Los recursos naturales de Salta en el marco de la crisis actual y el rol del Estado

Bajo el mote de “seguridad jurídica”, el Gobierno salteño profundiza la política de extracción de recursos e invita al capital privado explotar la naturaleza. Petróleo en el Chaco salteño y oro en la Puna, para reimpulsar la economía local según el oficialismo. ¿Hay dos modelos en pugna dentro del gobierno de Sáenz?

Por Emiliano Frascaroli

En el Gobierno hay quienes confían en que la explotación de los recursos naturales que posee Salta podría ser la carta de salida a la crisis estructural que se atraviesa. Generar ingresos y crear trabajo son dos matices que entusiasman al oficialismo. Puertas adentro se contraponen dos miradas sobre el mismo tema: la primarización de la economía o la industrialización. Es decir, la concesión de la extracción de recursos para exportación o la conformación de una cadena de valor local.

Hubo algunas señales en los últimos días que permiten ahondar en la primera concepción, la del uso de la naturaleza para negocios privados con escaso aporte colectivo:

  • El anuncio de la extracción del primer lingote de oro en la mina Lindero, en Tolar Grande, departamento Los Andes;
  • La concesión por 25 años a la empresa China Hick Luck Group Limited para la explotación de petróleo en Los Blancos, departamento Rivadavia;
  • La eliminación de las audiencias públicas para deforestar hasta 1.500 hectáreas si se pretende aplicar un modelo silvopastoril o forestal-ganadero;

En todos los casos anteriores, podemos decir, se impone la mirada del ministro de Producción y Desarrollo, Martín De Los Ríos Plaza, quien insiste en la idea de otorgar “seguridad jurídica” para las inversiones, aunque fuere inconfesable la verdadera intención.

Por otro lado, se encuentra el perfil productivo que si bien no descarta propulsar la actividad económica a partir de los recursos naturales, más bien pondera el desarrollo industrial. Es la idea del contador Pablo Outes, Coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la administración Gustavo Sáenz.

Desandar cada punto en cuestión implicaría un análisis cuya profundidad excede estas líneas. Pero se intentará un repaso por el impacto de los rubros no sólo desde el punto de vista económico y fiscal, sino también desde lo ambiental y social.

Minería metalífera: el oro

La desactualizada y débil legislación en torno a la megaminería es un factor que el Estado debería prestar real importancia en tiempos de crisis internacional. Este sector avanzó en la década de los noventa y alcanzó su punto álgido a mediados de la primera década del siglo 21, cuando el alza de los precios internacionales generó un incremento de la rentabilidad. Según la economista Pilar Palmieri, en el año 2008 la renta era de U$S 552 millones, valor que en el año 2010 alcanzó los U$S 1.339 y que, estimó, para 2011 se ubicó cerca de los U$S 1.918 millones. “El gran incremento en los precios internacionales del oro ha generado que en menos de cuatro años el margen de producción (precio-costo) se haya casi triplicado. En consecuencia, la renta del oro definida como la renta total de la producción menos la retribución normal al capital aumentó significativamente”, señaló en un artículo de Voces en el Fénix.

Sin embargo, en Argentina la producción de oro se encuentra concentrada y en manos de capitales extranjeros. Una de las transnacionales con fuerte presencia en el país y el mundo es la Barrick Gold, que principalmente se encuentra en San Juan y Catamarca y que ahora desembarcó en Salta con una participación del 70% en el proyecto El Quevar a través de la compañía con sede en Estados Unidos, Golden Minerals. En ese sentido, cabe mencionar que se suma a la lista de empresas extranjeras en el negocio de los recursos naturales la firma Mansfield: anunció recientemente la extracción del primer lingote de oro en el Salar de Arizaro, localidad Tolar Grande, departamento Los Andes.

Mina Lindero en el departamento Los Andes, Salta.

