Piden intervenir el Poder Judicial jujeño y denuncian tropelías de Morales

Diputados nacionales presentaron un proyecto de intervención federal al Poder Judicial de Jujuy con el objetivo de «hacer frente a las prácticas autoritarias» que se vive en la provincia gobernada por Gerardo Morales. Cannabis, Litio y Reforma Constitucional: los ejes de las críticas.

Ilustrativa - Foto: Rolando Andrade

Un grupo de diputados nacionales del Frente de Todos presentó un proyecto de ley que promueve la intervención federal del Poder Judicial de Jujuy.

«El objetivo de la iniciativa es garantizar la forma republicana de gobierno, la división de poderes y el sistema democrático«, justificaron sus autores, al tiempo que señalaron la necesidad de «hacer frente a las prácticas autoritarias» del gobernador Gerardo Morales.

La iniciativa lleva las firmas de Itaí Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho– quienes integran el Frente Patria Grande que conduce el dirigente social Juan Grabois-; de Leonardo Grosso del Movimiento Evita; y de Eduardo Toniolli del PJ-Santa Fe.

Entre las irregularidades en la administración de Justicia en Jujuy, se advierte la prisión (domiciliaria) contra la dirigenta de la Tupac Amaru, Milagro Sala, por una causa impulsada por el propio Morales; los pedidos de juicio político contra integrantes del Supremo Tribunal; y las detenciones a dirigentes sociales tras protestas.

Cabe recordar que el senador nacional Guillermo Snopek (Frente de Todos-Jujuy) ya había presentado un proyecto para intervenir el Poder Judicial jujeño. Snopek, que además es hermano de la actual esposa del gobernador Morales, Tulia Snopek, fundamentó su iniciativa porque se utiliza a la justicia «como herramienta de disciplinamiento político». Pero la medida no avanzó.

Los diputados de Grabois piden intervenir por ley la justicia de Jujuy

En 2015, al asumir en la Gobernación, Morales amplió el número de integrantes del Tribunal Superior jujeño de 5 a 9. Ahora impulsó la destitución de seis de los nueve jueces, quienes ya no le responden políticamente.

De momento el oficialismo jujeño ha forzado a la renuncia a Clara de Langhe de Falcone, Beatriz Altamirano y Sergio González. Los nuevos denunciados son Laura Nilda Lamas, José Manuel Del Campo y Federico Francisco Otaola.

Lamas y Otaola fueron nombrados por Morales en 2016, con la ampliación de la Corte. En esa camada ingresó Altamirano y también Pablo Baca, quienes antes votaron como la reforma en el Poder Legislativo y a las horas se convirtieron en jueces.

Del Campo, por su parte, es juez desde 1998. En tanto que «Titina» de Langhe de Falcone, de origen radical, llevaba 12 años en el superior tribunal y con la llegada de Morales ascendió a presidenta. Tras su renuncia salió a flote el enfrentamiento con el jefe de fiscales Sergio Lello Sánchez, soldado del Gobernador Radical.

Sobre el tema se refirió también el ex juez Eugenio Zaffaroni. «La apretada contra los jueces es clarísima. Si quedaba alguna duda acerca de la administración de Justicia en Jujuy, con los abusos de autoridad y los delitos que se han cometido contra Milagro Sala, esto ya es un escándalo institucional», apuntó en declaraciones a la AM750.

El principal motivo de la cooptación del Poder Judicial por parte del gobernador Morales tiene que ver con su futuro político. Es que, en caso de no prosperar sus intenciones de una candidatura presidencial, se especula con su re-reelección. Ése tercer mandato está vedado por la actual Constitución Provincial, que el líder de la UCR tendría intenciones de modificar.

Además, en sintonía con las maniobras de tinte político, surgen las cuestiones económicas. Desde el sector del Frente de Todos apuntaron que se trata de un régimen con tres ejes:

  1. El primero es el narco Estado. En Jujuy no se está sembrando cannabis medicinal, hay una pantalla para el narcotráfico. La gendarmería ya incautó varios cargamentos con droga de los aportantes de campaña.
  2. El segundo elemento es el saqueo y la entrega del litio, que es un recurso estratégico. Y los inversores necesitan seguridad jurídica y por eso la purga.
  3. El tercer elemento es que Jujuy es un laboratorio del neofascismo. Para eso necesita garantizarse su reelección y un Superior Tribunal de Justicia que lo avale»
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