Novedades del Caso Estrada y la fábrica de videos anónimos

• El Juzgado Federal pidió información sobre los asesores de Estrada en la Cámara de Diputados. La Fiscalía quiere investigarlos junto con su ex jefe.
• La defensa del diputado nacional apeló la resolución judicial y el expediente quedó en manos de la Cámara de Casación. El origen del caso y las reacciones. 

El lunes (17/03) hubo novedades en la causa que investiga la presunta comisión del delito de peculado de servicio en contra del diputado nacional por Salta, Emiliano Estrada, sindicado como el jefe de una fábrica de videos que se difundieron en “TikTok” y otras redes sociales con el objetivo de perjudicar la imagen de determinadas figuras de la política salteña.

La jueza federal de garantías Mariela Giménez hizo lugar a un pedido del fiscal federal Carlos Amad y requirió al juez provincial Pablo Zerdán los antecedentes de Florencia Bustamante y Alonso Javier Allemand, los asesores de Estrada en el Congreso Nacional que se encargaban de editar, publicar y difundir anónimamente los vídeos de la discordia.

Amad sostuvo que se debe investigar a Bustamante y Allemand en el mismo expediente que involucra a Estrada porque la declaración de incompetencia dispuesta por el fuero provincial al enviar el expediente al fuero federal “se quedó a mitad de camino” ya que, a su entender, está probada su relación laboral con el Congreso de la Nación.

El fiscal expuso argumentos técnicos-jurídicos y políticos. Planteó que la separación de fueros del expediente “perjudica a la defensa material de los imputados” y advirtió que se podría generar un “escándalo jurídico” por sentencias contradictorias en las distintas resoluciones, allanando el camino incluso a un doble juzgamiento, que está prohibido constitucionalmente.

“La gente habla de que no hay seguridad jurídica, estoy pidiendo esto para garantizar casualmente la seguridad jurídica, pues los hechos contra Bustamante y Allemand, según surge de lo remitido desde la justicia provincial, pudieron haber ocurrido dentro de un mismo accionar delictivo”, señaló Amad, de acuerdo con la reconstrucción de FM Aries.

El fiscal también dijo no coincidir con la acusación por ‘intimidación pública’ realizada por la fiscal provincial Sofía Cornejo al iniciar la causa, pero aseguró que con la información que se obtuvo hasta ahora es suficiente para investigar a los creadores de videos junto con su ex jefe Estrada debido al posible uso indebido de fondos públicos.

Concretamente, la hipótesis que se maneja es que Estrada contrató a Bustamante y Allemand para que colaboren con la actividad parlamentaria en la Cámara de Diputados, pero les encomendó hacer videos políticos en contra del Ejecutivo Provincial y de su titular Gustavo Sáenz, aparentemente utilizando el financiamiento estatal. 

El pedido del fiscal Amad fue resuelto favorablemente por la jueza Giménez. Pero la defensa del diputado nacional apeló la resolución, cuya definición ha quedado en la Cámara Federal de Casación. Mismo camino adoptaron las defensas de los otros imputados.

EL CASO, DESDE SU ORIGEN

La causa contra el diputado nacional Emiliano Estrada inicia el 13 de noviembre de 2024, cuando la fiscal Sofía Cornejo intervino de oficio («notitia criminis») porque detectó una serie de perfiles en TikTok y otras redes sociales que publicaban videos «cuyo contenido podría eventualmente incurrir en un delito de acción pública» porque «sistemáticamente se pretendía instalar el convencimiento de una vinculación entre el Gobierno de la Provincia y diferentes funcionarios con actividades relacionadas al narcotráfico».

Según Cornejo, «se pudo precisar la existencia de por lo menos cinco videos que reconocen claramente una insistente trazabilidad común que los uniforma homogéneamente, donde públicamente refieren a las instituciones de la provincia como “estado narco”, vinculándolas con carteles de droga, con operativos de secuestro de drogas en ambulancias particulares ostensiblemente ajenas al sector público y de apariencia de pertenencia de privados; la situación del intervenido municipio de Aguas Blancas, etc.», todo ello «en contraposición a los esfuerzos de todas las instituciones del Estado en procura de la protección de la sociedad contra el impacto de estos nuevos fenómenos delictivos».

«Vincular de manera anónima y con alcance masivo que un titular del Poder Ejecutivo es el jefe del narcotráfico o tiene vínculo con carteles de droga, en una provincia como Salta (es de público conocimiento lo sucedido en los últimos meses en nuestra provincia al respecto), posee objetivamente entidad para causar temor en la ciudadanía respecto al rumbo del lugar donde viven, miedo y temor a que la Provincia de Salta se convierta en un territorio violento a merced de la criminalidad organizada», agregó la titular de la Fiscalía de Ciberdelincuencia.

Desde la Procuración General sostuvieron que actualmente consideran «a las redes sociales como armas o instrumentos de alcance masivo que generan efectos reales en las personas, tanto para bien como para mal».

