Peligra la continuidad de los tratamientos a personas con discapacidades psicomotrices

Taller de Psicomotristas - Foto: Facebook Asociación Salteña de Psicomotristas

De un plumazo, el Gobierno Nacional pretende excluir a profesionales de la salud del área de Psicomotricidad. La pérdida de tratamientos de los pacientes, la otra realidad. Derechos de las personas con discapacidades en tratados internacionales que no se cumplen. 

por Emiliano Frascaroli

La Superintendencia de Servicios de la Salud que depende del Ministerio de Salud Pública de la Nación, a cargo de Adolfo Rubinstein, implementó una normativa que excluye a profesionales del área de Psicomotricidad y Fonoaudiología.

Los cambios se remontan a 2017 y están atados a modificaciones que influyen directamente en el sistema educativo y que colisionan con los derechos y directrices que desprenden de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

En ese marco, profesionales de la salud encendieron alarmas no sólo por el peligro que corre su trabajo, sino también por las personas que actualmente necesitan y llevan adelante tratamientos, quienes se verían perjudicadas notoriamente.

Algunos sí, otros no

Con una medida que se circunscribe, principalmente, al área de Educación, la Superintendencia de Servicios de la Salud ejecutó la Resolución Nº 887/17 en la cual disponen un recorte para el ejercicio profesional en las áreas de Psicomotricidad. Para tales casos hacen referencia a la obligatoriedad de ser parte del actual Registro Nacional de Prestadores de Discapacidad, donde explicitan que los títulos validados para trabajar son exclusivamente Tecnicaturas con emisión de títulos por Universidades o Licenciaturas de nivel universitario.

La exclusión de profesionales de la salud en el área de Psicomotricidad golpea de lleno a trabajadores y trabajadoras de Salta, cuya jurisdicción sólo brinda tales carreras a nivel terciario. “Lo que a nosotros nos estaría afectando es que estos prestadores (los que quiere el Gobierno) deben ser técnicos universitarios o licenciados en psicomotricidad. Actualmente en Salta se está dando la Tecnicatura a nivel terciario. Entonces, quedamos excluidos sin poder trabajar”, comentó a Buufo Gabriela Iriarte, Presidenta de la Asociación de Salteña de Psicomotristas.

En relación a las personas con discapacidades psicomotrices de la Provincia y la oferta profesional, Iriarte aseguró: “En Salta dan lugar a 11 profesionales Licenciados en Psicomotricidad y la demanda es bastante grande; es como que no dan abasto. Entonces, están afectando también a las personas con un tratamiento en marcha”. Es decir que la decisión de Nación no tiene en cuenta las particularidades de las provincias tanto en su oferta académica como la demanda de la sociedad, lo cual perjudica no sólo la mano de obra local sino también a pacientes en tratamiento.

La tipificación de categorías que dirime “quien sí” y “quien no” puede ejercer profesionalmente elaborada desde el Ministerio de Salud se inmiscuye en el sistema educativo sobrevolando la Ley de Educación Superior 24.521, la legislación vigente para tales fines. En el artículo 24 de dicha normativa dice: “Los títulos y certificados de perfeccionamiento y capacitación docente expedidos por instituciones de educación superior oficiales o privadas reconocidas, que respondan a las normas fijadas al respecto por el Consejo Federal de Cultura y Educación, tendrán validez nacional y serán reconocidos por todas las jurisdicciones”.

Sin embargo, una decisión de otra órbita selecciona la capacidad e idoneidad de los profesionales; o más bien ratifica la idea de una educación elitista, ponderando capacidades y alcances de los títulos validados, destruyendo mano de obra y perjudicando a pacientes.

¿Y las personas en tratamiento? 

“Hay niños que se están quedando sin tratamientos y nosotros sin trabajo”. La frase de María Emilia Aranda, Técnica Superior en Psicomotricidad, sintetiza el panorama. La exclusión a quienes han estudiado la carrera en el Instituto Tecnológico de Ciencia e Innovaciones Productivas de Salta, la única institución que brinda la posibilidad de cursar tal profesión, puso en vilo el presente y futuro de numerosas familias.

La terapia que realizan personas con discapacidades generalmente es interdisciplinaria: psicopedagogía, fonoaudiología, psicomotricidad, entre otras ramas. Por lo tanto, el trabajo de una persona está relacionado con el de otra. “Muchos niños no están teniendo la terapia que necesitan” dijo Aranda al respecto. De hecho profesionales de fonoaudiología también están pasando la misma situación (ver aparte).

La ejecución de la resolución emitida el año pasado trajo consigo el retiro de muchas Obras Sociales en la prestación de estos tratamientos. Algunas no renovaron 2018 porque exigen que se adecuen a lo que el Gobierno impuso. Otras se escudan en que el presupuesto no alcanza. Y las más insensibles dicen no saber si van a pagar el trabajo ya realizado.

El ajuste es generalizado a todo el país, donde muchxs profesionales de la salud están sufriendo los cambios, y donde numerosos pacientes están quedando sin tratamiento.  “Nuestro pedido como psicomotricistas de Salta es que nos permitan una prórroga de 3 a 5 años, que es el tiempo que llevaría para la Licenciatura de quienes tienen la tecnicatura”, comentó a este medio Emma Benítez, Técnica Superior en Psicomotricidad. Asimismo, el pedido exige salvaguardar la fuente laboral y, por ende, los tratamientos a pacientes de la provincia que rigen hoy por hoy.

A contramano de la “evidencia científica” que propone la concepción de medicina que tiene y propone el Gobierno Nacional, el trabajo de psicomotristas trasciende todo ello: “tenemos una formación práctica y teórica que mediante la relajación, el juego corporal, las actividades grafoplásticas, el movimiento, abordamos a la persona cualquiera sea su edad y ya sea que tenga o no una discapacidad, para que desarrolle armónicamente la capacidad de ser, hacer y expresarse en la sociedad y el medio que lo rodea”, explica Benítez. Además, agrega que su trabajo influye en el desarrollo e inserción escolar de los niños que tienen problemas con la lateralidad, la percepción tiempo-espacio, el cambio de lugar de algunas letras en la escritura, entre otras. Todo ello se trabaja en la terapia interdisciplinaria de la cual el área Psicomotricidad forma parte.

Así es como el Gobierno Nacional, encabezado por Mauricio Macri, desconoce tratados internacionales de los que el Estado Argentino forma parte. No sólo estarían aplicando un ajuste desde la lógica económica que profundizan de achicar el gasto público y atacar la fuente laboral para dar vía libre a la medicina privada, sino que también estaría desoyendo, entre otros, el artículo 1º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, cuyo texto reza:

“El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

A raíz de una decisión económica, se vulneran derechos sociales; se consuma un retroceso en materia laboral, educativa y de salud pública; se genera un clima de incertidumbre no visto desde hace mucho tiempo y, por supuesto, se profundiza un modelo de exclusión social.

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