Acompañada la noticia de la producción del lingote de oro en suelo local por Mansfield vino el concepto de “seguridad jurídica” que muchos utilizan como sinónimo del laissez faire, es decir “dejar hacer, dejar pasar”, para evitar que el Estado avance en la regulación del sector. O bien que tenga una participación proactiva en favor de intereses colectivos. Es la teoría del libre mercado que estuvo más que vigente en el período 2015-2019. Por eso, no es casual que De los Ríos, ex titular del PRO en la provincia, sea el actual ministro de la cartera competente, y que al frente de la Secretaría de Minería esté el geólogo Ricardo Alonso, quien ya en 2013, cuando era legislador provincial, apuntó contra los derechos a la exportación, el control del mercado de capitales, la presión impositiva y la infaltable “inseguridad e inestabilidad jurídica”. De hecho, llama poderosamente la atención que un hombre de la Iglesia como lo es el diputado Andrés Suriani haya librado tamaña batalla por presidir la Comisión de Minería en la Cámara baja, siendo que la fe católica que desprende del Vaticano insiste en la protección de los recursos naturales y el cuidado al medioambiente, esto último cuestionado en el rubro minero.

Es cierto que la actividad minera genera puestos de trabajo en las localidades donde se asienta, a punto tal que se terminan formando empresas locales de porte pequeño que, más allá de la participación en el flujo de capitales a gran escala, funcionan como un factor de legitimación del rubro ante la mirada de los pobladores. Pero también es cierto que en el rubro existe, por ejemplo, la tercerización de contratos que terminan generando mano de obra relativamente barata a costa de laxos compromisos contractuales. Tal es el caso de los 250 trabajadores despedidos de EDVSA, la empresa que se hizo cargo de la construcción de la mina Lindero posibilitándole a la extranjera Mansfield extraer el lingote de oro del cual hablamos antes.

Como sea, la invitación del gobierno salteño a la explotación de los recursos metalíferos se conjuga con una falta de leyes que prioricen el desarrollo sustentable e inclusivo, situación que deja más incertidumbre que certezas a la población. Actualmente el Estado recauda por regalías provinciales, por el Impuesto a las Ganancias y por los derechos de exportación. El primer concepto es el que, paradójicamente, menos aporta a la torta fiscal, mientras que el último de ellos obtuvo recientemente una baja de 4 puntos porcentuales (pasó del 12% al 8%) por parte del Gobierno Nacional para incentivar al sector. Por lo tanto, el desafío es encarar hacia futuro qué rol tendrá el Estado para motorizar la actividad, salvaguardar el medioambiente y obtener beneficios fiscales y de creación de trabajo genuino.

Apropiación de la renta del oro por parte del Estado según impuesto – Pilar Palmieri, economista UBA

“La participación del Estado en la renta del oro ha ido cayendo en los últimos años. En el 2008 se apropiaba del 34%, valor que descendió en el año 2010 al 24%. Esto se explica tanto por el incremento en las ganancias del sector como por el aumento de la producción en proyectos menores a 5 años (exentos de pagar el impuesto a las ganancias)”, señala Palmieri en el texto “Fiscalidad y minería en la Argentina: el caso de la renta del oro en el marco de la crisis financiera internacional”. Por su parte, los capitales privados prestan atención a la rentabilidad de su actividad, que es la que genera la mayor parte de sus ingresos. Según la anterior gestión del Gobierno Nacional, el oro fue el principal mineral extraído en 2016 con el 47% de aporte y para 2018 representó el 65% de las exportaciones. En tanto que, si sumamos la estratégica inversión que acarrea el litio, boratos, y otros obtenemos que el rubro de los minerales no metalíferos pican en punta para generar ingresos fiscales.

Así las cosas, el incentivo lingüístico de la “seguridad jurídica” que enarbola De los Ríos para atraer inversiones, sumada la endeble legislación vigente, relega al Estado de la participación en el rubro priorizando los beneficios privados y, con ello, profundizando la concentración y extranjerización de la explotación de los recursos, la puja por menos retenciones y el impacto negativo en materia ambiental y social.

Oro negro en medio de la pobreza

Gustavo Sáenz firmó el Decreto 622/20 por el cual le otorga a la firma High Luck Group Limited la concesión de explotación de petróleo por 25 años sobre el lote Los Blancos, ubicado en el departamento Rivadavia, al norte de la provincia. Se trata de una novedosa apuesta del mandatario salteño a la empresa de capitales chinos tras más de una década de exploración, en cuyo trayecto se extrajeron 13 millones de litros de “oro negro” que no se sabe dónde están, y por la cual trascendió que hubo influencias de la ex ministra de Trabajo y Producción del gobierno de Juan Manuel Urtubey, Paula Bibini, que a su vez preside la Unión Industrial en Salta.

