscalía había solicitado que se la condene a un año de prisión condicional y dos de inhabilitación.

El concejal Héctor Cari, finalmente absuelto por el beneficio de la duda, se dirige al tribunal previo al veredicto. - Foto: Sebastián Rodríguez / Ministerio Público Fiscal
El concejal Héctor Cari (Guachipas) se dirige al Tribunal antes del veredicto. La Fiscalía apelaría su absolución. Foto: Sebastián Rodríguez / MPF

Respecto al concejal Cari, el fiscal puso en duda la declaración de dos testigos que presentó su defensa. Uno de ellos, llamativamente, afirmó haber realizado el trámite de inscripción del concejal, según lo ordenado por el intendente de Guachipas.

No obstante, para Toranzos quedó claro que la segunda etapa del trámite, en la cual el solicitante debía indicar el medio de pago y validar los datos, fue realizada por Cari, mientras que la defensa señaló que el edil tampoco concretó tal paso, el que habría sido realizado por el área social del municipio. Según la defensa, el organismo comunal había realizado esa tarea en razón de que muchos de sus habitantes no poseen acceso a Internet y residen en zonas alejadas.

Ante este supuesto y la postura de la fiscalía, el presidente del tribunal optó por aplicar el beneficio de la duda a Cari, ya que, a su criterio, no quedó claro si efectivamente el concejal tramitó el beneficio. El tribunal consideró en su favor que el concejal devolvió el subsidio tras percibirlo.

Respecto a Maras, la fiscalía ratificó la acusación penal. Contra la edil de Los Toldos, señaló que durante el debate quedó claro el engaño que llevó adelante al renunciar a su dieta, puesto que le convenía seguir con la percepción de la Asignación Universal por Hijo y el pago de una beca para un hijo, beneficios que habría perdido al percibir su sueldo como empleada de la provincia.

No se puede afirmar que haya tenido una conducta defraudatoria; el acto de renunciar a la dieta no tuvo la entidad suficiente”, sostuvo el juez, quien destacó los argumentos de la defensa en cuanto a que no se probó el dolo exigido por el delito de fraude. Así, Juárez Almaraz decidió absolverla del delito de defraudación, aunque no del incumplimiento de deberes, pues la concejala sí cobró el IFE, a sabiendas de que no le correspondía, dada su condición de funcionaria pública.

En cuanto al concejal de San Lorenzo, la fiscalía desechó de plano la coartada presentada por Reynaga respecto a que la tramitación del beneficio, que le fue rechazado por la ANSeS, se debió a una práctica simulada que realizó desde su teléfono celular, destinada a vecinos que le pidieron ayudar para hacer el trámite. En este sentido, el juez coincidió con la fiscalía y rechazó tal argumento.

Finalmente, sobre Palma y Laxi, la fiscalía reconoció que, tras realizar varias diligencias investigativas, determinó que los concejales no realizaron gestiones propias para acceder al cobro del IFE, por lo que pidió la absolución de ambos, pedido que fue concedido por el juez Juárez Almaraz.

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