Piden información a Seguridad por motines en Villa Las Rosas y la Alcaldía

Los motines en ambas instituciones encendieron alarmas. Familiares y organismos de la sociedad civil sugieren al ministro Pulleiro armar un espacio de diálogo plural con representantes de los distintos sectores. ¿Cuál es la situación de los presos con la llegada del Covid-19?

Como era de esperar, la pandemia llegó a la población carcelaria. La crisis sanitaria atraviesa no sólo a personas privadas de su libertad que se encuentran alojadas en situación de hacinamiento, sino también al personal del Servicio Penitenciario, a las familias de los involucrados y a la ciudadanía toda.

Dos motines recientes encendieron las alarmas en Salta. El primero fue en el penal de Villa Las Rosas. Allí hubo una sucesión de hechos que derivaron, en principio, en el fallecimiento de tres internos y luego en la autoflagelación de otro- este último el pasado viernes- en el marco de diversos reclamos. A ello debe sumarse la huelga de hambre que mantienen en el pabellón de mujeres. El segundo, casi como efecto dominó, tuvo lugar en la Alcaldía General de la Provincia, quizás con menos eco en la agenda pública.

A raíz de los acontecimientos, intervinieron el Ministerio Público Fiscal de Salta y, al mismo tiempo, organismos de derechos humanos que elevaron un pedido de informe al Ministerio de Seguridad donde exponen la necesidad de “poder contar con información pública, oficial y certera que pueda transmitir tranquilidad a la comunidad, pero principalmente a los familiares de las personas que actualmente se encuentran alojadas en ambas dependencias”.

Reclamos

Según información recolectada por este medio, los reclamos de las personas privadas de su libertad (PPL, en adelante) giran en torno a la suspensión de las visitas y la consecuente falta de alternativas de comunicación con familiares y del temor creciente por supuestos casos de Covid-19 en la población carcelaria, situación que se agrava toda vez que no existen elementos de bioseguridad.

Por un lado, el fiscal penal 2 Ramiro Ramos Ossorio investiga lo sucedido con los internos del pabellón A de Villas Las Rosas que murieron tras un incendio que se habría provocado intencionalmente desde adentro de la celda. Mientras que la fiscal penal 4 María Eugenia Guzmán lo hace sobre el caso del interno que intentó prenderse fuego.

De momento, sobre lo acontecido en la Alcaldía General de la Provincia se desconoce información oficial y actuaciones investigativas. Sí hubo una solicitada requiriendo información de parte de la Liga Argentina por los DDHH, la Asociación de Pensamiento Penal, Asociación Lucrecia Barquet, Coca Gallardo, HIJOS, entre otras.

Una mujer cuyo hijo se encuentra detenido en la Alcaldía General relató a BUUFO que el fin de semana pasado hubo una suerte de motín que terminó con varios heridos gravemente. El reclamo de los reos fue reprimido por “los lagartos”- así se conoce a las fuerzas de ese entorno-, quienes habrían dispuesto el traslado “a la celda de castigo”. “Estuvo bastante feo”, acota la señora, que pidió reserva de identidad por obvias razones. Otra mujer contó a este medio que su familiar tuvo que resguardarse del fuego con una colcha mojada y que, a pesar de que supuestamente no estuvo involucrado, recibió la reprimenda de los efectivos.

No obstante, las problemáticas van más allá de la suspensión de las visitas por el coronavirus. ¿Cuál es la situación de las cárceles, de las personas privadas de su libertad y del personal del Servicio Penitenciario?

Antecedentes

La pandemia agravó la situación de las cárceles, que arrastran múltiples falencias desde hace varios años. Una de ellas es el hacinamiento. Este problema va más allá de la sobrepoblación, que es la detención de más personas de lo que permite la capacidad. Se conjugan la falta de infraestructura y la aplicación de normas jurídicas de forma errática, como la prisión preventiva.

Debe ser la excepción y no la regla”. Ése es el lema de quienes pugnan contra el uso indebido de la prisión preventiva. Ya en 2019 la Procuración Penitenciaria de la Nación señaló que el 60% de los alojados en el SPF no tiene condena firme.

Mientras que la situación empeora para las mujeres: el 70% se encuentra en calidad de procesada. Más de la mitad de las mujeres son de nacionalidad argentina; poseen 37 años de edad en promedio y la mayoría de ellas son madres.