La fiscal Cornejo precisó que, gracias al trabajo realizado con la Policía Federal, obtuvo información de las empresas TikTok, Google y las Telefónicas: los e-mails asociados a las cuentas, los celulares y las direcciones de IP en conexión y geoposicionamiento la terminaron llevando a Estrada, Bustamante, Allemand y a Federico Mena Saravia, un empresario vinculado a medios de comunicación y a la actividad vitivinícola.

Si bien los cinco videos que servirían de prueba para la acusación fiscal no fueron compartidos, ni detallado su contenido, la alusión de Cornejo a «lo sucedido en los últimos meses» tendría que ver con:

• Los videos del delincuente que estuvo prófugo dos años Cristian «El Gringo» Palavecino que fueron filtrados durante el juicio por el asesinato de Darío Monges, el hombre que trabajaba para el ex secretario de seguridad provincial Benjamín Cruz y que apareció con cinco balazos en la cabeza apenas un mes después de visitar al sicario Oscar «Cabezón» Díaz en el penal de Orán;
• El embate del procurador Pedro García Castiella contra los jueces Francisco Oyarzú y Claudio Parisi, este último acusado de filtrarle información al abogado del entonces intendente de Aguas Blancas, Carlos Martínez, para que fraguara evidencias antes de concretarse unos allanamientos. Todo ello enmarcado en la muerte de su hermano César Martínez, acribillado a balazos mientras cumplía prisión domiciliaria. La Legislatura de la Provincia aprobó la intervención municipal y se removió a Martínez, quien antes de llegar a ser Intendente ya tenía una causa por lavado de activos originada en Santiago del Estero.
• Los secuestros de importantes cantidades de cocaína tras los operativos en los que se vieron involucradas una ambulancia de una empresa privada, un camión de bomberos voluntarios y un patrullero de la Policía de Salta. Todos estos vehículos cargados con droga fueron desmantelados en controles realizados por rutas del Norte Argentino.

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REACCIONES

Una vez imputada, Florencia Bustamante declaró que Estrada le encomendó el armado de cuentas truchas en las redes sociales y posteriormente la publicación de videos, cuyo guion y contenido era supervisado por el diputado nacional antes de que se difundieran. 

A través de sus redes sociales, la joven fotógrafa emitió un comunicado para contar su versión, pidió perdón por sus actos y expresó la angustia por lo que ha sucedido. “¿Este es el costo que tengo que pagar por cumplir con lo que me pedían? Sí, y nunca dimensioné hasta que esta bomba me explotó. Toda esta situación arruinó mi vida emocional, económica y social. Desde que esto pasó, no hay un día en que no sienta angustia, ansiedad e incluso ataques de pánico”, afirmó la ex asesora de Estrada.

“Sentimos que estamos en el ojo de la tormenta por haber cumplido con los pedidos de quien era nuestro jefe, Emiliano Estrada, y terminamos rompiendo todo, todo”, añadió Bustamante, quien además sostuvo que todo esto “es una lección y un aprendizaje”.

Estrada, por su parte, se aferró a la defensa de que todo es una persecución política orquestada por el Gobernador Sáenz y ejecutada por la fiscal Cornejo con el único fin de «desprestigiarlo».

Durante el debate por el proyecto de ley conocido como «Ficha Limpia«, el legislador de Unión por la Patria señaló «el peligro» que significaba dejar en manos del Poder Judicial salteño la definición de quiénes pueden ser o no candidatos a cargos provinciales y mencionó dos causas resonantes para argumentarlo: el doble asesinato de las jóvenes francesas Cassandre Bouvier y  Houria Moumni por el que Santos Clemente Vera fue injustamente detenido por más de una década (hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en contra del fallo del Tribunal de Impugnación y el baqueano logró su libertad) y la causa por las facturas apócrifas que salpicó al entonces secretario Hacienda municipal Pablo Gauffín, cuya hermana María Alejandra Gauffín fue propuesta por Sáenz como jueza de la Corte de Salta, finalmente designada con acuerdo del Senado.

Seguidamente, Estrada mencionó su imputación en el caso de los videos de TikTok como un ejemplo de la politización de la justicia y dijo que Cornejo hizo allanamientos, montó una «operación mediática» con una conferencia de prensa y terminó declarándose incompetente en el expediente.

En la Cámara de Diputados también se pronunció la salteña Pamela Calletti, quien denunció haber sido víctima directa de los videos anónimos en redes sociales cuyo contenido habría digitado Estrada. “Estos ataques no fueron simples críticas políticas: fui blanco de calumnias que intentaron destruir mi reputación y poner en duda mi integridad. Se metieron con mi vida privada, con mi familia y con mi condición de mujer en la política”, señaló Calletti.

Además, la legisladora que preside el bloque Innovación Federal anticipó que iría hasta las últimas consecuencias en el fuero judicial buscando que los responsables de la usina de fake news paguen por sus actos. «No todo vale en política«, fustigó Calletti.

En resumidas cuentas, la causa contra Estrada nació en el fuero provincial investigando el supuesto delito de «intimidación pública» y ahora sigue por el presunto delito de peculado de servicio en el fuero federal, desde donde buscan clarificar también el rol de Bustamante y Allemand.