Pese al rechazo de Juntos, avanza la prórroga a la ley de tierras indígenas

El oficialismo dio dictamen favorable al proyecto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero la oposición presentó uno de minoría y cuestionó la suspensión de sentencias judiciales. La salteña Alcira Figueroa resaltó que «esta ley viene a ser una respuesta inmediata del Estado para frenar los desalojos y frenar también, en parte, los conflictos» por la tierra.

Referentes originarios frente a la Legislatura de Salta exigiendo la prórroga a la Ley 26.160 en el Congreso Nacional - Foto Dr. Vilca Condorí

A pesar de la negativa de Juntos por el Cambio, avanza en la Cámara de Diputados de la Nación la prórroga a la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, que el 23 de noviembre próximo pierde vigencia.

Es que este miércoles el Frente de Todos dio dictamen favorable al proyecto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La oposición, por su parte, presentó un dictamen en minoría para marcar sus diferencias.

Se trata de la norma que ordena un relevamiento técnico-jurídico-catastral de las tierras donde habitan los pueblos originarios y suspende la ejecución de sentencias judiciales de desalojo, entre otros puntos a destacar.

«Como parte de los pueblos indígenas, descendiente de Aymara, me toca de forma directa esta ley porque nosotros soñamos siempre con tener un Estado que reconozca la propiedad comunitaria de nuestros territorios», comenzó diciendo la diputada Alcira Figueroa (Frente de Todos).

La legisladora salteña sostuvo que «esta ley viene a ser como una respuesta inmediata del Estado para frenar los desalojos y frenar también, en parte, los conflictos porque sabemos muy bien que hay una ambición muy grande de apropiarse de los territorios». Añadió que actualmente hay alrededor de 300 conflictos por la tierra y dijo que «cada vez vamos a tener más de no resolverse a través de esta ley o bien con la ley de propiedad comunitaria indígena«.

«Podríamos decir que la ley 26.160 y el Programa Nacional de Relevamiento Territorial es la primera y única política pública nacional que trata el derecho colectivo de los pueblos indígenas», destacó la chaqueña Lucila Masin (Frente de Todos) para fundamentar la necesidad de votar una prórroga. Masin precisó que actualmente 998 comunidades iniciaron el proceso de relevamiento y aún faltan por cumplimentar 762.

El chubutense Gustavo Menna (UCR-Juntos) sostuvo que la norma sancionada en 2006 habla de «propiedad actual» por lo cual se debería «poner un tope temporal«. También cuestionó la suspensión de los desalojos que pudiera ordenar el Poder Judicial y consideró que el Poder Legislativo se «entromete» en las decisiones generando «inseguridad jurídica».

Además, el diputado Ignacio Torres (PRO-Chubut) dijo que el oficialismo «avala» y «financia» a grupos violentos en la Patagonia y señaló que la ciudadanía «tiene miedo de que le tomen sus tierras».

«Estamos hablando de la posibilidad de que haya una escalada de violencia por mensajes ambiguos avalando a los delincuentes. Muchas de esas tomas violentas no tienen nada que ver con pueblos originarios, sin embargo se amparan en un reclamo legítimo para accionar de manera violenta», señaló el legislador macrista.

La salteña Verónica Lía Caliva (Frente de Todos) salió al cruce de aquellos que hablan de los pueblos indígenas como «terroristas» y calificó como «una vergüenza» la inactividad de la administración Mauricio Macri ya que «en el año 2016 hubo 7 relevamientos y 10 en el 2017«. Para marcar diferencias, sostuvo que «en plena pandemia, en 2020, hubo 48» relevamientos y concluyó diciendo que la ley «va a ayudar a resolver conflictos».

El proyecto, que tiene media sanción del Senado, prorroga la norma actual hasta el 23 de noviembre de 2025 y dispone que en los presupuestos que se aprueben con posterioridad a la entrada en vigencia, se deberá asignar al Fondo Especial creado para su ejecución una suma de 290 mil millones de pesos.

Según un informe publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en febrero 2021, unas 1.756 comunidades originarias fueron registradas dentro del territorio de la República Argentina e inscriptas en el INAI, de las cuales 989 ya tienen sus carpetas técnicas y 767 son las que restan relevar, principalmente ubicadas en el norte del país, reconstruyó el sitio Parlamentario.

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