«Asimismo, el delito prioritario por el cual son detenidas las mujeres continúa siendo la infracción a la Ley 23.737, a diferencia de los varones que están detenidos en un porcentaje superior por delitos contra la propiedad», agrega la PPN.

De hecho un año antes, en 2017, el Comité Contra la Tortura de la ONU sugirió al Estado Argentino que evalúe el recurso de la prisión preventiva tanto a nivel federal como provincial.

Salta no es la excepción. Al hacinamiento en los penales federales se le suma la situación en el Servicio Penitenciario Provincial. El ex ministro de Gobierno, Marcelo López Arias, indicó en 2019 que la sobrepoblación en la provincia se ubicaba en torno al 40%: había 3.500 presos, unos 1.000 por encima de la capacidad.

Respecto al penal de Villa Las Rosas, cuya capacidad es de 850 personas, el por entonces funcionario señaló que había más de 1.380 internos varones. Mientras que en el edificio de mujeres, donde el espacio es para 80, había ya más de 110 (ahora serían 105).

Hay una particularidad en la provincia. La primera tiene que ver con la desfederalización del microtráfico de drogas. Es decir, conque su persecución pasó a manos del Poder Judicial local y no del Nacional, maniobra que muchos advierten que se llevó a cabo para «inflar» las estadísticas y, así, incorporarla a la plataforma electoral del por entonces oficialismo. Esto se podría traducir en el encierro de muchos «perejiles» consumidores o vendedores de baja monta sin condena firme.

Pero la sobrepoblación no sólo es hacinamiento para los presos, sino también un exceso a la capacidad del personal penitenciario a cargo.

Soluciones

A los problemas que tienen varias aristas e involucran a distintos actores hay que resolverlos combinando todos los puntos de vistas posibles para lograr mejores propuestas. Por lo menos eso es lo que sugiere el abogado Martín Plaza.

El referente de la Asociación de Pensamiento Penal citó las experiencias del Comité de Prevención de Conflictos en la cárcel de Batán, Buenos Aires, donde se armó una mesa con representantes de los presos, de los trabajadores del sistema penitenciario, del Ministerio de Seguridad y del Poder Judicial.

Me parece que esos tipos de espacios son más que positivos y es lo que hay que propender. Espacios de diálogo donde se incorporen las distintas miradas de una misma problemática, y que sean esos lugares donde, por lo menos, se puedan empezar a tramitar estas inquietudes, estos reclamos”, dice el letrado a BUUFO.

Plaza admite que son reclamos de hace varios años pero que las demandas en torno a la pandemia vienen desde marzo, momento en el cual ya había sugerido junto a sus colegas un trabajo ampliado respecto a la situación de las PPL. “No se le ha dado ningún tipo de visualización dentro del SP”, lamenta el joven abogado, que ayer encabezó el lanzamiento oficial del Colectivo de Abogades Populares. Y agrega: “Por eso es importante tener espacios donde se puedan instrumentar este tipo de reclamos y además se los pueda tratar, charlar, consensuar, discutir, desde las distintas miradas”

Asimismo el abogado, quien también firmó la nota dirigida al ministro Juan Manuel Pulleiro, pone de ejemplo el uso de telefonía celularcomo una forma de disminuir y mitigar la tensión, la ansiedad y la conflictividad que surge en este contexto de pandemia donde se ven claramente restringidos”. Sobre este último punto el abogado cita los ejemplos de provincias como Tucumán, Entre Ríos, Mendoza o Buenos Aires donde ya se implementó tal medida. Por tal motivo, deslizó que cabría la posibilidad de presentar un hábeas corpus siguiendo esa línea.

El profesional explica que la idea es dar “una salida institucional que tienda a prevenir cualquier tipo de conflictividad que genere más violencia de la que ya ocurre” en contexto de encierro.

Se trata de una propuesta racional que no sólo calmaría la tensa situación que se vive puertas adentro de las instituciones carcelarias y con ello la responsabilidad de las autoridades competentes, sino también el primer paso a la enmienda de situaciones que ya han sido puestas bajo la lupa de organismos internacionales. “Lo que pasa es que hay muchos casos donde las causas están demoradas, no se los lleva a juicio ni nada. Y con el tema del Covid tampoco aceleran, sólo reducen las visitas”, redondea una familiar de un interno.

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