“Queremos agradecer a las autoridades provinciales de Salta, sobre todo al gobernador Gustavo Sáenz, por la firma del permiso de explotación de Los Blancos. También a la comunidad vecina, que en un gran esfuerzo conjunto colaboró para hacer posible esta realidad; y a Pampa Energía por el soporte y apoyo durante todo este tiempo para el desarrollo del área”, celebró el gerente de operaciones de la empresa Pablo Cavalleri.

Para lograr tamaño descubrimiento, que es catalogado como «el más importante de los últimos 30 años», la empresa High Luck taló árboles y afectó las tierras de la familia Robledo, titular registral de una finca ubicada en Chirete, a 3 kilómetros de Los Blancos, el epicentro de la explotación petrolera. Además, el informe realizado por una comisión especial integrada por Jorge Guantay, Mariano Villagra y Mariana López Martínez, señaló que hubo una gestión inadecuada de todos los residuos de la zona, aperturas de caminos que exceden las dimensiones declaradas en el estudio de impacto, cañerías dispersas en los laterales del camino de acceso, mal funcionamiento del sistema de tratamiento de efluentes petroleros, residuos peligrosos en una de las piletas, deficientes medidas de protección de suelos en sitios donde se dispusieron y almacenaron aceites, combustibles y materiales contaminantes, entre otros aspectos.

Una petrolera china quedó en capilla por manejos irregulares en el área Chirete
Una petrolera china quedó en capilla por manejos irregulares en el área Chirete – Foto El Tribuno

Con un cambio meteórico de la percepción, avalados por la mirada distraída de los poderes públicos, esos señalamientos quedaron en el olvido y supuestamente se corrigieron al pasar el tiempo. Incluso más: el empresario Cavalleri dijo a El Tribuno que no hubo accidentes ambientales ni de seguridad y que se mantuvo los niveles de incidentes leves por debajo de los promedios estadísticos internacionales, con lo cual es altamente positiva su presencia. Al pasar nombró al gigante energético de Marcelo Mindlin, amigo y socio del expresidente Mauricio Macri, que a la vez tiene acciones en la refinería de Campo Durán, ubicada en el intervenido municipio de Aguaray.

El Gobierno ratificó el compromiso de reactivar el desarrollo productivo en la provincia

Hace un año, Jorge Robledo fue entrevistado por el programa radial de este medio «Sapo de Otro Pozo» que se emite en FM Noticias 88.1. En aquella oportunidad, el hombre del Chaco Salteño explicó: “Perforaron, produjeron y sacaron una barbaridad de petróleo sin control del Estado y todos salimos perjudicados. Hace dos años que no puedo pasar a ver mis animales”. Robledo fue detenido por manifestarse pacíficamente, y luego se inició un proceso judicial en el que intentaron convencerlo de sellar un acuerdo de resarcimiento por daños por un monto ínfimo comparado al valor de lo extraído. Sucede que las empresas pagaron $27 millones a la Provincia por regalías, mientras habrían ofrecido apenas 1,2 millones a la familia propietaria de las tierras.

Lo cierto es que en uno de los distritos más pobres del país hay petróleo y hasta el año 2044 estará en manos extranjeras. El negocio fue otorgado por el poder político y judicial que mira con buenos ojos el «progreso» y «desarrollo» transnacional en detrimento de la ciudadanía local, a la cual le queda mano de obra barata y sin previsibilidad.

¿Guiño a los desmontes?

Por último, en la semana se conoció la Resolución de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable por la cual se exime a empresas realizar Audiencias Públicas cuando los proyectos presenten «baja intervención e intensidad sobre el bosque y/o impacto ambiental y social» respecto a los Planes de Cambio de Uso de Suelo (PCUS). Además, estableció para los Planes de Manejo de Bosques Nativos modalidad Aprovechamiento Forestal, «cualquiera sea la superficie de los mismos», la obligatoriedad de presentar Declaración Jurada de Aptitud Ambiental para realizar desmontes menores a 300 hectáreas.

