Murió Carlos Pedro Blaquier, empresario de Jujuy procesado por crímenes de lesa humanidad
Fue el CEO del Ingenio Ledesma durante la “Noche del Apagón”, como se conoce a la detención ilegal de unas 400 personas tras el Golpe de Estado de 1976. Está incluido en un informe sobre la responsabilidad empresarial en la dictadura. Gracias a la corporación judicial Blaquier no fue juzgado.
Hoy murió Carlos Pedro Blaquier, CEO de la empresa agroindustrial Ledesma, cuya sede central se encuentra en la localidad de Libertador General San Martin de Jujuy. Blaquier y su capataz Alberto Lemos fueron procesados por la privación ilegítima de la libertad de al menos 20 personas durante la última dictadura cívico-militar.
Los secuestros se produjeron en “La Noche del Apagón”, como se conoce a la detención ilegal de unas 400 personas ocurrida entre el 20 y el 27 de Julio de 1976, a meses de haberse concretado el Golpe de Estado. Blaquier y Lemos proveyeron vehículos y personal del ingenio azucarero para que los militares ejecuten el plan sistemático de represión.
Además de la conocida causa “Luis Burgos y otros”, Blaquier y Lemos han sido acusados por el secuestro y torturas en contra de Luis Ramón Aredez, ex intendente de Gral. San Martin, quien continúa desaparecido. También por la presunta participación en la captura ilegal de Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melían.
En 2012 el juez Fernando Poviña dictó procesamientos contra Blaquier y Lemos, los cuales fueron confirmados por la Cámara Federal de Salta al año siguiente. Pero luego la causa quedó paralizada gracias a la corporación judicial.
Así, recién el 8 del 2022 la Corte Suprema dejó sin efecto una resolución de la Cámara Federal de Casación que, en 2015, dictó la falta de mérito a favor de Blaquier y Lemos, y ordenó una nueva sentencia. Luego, el 5 de agosto, la sala IV de la Casación resolvió declarar «inadmisibles» los recursos interpuestos por los imputados y la causa regresó al Juzgado de origen en Jujuy.
No obstante, la investigación y el impulso de organismos de derechos humanos, Blaquier se fue impune, sin ser juzgado. Se le llama la impunidad biológica, pero con el repudio del pueblo, como señalo la agrupación HIJOS-CAPITAL.
IMPUNE
Murió el empresario partícipe del terrorismo de Estado Carlos Pedro Tadeo Blaquier. El civil del horror en Jujuy. En la dictadura genocida y ahora también. Sin condena judicial, pero con el repudio popular. Beneficiado sistemáticamente por la corporación judicial. pic.twitter.com/6ISZURBb0v— H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) March 13, 2023
La Fiscalía emitió un dictamen probatorio en el cual señala que “los hechos ilícitos relatados fueron expresiones del plan sistemático de represión ejecutado por el aparato de poder del Estado Nacional, con la intervención de los imputados, quienes mantenían una gran influencia y dominio sobre las estructuras sociales, económicas, políticas y territoriales del departamento de Libertador General San Martín, facilitando medios ideológicos (seguimiento e investigación de las víctimas, información) y logísticos (personal, camionetas, combustible) para perpretar los hechos”.
Las víctimas de la primera causa citada en este texto son Delicia del Valle de Narváez, Hipólito Álvarez, Raúl Bartoleti, Alfonso Cordero, Eulogia Cordero de Garnica, María Cortez, Norma Castillo, Salvador Cruz, Luis Escalante, Hilda del Valle Figueroa, Domingo Garnica y Rufino Lizárraga.
A ellos se suman Héctor Narváez, Enrique Núñez, Mario Núñez, Ana María Pérez, Román Patricio Rivero, Oscar Alfaro Vasco, Luis Alfaro Vasco y Jhonny Vargas.
El caso Blaquier-Ledesma forma parte de un informe que ha elaborado recientemente la Secretaría de Derechos Humanos titulado “Responsabilidad empresarial en las violaciones de derechos humanos en Argentina”.
En ese trabajo se retoma una investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y el programa Verdad y Justicia sobre el rol de importantes firmas en el terrorismo de Estado.
Como se informó anteriormente, el Golpe de Estado materializado el 24 de marzo de 1976 fue ejecutado por mandos militares que se alzaron contra el Gobierno Constitucional y tuvo como objetivo principal aplicar políticas económicas a favor del capital extranjero y de parte del empresariado argentino.
Se inició así un ciclo de privatización de empresas estatales, de endeudamiento externo y de estatización de la deuda privada, de recorte al gasto público y la eliminación del control de precios, entre otras medidas económicas anti-populares.
El trabajo reconstruye un denominador común y particularidades sobre el rol de 25 empresas de seis regiones del territorio durante el terrorismo de Estado. Se destacan la confección y entrega de documentación sobre trabajadores a los militares, la provisión de recursos logísticos para ejecutar la represión ilegal o la presencia de altos funcionarios corporativos en los operativos.
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