Minería y Turismo: los estratégicos cortes de docentes en la Puna que ponen en aprietos al Gobierno
El ministro De los Ríos ya manifestó su preocupación por el impacto de las protestas en el negocio minero. Así también lo hizo Mario Peña por la incidencia en el turismo. La responsabilidad de las cámaras empresariales por su intransigencia y apoyo al Gobierno.
La docencia salteña ha rechazado la propuesta del Gobierno y sigue reclamando mejoras salariales a lo largo y ancho del territorio provincial. Los cortes de ruta en San Antonio de los Cobres y en Campo Quijano presionan doblemente al Gobierno ya que tienen un impacto en el negocio de la minería y del turismo.
El ministro de Desarrollo y Producción, Martin De los Ríos, admitió que las empresas “ven este nivel de intransigencia y conflictividad y se replantean sus inversiones”. En declaraciones a la oficialista FM Aries, el funcionario dijo que intentaría mediar con los manifestantes y se mostró preocupado por el desabastecimiento en campamentos.
Cabe aclarar que los cortes en la Ruta Nacional 51 son encabezados no sólo por docentes, sino también por comunidades indígenas, comerciantes de la zona y transportistas que se unieron al reclamo educativo sumando demandas tales como la pavimentación y la contratación de empresas locales en el circuito minero.
Se trata de un paso obligado para la Puna Salteña, una región clave tanto para la minería como para el turismo. Ya el ministro de Turismo y Deportes, Mario Peña, manifestó su preocupación por la afectación de excursiones, particularmente por el Tren a las Nubes, una de las principales atracciones de la provincia.
A esos reclamos se suman las protestas desde el norte provincial, donde los cortes de ruta amenazan al sector agro-ganadero. Por ello los empresarios de PROGRANO y la Sociedad Rural Salteña pusieron la firma y el cuerpo a los pedidos de mano dura contra manifestantes.
La responsabilidad de que el conflicto se prolongue es exclusiva del Gobierno, que decidió no abrir canales de diálogo y promover una ley anti-protestas que terminó generando un efecto contrario. Pero también influyó la intransigencia de las cámaras empresariales que emitieron comunicados pidiéndole al Gobierno el despeje de las rutas.
Como sea, lo cierto es que la administración Gustavo Sáenz ha sido acorralada por los reclamos de la docencia y del personal de la salud poniendo en aprietos al propio sector privado. La perseverancia de las y los trabajadores apura al oficialismo a buscar una pronta solución, algo que no supieron dar los ministros Ricardo Villada (Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos) y Matías Cánepa (Educación, Ciencia y Tecnología).