Lanzan registro de la economía popular para formalizar a 6 millones de trabajadores

El gobierno nacional busca establecer una radiografía de las actividades de los sectores poríferos: ramas, unidades productivas y lugares. La idea es pasar de una “economía de la necesidad” a una “economía de la producción”. Quiénes podrán inscribirse.

Por Carlos Córdoba

La crisis socioeconómica que dejó la gestión Cambiemos y las consecuencias de la pandemia del coronavirus demandan la construcción de una nueva estructura social, económica, impositiva y productiva en Argentina y el mundo.

Por ello, esta semana la Casa Rosada lanzará el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, cuyo objetivo es formalizar el trabajo de unas 6 millones de personas que a lo largo y ancho del país llevan adelante actividades de gran impacto social y económico, pero sin regularización estatal.

Según explicó el director nacional de Economía Social y Desarrollo Local, Pablo Chena, el primer objetivo es la visibilización de ese universo de la población económicamente activa que “duplica al total de 3 millones de empelados” públicos.

“El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue un golpe de realidad porque mostró una economía que no estaba visibilizada; por eso el registro tiene como objetivo inicial ‘pensar’ la economía popular, inscribirla, establecer cuáles son sus ramas, sus actividades, sus unidades productivas y dónde se desarrollan”, precisó el funcionario a Télam.

Más de 300 mil salteños y salteñas se inscribieron al IFE, lo cual describe la informalidad existente en la provincia. De hecho, el Indec arrojó que para fines de 2019 la mitad de la población trabajaba en la informalidad y que al menos un 45,5% estaba sumida en la pobreza. Se presume que esos números se ensanchen, pese a la fuerte contención estatal con una importante inversión fiscal.

La discusión “pospandemia” ya comenzó. Al menos así lo considera el Gobierno nacional que, además de repensar el modelo impositivo como la aplicación de tributos a los sectores más pudientes, se aboca a formalizar e impulsar un sector clave marginado.

Cheda explicó que la idea es cambiar el paradigma respecto a la economía popular. “Siempre fue vista como la economía de la necesidad, pero nuestra idea es que cambie esa concepción y que sea la economía de la producción; queremos que la política social pase de la asistencia de los sectores vulnerables a un desarrollo de trabajo que realizan, dignificarlo, ordenarlo y que potencie sus propios emprendimientos”, explicó el economista e investigador de Conicet.

Quiénes podrán inscribirse

La agencia estatal de noticias especificó que podrán inscribirse mujeres y hombres que se sostienen- o se sostenían antes del coronavirus- con la venta ambulante, la agricultura familiar, el arte callejero o tareas de cuida coches, limpia vidrios, pintores, serenos, electricistas, paseadores de perros, lustra botas, fleteros, cuidadoras en jardines maternales barriales, cartoneros, gasistas, recicladores, ayudantes de albañilería y tapiceros, entre otros.

Están habilitados a registrarse quienes tengan 18 años o más y no posean a su nombre más de dos inmuebles, ni tampoco cuenten con un trabajo en relación de dependencia que supere el salario mínimo vital y móvil.

“Se trata de quienes crearon su propio trabajo a partir de sus saberes y oficios en unidades productivas individuales o colectivas, caracterizadas por su relación asimétrica en el ámbito financiero, comercial o fiscal”, subrayan.

El porcentaje que maneja el oficialismo sobre la incidencia de estos rubros asciende al 50% de los trabajadores económicamente activos. Cheda considera que el ‘después’ de la pandemia avanzará la idea hacia «una forma de producir posindustrial, más cercana a las necesidades de la sociedad y menos enfocada en el consumo masivo».

La diferenciación radica en que este sector no accede a créditos ni a estructuras del mercado donde vender. “Son víctimas de la usura”, espetó el funcionario. En Salta, por ejemplo, el Movimiento Nacional Campesino Indígena entretejió una red para hacer llegar cosechas de frutas y verduras y otros productos de elaboración artesanal desde el interior a la Capital y, así, comercializarlos mediante las redes sociales. El paso siguiente sería la canalización de esa producción comunitaria, sin agrotóxicos ni intermediaros, en un nuevo mercado; esto es, del campo a la mesa. A su vez, las comunidades avanzan en acuerdos con el Ministerio de Desarrollo Social para proveer de alimentos y evitar así la cartelización de quienes monopolizan el comercio.

Asimismo, la idea del gobierno es que con el registro se pueda dotar a ese sector de “instrumentos financieros” como créditos bancarios estatales que permitan afrontar el repago y, a la vez, llevar a cabo un desarrollo que contemple los derechos laborales y acceso a una obra social y a una jubilación.

El registro

Esta propuesta empezará a materializarse a través del sitio www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renatep y forma parte del plan de salida de la crisis pospandemia, analizada entre el presidente Alberto Fernández, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo y los movimientos sociales.

El registro está organizado en ocho ramas, para diferenciar los segmentos de la economía popular: 1) Comercio popular y trabajos en espacios públicos 2) Recuperación, reciclado y servicios ambientales 3) Construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental 4) Industria manufacturera 5) Servicios socio-comunitarios 6) Agricultura familiar y campesina 7) Transporte y almacenamiento 8) Servicios personales y otros oficios.

No podrán acceder quienes estén inscriptos en el regimen simplificado de pequeños contribuyentes: sólo se admitirán las categorías A, B, C y D o titulares del monotributo social o monotributistas «promovidos».

El trabajo sexual, que había sido incluido inicialmente como categoría posible, quedó fuera del registro y será analizado y atendido en forma separada por el Ministerio de Desarrollo Social.

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