La represión a las comunidades de Cachi tiene razones políticas: Los beneficios de Urtubey

Los beneficios a las empresas ‘amigas’ son el espejo de un modelo que pretende lucrar a costa de las bondades de la naturaleza. La apertura de importaciones complica la agricultura familiar campesina-indígena. Antecedentes de la explotación de la tierra local.

Por Emiliano Frascaroli

La represión de ayer a la comunidad Diaguita Kalchaki La Aguada, en Cachi, tiene razones políticas: defender el negocio privado y desconocer los derechos indígenas. El conflicto surgió cuando los propietarios de la Bodega Puna, Javier Montero y Maria Morizzio, decidieron avanzar sobre tierras que pertenecen a los pueblos originarios. Los miembros de la comuna advirtieron la situación e hicieron la denuncia correspondiente- a mediados de enero-, pero no se les escuchó. Por eso decidieron cortar la ruta camino a La Aguada. Y ahí vino la respuesta oficial: el desalojo y la detención de seis personas, entre ellos un menor de edad, que fueron trasladadas a Payogasta hasta su liberación horas después.

Policía de la Provincia reprime protesta de la comunidad Diaguita Kalchaki La Aguada, en el Departamento Cachi, Salta. Foto: Gentileza de la Comunidad

Según el artículo 75 de la Constitución Nacional, la Ley 26.160 y el convenio 169 con la Organización Internacional del Trabajo, el Estado Nacional debe reconocer la preexistencia de los pueblos originarios, respetar su identidad, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, entre otros derechos. Son algunas de las garantías que tienen las comunidades, a pesar de que en la práctica sean vulneradas, siempre a la sazón de intereses privados y la indiferencia de ciertos sectores políticos.

El negocio de los vinos de la Bodega Puna pretende extenderse al secado de pimiento para pimentón. Para ello, según un pronunciamiento de la Comunidad, la empresa avanza sobre terreno ajeno acaparando la zona de riego, el agua de red y “ahora intentando avanzar con la zona sin riego (de viviendas, secado, corrales, pastoreo  y sitios sagrados”. Es que la zona aporta naturalmente lo necesario para llevar a cabo la actividad, uno de los pocos motores económicos del Departamento que se ve acorralado con la creciente apertura de importaciones.

Protesta de originarios contra la empresa Bodega Puna que pretende acaparar territorio comunitario. Foto: comunidad La Aguada

Ahora la comunidad no sólo pelea por sostener su actividad contra el ingreso de pimiento y pimentón de Chile o Perú o del tomate que proviene de Franca, sino también con la firma amiga del gobernador Juan Manuel Urtubey.

La relación de la Bodega Puna (M.AGROPECUARIA) y el Gobierno de la Provincia data del 2017. El decreto 924 del gabinete ejecutivo local (curiosamente también fue firmado por el entonces ministro de Ambiente y Producción Sustentable, Javier Montero) estipuló que la empresa sería perdonada del pago de impuestos (particularmente los destinados a las Actividades Económicas y el de Sellos) por 8 años y se le otorgó la posibilidad de pedir un crédito de $3,5 millones sin tasa de interés y con la única contraprestación de invertir en la zona y crear algún que otro puesto de trabajo.

Existen antecedentes que permiten dilucidar cuál es la visión del mandatario salteño respecto a la preservación de la naturaleza y el cuidado a nuestros recursos naturales. En 2016, Urtubey firmó el decreto 1377 y amplió la posibilidad a extranjeros de comprar tierras en la Pre Puna, los Valles Calchaquíes y Rivadavia: antes eran mil hectáreas y ahora se extienden desde las once mil a las 35 mil. Con esa decisión, que fue en sintonía con el decreto 820 del presidente Mauricio Macri, el gobernador abrió las puertas a los negocios privados en zonas donde habitan numerosas comunidades indígenas.

Cachi también fue noticia nacional cuando el presidente Mauricio Macri decidió anunciar desde las alturas el veto a la ley anti-tarifazos. Por aquel entones, este medio pudo presenciar la visita de los funcionarios nacionales que fueron recibidos con numerosos reclamos, entre los cuales se encontraban los de los pueblos originarios.

“Desde que asumió este gobierno las políticas públicas indígenas fueron en retroceso”, señaló a BUUFO el referente comunero Ulises Yañes. Y agregó: “En algunas comunidades se terminó de hacer el relevamiento y en otras se hizo pero no hay carpetas técnicas, por lo tanto no hay amparo jurídico, no hay resolución alguna. En cambio hay otras que sí, por lo cual los desalojos están siendo parados”. Yañes hizo referencia al proceso de titulación que comanda la norma argentina al Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, el cual fue retaceado desde la llegada de Cambiemos al poder.

Los conflictos de hoy son las decisiones políticas del pasado y la indiferencia hacia los derechos colectivos del futuro. El territorio está en disputa y la comunidad Diaguita Kalchakí La Aguada está en alerta permanente en defensa de su territorio.

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