Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos: De los Ríos pide un debate “sin fanatismos”

Salta tuvo una ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que venció en 2014 y desde entonces, ya con la gestión Juan Manuel Urtubey, se han desmontado miles de hectáreas. La maniobra para obtener autorizaciones de desmontes fue muy simple: cambiar el color del área para bajarle la rigurosidad en la protección según la categoría.

Hablamos del proceso de “re-categorización” en el cual hay definiciones de acuerdo con las tierras. La categoría verde indica un bajo nivel de conservación (propietarios pueden solicitar desmontes); la categoría amarilla es de mediano valor y la categoría de color rojo, es de alto valor de protección, esto es que en ambas rige la prohibición de tala.

El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la Provincia, Martín De Los Ríos, fue consultado al respecto en Cadena Infinito 96.5 mhz y dijo que se ha gestado un debate multi-sectorial dotado de «un sustento científico, no fanático”, que se traducirá en un documento a presentar en algún momento, sin especificación de fecha exacta.

“Hemos condenado a muchísimas regiones de la provincia, bajo un fanatismo anti-productivista, a la pobreza cuando perfectamente se puede producir conservando, y se debe conservar, pero produciendo donde se pueda”, dijo De los Rios al referirse a la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida popularmente como «Ley de Bosques».

Para el ministro De los Rios el OTBN en Salta “no ha dado resultado porque cuando uno prohíbe absolutamente todo, que es lo que pasó en más de 7 millones de un amarillo extraño, que quedó con imposibilidad de cambiarse el uso del suelo, que no es desmontar, se prohibió absolutamente todo, queda sin capacidad el Estado de controlar”.

Asimismo, el funcionario provincial reconoció los desmontes ilegales en el Chaco salteño y dijo que existe un “suelo arrasado, falta de previsión en el manejo del agua, suelo degradado”, según declaró en el programa «El Murishow«. 

“Se van a exponer las distintas alternativas de este bendito mapa y sus colores (sic). Cada uno de los actores que vienen participando va a presentar su alternativa con un esquema de parámetro científico que hemos consensuado”, afirmó De Los Ríos al pedir que se establezca un debate «sin fanatismos» desde los extremos que piden no producir ni los que buscan desmontar a mansalva.

Cabe recordar que, en febrero de 2021, tras las críticas por las numerosas hectáreas deforestadas en Salta incluso durante la pandemia, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable aprobó un nuevo proyecto que reglamenta las multas para quienes dañen el ecosistema tumbando bosques nativos.

Así, los nuevos mínimos en las multas por infracciones al régimen de protección de bosques nativos de Salta significan un incremento del 400% en categoría verde y  amarillo y del 566% en categoría rojo por cada hectárea afectada. Las penas incluyen también la obligación de restaurar y/o remediar el área ilegalmente transformada.

Según informaron fuentes oficiales, durante el año 2020 la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable inició 205 sumarios administrativos por infracciones al ambiente de los cuales 98 corresponden a cambios de uso de suelo no autorizados. En julio, cuando los sumarios administrativos por maniobras ilegales sumaban 36, totalizaban 546 hectáreas de los departamentos Anta, La Candelaria, Metán, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera y General San Martín.

Los datos disponibles reflejan que las últimas infracciones se dieron en noviembre de 2022, lo que demuestra que desde entonces no hubo controles por los desmontes que el propio ministro De los Ríos sostuvo que se siguieron produciendo. Un debate sin fanatismo.

Este medio publico una nota en la cual se abordo el contexto de la cuestión ambiental, lo que recobró importancia tras la llegada de la pandemia del Covid-19. La paralización de actividades y la consecuente baja de circulación de personas derivaron en que muchos animales recorrieran zonas antes sólo transitadas por humanos. Al mismo tiempo, la crisis climática adquirió especial sentido en Argentina: unas 200 mil hectáreas se incendiaron y hasta ahora se intenta frenar la propagación de los focos ígneos.

Siguiendo ese marco, lo que está en debate es el modelo productivo. En cada verano, lamentablemente, es común ver las inundaciones en zonas donde se practica el monocultivo de la soja. Soja que, dicho sea de paso, es exportada casi en su totalidad al exterior y que funciona como ariete de las patronales agropecuarias que especulan con el valor del dólar. Tales son los casos de las localidades Apolinario Saravia, Las Lajitas, Luis Burela y General Pizarro.

Te puede interesar: Deforestación, soja e inundaciones: ¿Por qué la primer lluvia afectó tanto al departamento Anta?

En Anta se produce más de la mitad del trigo, el maíz y la soja del total provincial, según una publicación de la Bolsa de Comercio de Rosario. Fue allí donde, en 2018, una brutal inundación obligó a que unas 400 personas sean evacuadas. Por aquel entonces, quien suscribe este artículo apuntó que si bien la incursión en el monocultivo no necesariamente conlleva la tala indiscriminada de árboles, son prácticas que lamentablemente se volvieron inseparables. Lo cierto es que el agua no penetra: corre y arrastra esperanzas.

“La deforestación del Chaco Salteño 2004-2015”, un informe elaborado por Andrés Leake, Omar Enrique López y María Cecilia Leake para la Fundación Refugio en base a la convocatoria de audiencias públicas, señaló que la superficie deforestada a causa de proyectos para el cambio del uso del suelo (PCUS) alcanzó a 1.252.978 hectáreas de las cuales un 36% se concentró en Anta, un 24% en San Martín y un 20% en Rivadavia.

Este año, la organización ecologista denunció que entre el 15 de marzo y el 15 de abril se desmontaron 6.565 hectáreas en todo el país, de las cuales 1.194 fueron tumbadas en Salta. Completaron el mapa con mayor deforestación Santiago del Estero y Chaco. La ONG señaló como uno de los casos más graves las 130 hectáreas taladas en la finca San Francisco, ubicada en el departamento San Martín, cuyo propietario es Ignacio García del Río, presidente de la Sociedad Rural de Salta y miembro de la Asociación de Productores de Granos del Norte. «Los desmontes en dicha estancia ya habían sido denunciados por Greenpeace en 2013″, explicaron.