Ley de Humedales: un texto de carácter centralista empantanó el debate

El proyecto generó rechazos en las provincias mineras porque la definición incluía a los salares de litio. Los Gobernadores del Norte Grande piden una ley que tenga en cuenta las actividades productivas y ratifican el dominio de las Provincias sobre recursos naturales. Acuerdo político para aplazar el debate en Diputados.

Por Emiliano Frascaroli

La Cámara de Diputados de la Nación suspendió el plenario de comisiones convocado para este jueves para tratar la Ley de Humedales, una medida que pretende establecer un marco regulatorio para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso sustentable de estos espacios naturales que contribuyen al ecosistema.

Los presidentes de bloques Germán Martínez (Frente de Todos), Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Rodrigo De Loredo (Evolución Radical), Luis Di Giacomo (Provincias Unidas) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) tomaron la decisión con el objetivo de ampliar el debate y escuchar a los Gobiernos Provinciales antes de avanzar con el dictamen correspondiente.

El oficialismo contaba con el apoyo de bloques aliados y quería firmar un dictamen de consenso, pero el proyecto que impulsó el legislador Leonardo Grosso (Frente de Todos – PBA) generó el rechazo ya no sólo del sector agroganadero y de Juntos por el Cambio, sino también de las cámaras empresariales mineras y de las autoridades de las Provincias que cuentan con estos recursos naturales, muchas de ellas parte del oficialismo.

Sucede que el texto define a los humedales como ambientes con «presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial» y «superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas». Visto así, entrarían los salares de las provincias con reservas de litio: Salta, Catamarca y Jujuy.

Imagen ilustrativa – Mining Press

Las críticas de los gobernadores Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Gerardo Morales y del sector privado no tardaron en llegar. Para el mandatario salteño la ley de humedales “podría impedir el desarrollo de la minería del litio, mineral protagonista de la transición energética”, según dijo tras participar en un evento organizado por el Grupo Clarín.

Desde Estados Unidos, Sáenz expuso en la red social del pajarito que la ley avanza «sobre cuestiones de soberanía e independencia de las provincias, en un país que es federal«, por lo cual “exhortó» a los legisladores nacionales «a contribuir con el sostenimiento de la previsibilidad, con las mayores garantías de seguridad, sin modificar las reglas de juego, respetando la soberanía y la autonomía de las provincias”.

La referencia se debe a que la medida propone crear un Inventario Nacional de Humedales (con las características y funciones/aportes al ecosistema en cada caso), un área federal que llevaría a cabo el control y la autorización de proyectos productivos en torno a estos territorios. Este punto es uno de los más cuestionados.

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El proyecto se encuadra en la ley general de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, lo que permite al Estado Nacional legislar sobre la materia, según argumentan en Balcarce 50. Desde las Provincias sostienen que se estaría avasallando la gobernanza de los recursos naturales que la Constitución Nacional garantiza y reserva competencia exclusiva para los Gobiernos sub-nacionales.

Por su parte, el titular de la Cámara de Proveedores Mineros de Empresas Mineras de Salta (CAPEMISA), Diego Pestaña afirmó a BUUFO que de aprobarse la ley “todo proyecto se frenaría” porque “no podrían continuar avanzando” si no lo autoriza un organismo del Estado Nacional. Al ser consultado por el impacto que podría tener la iniciativa en el sector minero y la posibilidad de que se declare al litio como recurso natural “estratégico”, algo que inquieta a multinacionales y a Gobernadores, Pestaña dijo que “sin dudas puede haber una relación” entre una y otra.

«Nosotros lo que pedimos es que no salga una Ley de Humedales porque es innecesaria; ya tenemos legislación sobre el tema«, dijo además Fernanda Fraga, vicepresidenta de la Cámara de Minería de Salta. Y en diálogo con este medio agregó: «Consideramos que es inconstitucional porque no es una ley de presupuestos mínimos, por lo que nosotros entendemos, y además avasalla la soberanía de las provincias sobre los recursos naturales».

El viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, defendió el proyecto de Grosso y en diálogo con Radio Nacional-Salta, argumentó: “No se está avasallando nada porque, además de la Constitución Nacional, hay una ley general del ambiente. Y, además, la Argentina es un país federal, no es una confederación de naciones, que es distinto. Por lo tanto, el Estado Nacional tiene responsabilidades sobre lo que ocurre en todo el territorio, independientemente de que las provincias ejerzan el dominio- no son dueñas, reitero- de los recursos que están dentro de sus territorios”.

“Como la explotación de esos recursos también tienen afectaciones en otros ámbitos y otros espacios geográficos, es que existe un Estado Nacional que puede legislar al respecto sobre la base de los presupuestos mínimos. Por encima de esos estándares, las provincias pueden legislar como les parezca, alrededor de los humedales o de cualquier otro aspecto que tenga que ver con los recursos naturales”, añadió Federovisky.

Para Fraga la ley es innecesaria puesto que ya hay una normativa local que delimita el territorio provincial y establece qué áreas no pueden ser tocadas y cuáles pueden ser utilizadas por turismo u otras actividades, entre ellas la minería. “O sea, esto tiene un plan de manejo muy acabado y que está funcionando muy bien. Por eso pensamos que es legislar sobre lo ya legislado”, explicó la dirigente empresarial a BUUFO.

Fue tanto el debate público del debate en el Congreso que los gobernadores de las provincias que conforman el Norte Grande, desde Estados Unidos, donde realizan una gira, debieron emitir un comunicado para destacar «la importancia» de sancionar una ley de humedales «después de tantos años de debate” y advertir que esa norma debe «garantizar la conservación y el desarrollo sostenible».

Los mandatarios provinciales se pronunciaron de ese modo en un texto que fue difundido por el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, en el cual ratifican “el dominio originario de los recursos naturales les  corresponde a las provincias” y aclaran que “no hay ninguna provincia que abdique de la responsabilidad de la conservación de sus humedales y los servicios ecosistémicos que prestan”.

En ese sentido sostuvieron que «ninguna ley debe establecer definiciones y disposiciones que signifiquen la prohibición a las actividades productivas realizadas en forma sustentable que hoy generan trabajo, ingresos y oportunidades de desarrollo local a nuestras provincias».

«La ley debe focalizarse sobre los humedales naturales, no en los derivados de la acción antrópica«, expresó el texto de los gobernadores del Norte Grande, al tiempo que afirma que “corresponde a las provincias la potestad de realizar sus inventarios y deben ser ellas las que en coordinación con Nación elaboren el inventario nacional». Y finalmente pidieron por la «consolidación» del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) «como ámbito de articulación interjurisdiccional para la coordinación de la implementación y aplicación efectiva de la ley».

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La ley de humedales viene a contribuir con otras normativas y compromisos del país en la materia, como el Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, el Acuerdo de Escazú, la Ley de Bosques Nativos, la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral y la Ley del Manejo del Fuego. Todas ellas medidas que intentan equilibrar el cuidado del medioambiente y el desarrollo sustentable e inclusivo de los pueblos y que, además, confirman la soberanía de los recursos naturales de las Provincias.

En efecto, si bien el proyecto de ley recoge puntos de una serie de iniciativas presentadas en los últimos años y cuenta con el aval de organizaciones ambientalistas y especialistas en la materia, lo cierto es que la redacción fue pensada sin tener en cuenta las diversidades geográficas de la nación. Y más precisamente desde el centro del país, buscando una solución a los incendios en el Delta del Paraná, sin advertir que se incluía a los salares del Norte Argentino. Así fue que surgieron las críticas y, como consecuencia, se tuvo que paralizar el proyecto en la Cámara baja.

Finalmente, cabe señalar que la argumentación de las mineras y de Sáenz- centrada en el avance de Nación para intervenir en la regulación de los recursos- buscó no solo rechazar la tipificación de la ley de humedales, sino más bien marcar el horizonte de la estrategia ante toda iniciativa que pretenda federalizar o ampliar la participación en la cadena productiva del litio.

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