Plasma: Investigan rol de funcionarios públicos y empresarios de la Salud

La intención de facturar la transfusión de plasma disparó un mar de sospechas en torno a esa práctica sanitaria. Investiga el fiscal Ramos Ossorio: pidió información a las carteras sanitarias de Nación y Provincia, entre otras entidades.

El caso del médico Martín De la Arena, quien facturó $30 mil desde su empresa Hemosalta SRL por una transfusión de plasma de convalecientes a personas infectadas por la Covid-19, puso bajo la lupa esas prácticas sanitarias.

Sucede que la medicina privada no renuncia a su afán de lucro, aún en pandemia, y encuentra- o utiliza- «nexos» en la función pública para hacerse de recursos por prácticas que no se tendrían que cobrar.

Al menos eso es lo que investiga el fiscal interino de Delitos Económicos Complejos, Ramiro Ramos Ossorio, quien ya solicitó informes a distintos organismos públicos y entidades privadas para dilucidar la posible comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

Las medidas fueron remitidas al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y al ministro de la cartera homónima en la provincia, Juan José Esteban; también al ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, al centro privado HemoSalta y otras clínicas y sanatorios privados, y a la obra social provincial Instituto Provincial de Salud de Salta.

Según informó Fiscales Penales, se buscará analizar la información y determinar si existió la comisión de delitos provinciales como negociaciones incompatibles con la función pública o el de comercialización de plasma, contemplado en el Art. 91 de la Ley de Sangre, número 25990, que prohíbe intermediación comercial y/o de lucro en la donación, preparación, fraccionamiento, producción, suministro, transporte, transfusiones y toda forma de aprovechamiento de la sangre humana, su componentes y derivados.

La pena de esos delitos va de seis meses a cinco años de prisión y multas de 10 mil pesos hasta los 500 mil pesos. En caso de verificarse que existió comercialización de plasma, detalló el MPF de Salta, la investigación le correspondería al fuero federal.

Puntapié

El expediente se inició a raíz del caso de De la Arena que firmó una nota que decía así: “La trasfusión de plasma del paciente convaleciente, al ser una práctica no nomenclada, se facturará al paciente por su reintegro en la obra social y/o prepaga, de acuerdo al siguiente detalle: Transfusión de plasma de paciente convaleciente de Covid-19 por aféresis, $30.000”.

Ver: El Varón del Plasma: Investigan cobro de $30 mil por una transfusión

Luego, el ministro Esteban llamó a De la Arena y le ordenó que rectificara su decisión; es decir, que desistiera de cobrar la transfusión de plasma o, lo que es lo mismo, del material utilizado. Luego, hubo un cruce entre la ex ministra Josefina Medrano de la Serna y la titular del Centro Regional de Hemoterapia, Betina Saracino.

Si bien ambas médicas son del riñón del PRO- Saracino fue candidata a concejal por Capital en la lista que encabezó Martín Grande Durand y Medrano delegada del PAMI en la era Mauricio Macri– debatieron por una resolución que pretendía cotizar la práctica. Si en el medio hubo relación premeditada de transferencia de recursos de forma ilegal entre el sector público y privado, lo dirá Ramos Ossorio o los fiscales federales.

No obstante ello, Saracino sumó un detalle en las últimas horas: amenazó al periodista Ángel Mansilla. «Ojalá nunca necesites una transfusión«, le espetó la doctora al movilero de la Radio que hizo a Grande Durand diputado. Es que Mansilla había consultado acerca de si tenía vínculos con la parte privada.

Por de pronto, salió a flote la discusión por el rol de la medicina privada y del Estado en tiempos de pandemia. El caso del vilipendiado «chupasangre» fue el puntapié.

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