Habría una suerte de flexibilización y endurecimiento de la normativa todo al mismo tiempo: se piden controles en cuanto a desmontes de hasta 300 hectáreas y se sortea el paso de la participación civil en emprendimientos de hasta 1.500 hectáreas.

Si bien el titular del organismo Alejandro Aldazábal negó que exista una flexibilización en los controles a los desmontes, fuentes consultadas por quien esto escribe explicaron que hay un aval a la deforestación encubierto, por un lado, y que se trata de una medida que pretende relegar de la faz pública el debate por la política ambiental, por el otro.

Por caso, los antecedentes no ayudan al oficialismo provincial: en los últimos 24 años los desmontes han avanzado sin interrupción alguna, situación que ha sido denunciada por especialistas en la materia a partir de la recolección de información obtenida en las audiencias públicas. Funcionarios tanto de la administración Urtubey como la de su precedesor Juan Carlos Romero desembarcaron en la gestión actual.

La deforestación del Chaco Salteño 2004-2015”, un informe elaborado por Andrés Leake, Omar Enrique López y María Cecilia Leake para la Fundación Refugio en base a la convocatoria de audiencias públicas, señaló que la superficie deforestada a causa de proyectos para el cambio del uso del suelo (PCUS) alcanzó a 1.252.978 hectáreas de las cuales un 36% se concentró en Anta, un 24% en San Martín y un 20% en Rivadavia.

Este año GreenPeace denunció que entre el 15 de marzo y el 15 de abril se desmontaron 6.565 hectáreas en todo el país, de las cuales 1.194 fueron tumbadas en Salta. La organización ambientalista señaló como uno de los casos más graves las 130 hectáreas taladas en la finca San Francisco, ubicada en el departamento San Martín, cuyo propietario es Ignacio García del Río, presidente de la Sociedad Rural de Salta y miembro de la Asociación de Productores de Granos del Norte. «Los desmontes en dicha estancia ya habían sido denunciados por Greenpeace en 2013″, explicaron.

Asimismo, nadie niega que puedan existir buenas intenciones hacia la construcción de un modelo agro-ganadero más amigable con el medio ambiente, que favorezca a los pequeños productores rurales-campesinos, que atienda las economías regionales y que genere fuente de trabajo local genuina. No obstante ello, la falta de transparencia en cuanto a datos sobre terratenientes y actividad privada se refiere, sumados los incendios en todo el país, despiertan sospechas acerca de la intención de la normativa.

En efecto, la política referida a la minería, al petróleo y al sector agrícola-ganadero se basa en la primarización de la economía: extranjerización y monopolización de la explotación de recursos para la exportación de materia prima al mercado internacional. De manera tal que, a simple vista, se contrapone a lo augurado por Pablo Outes en Canal 10 acerca de que buscan construir una provincia con «perfil productivo, de desarrollo» con fuerte impronta en «la industria».

«El desafío nuestro es ponerla en los primeros lugares del país, hablemos del campo, del turismo, de agricultura, y todas van a estar adecuadamente estimuladas. Que los inversores entiendan que Salta es una provincia que quiere salir adelante, que lo que buscamos para la gente, para nuestros salteños, es que acá tengan trabajo, tengan inversión, tengan condiciones de empleo y eso viene por gobiernos que lo interpreten», consideró el Coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la Provincia.

Así las cosas, cabría preguntarse si es que hay dos modelos económicos que cohabitan en la coalición de gobierno o bien son declaraciones y señales que vislumbran una falta de un programa íntegro.

Hay que decirlo: tener una mirada que se niegue a la utilización de los recursos naturales por parte de la sociedad y sus instituciones es anacrónico. Aunque parece necesario construir una política sostenida en el tiempo que tenga en cuenta el cuidado del ecosistema, la justa participación estatal en la actividad, la generación de un tejido social-laboral equitativo y la construcción de una estructura productiva-industrial que genere valor agregado para mejorar la situación de los connacionales. Es necesaria una actualización de la legislación vigente tanto a nivel nacional como provincial y municipal que tenga en cuenta los escenarios mencionados.

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