La política extorsiva solo profundiza la crisis social

Un hombre en los asentamientos de la zona sur de la capital salteña - Foto Archivo

El derecho divino a la impunidad privatiza el derecho a la propiedad. Diputados macristas y los altoparlantes del establishment reclaman el desalojo a las familias asentadas a la par de San Calixto, en la zona sur capitalina.

Por Emiliano Frascaroli

El desalojo a las personas asentadas en Guernica, distrito de la Provincia de Buenos Aires, y la retirada de quienes integran el Proyecto Artigas del predio de la familia Etchevehere en Santa Elena, Entre Ríos, generó un debate a nivel país en torno al “derecho a la propiedad privada” y lo que se entiende por ella.

Salvadas las diferencias entre cada caso, ambos surgieron de fallos del Poder Judicial adversos para las necesidades de las familias sin techo, por un lado, y para los reclamos de una mujer, Dolores Etchevehere, que pelea contra sus hermanos y madre por cuestiones de índole familiar, por el otro.

Como era de esperar, hubo réplicas en Salta referidas a las familias que tomaron terrenos en la zona sur de la Capital provincial. Son varios los diputados macristas que pidieron a gritos el desalojo forzado en nombre de la “propiedad privada”, una posición que estratégicamente utilizó Juntos por el Cambio para achacar contra el Gobierno Nacional y, así, sacar rédito político de una discusión fabricada.

En rigor, existen diferencias abismales para tratar el caso del asentamiento al costado de San Calixto o Ampliación Parque la Vega con lo sucedido en Guernica (y ni qué hablar de lo de Entre Ríos). Las diferencias son de forma, dado que el problema habitacional es de fondo y compartido.

Funcionarios del gobierno de Axel Kicillof, como el ministro de Desarrollo Urbano Andrés Larroque, trabajaron a destajo para buscarle una solución a esas familias logrando la adhesión de la mayoría de ellas. El cumplimiento a la manda judicial que encabezó el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni fue forzado por intereses ajenos a la necesidad de vivienda que influyeron a tomar posiciones irrenunciables.

Aunque sea políticamente incorrecto, hay que decirlo: el poder fáctico golpeó por derecha y por izquierda. Y llegar a esa conclusión no quiere decir escaparle a la discusión acerca del déficit habitacional ni avalar la represión, mucho menos cuando se trata de un gobierno peronista, un movimiento político acostumbrado a la ampliación de derechos, entre ellos el de la casa propia a la clase trabajadora.

Mientras que, en el caso salteño, no hubo propuestas serias de entendimiento por parte de la administración Gustavo Sáenz, que hasta hace poco no presionó públicamente al Ministerio Público Fiscal exigiendo una resolución sobre estas tierras que, a diferencia de Buenos Aires, pertenecen al Estado. De hecho, todo lo contrario: referentes del oficialismo insisten en aplicar penas a quienes hayan participado de toma de terrenos.

Por caso, legisladores provinciales como Andrés Suriani, Gustavo Orozco, Carlos Zapata, Javier Diez Villa y Gladys Moisés, cuyos petitorios son amplificados en los altoparlantes y páginas del establishment local, comenzaron a presionar a la Procuración General y al Fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina, para avanzar contra las personas que viven desde hace meses en carpas y con niños en brazos en esas tierras estatales.

El escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano sostuvo en El Libro de los Abrazos: “La democracia es un lujo del norte. Al sur se le permite el espectáculo, que eso no se le niega a nadie. Y a nadie molesta mucho, al fin y al cabo, que la política sea democrática, siempre y cuando la economía no lo sea”.

Galeano tenía razón y ni siquiera debe haber imaginado lo que sucedería por estas horas en esta provincia.

Parece un espectáculo que Orozco, acusado de atentar contra el derecho más sagrado, que es la vida misma, diga que “los usurpadores no tienen que tener derecho a ninguna negociación” mientras transcurre su proceso judicial dilatado en el tiempo en plena libertad. O que Suriani y Moysés, que se disputan la conducción de un partido que esfumó la posibilidad de propiedad privada con cierre masivo de empresas y persecución mediática-judicial a empresarios, ahora pidan que “la Justicia” ejerza justicia. O que Diez Villa se muestre a favor de la propiedad privada y forme parte de una coalición de gobierno con el senador Juan Carlos Romero, quien fue acusado de haberse favorecido económicamente con tierras fiscales en la causa “La Ciénaga” o bien lo hayan denunciado por apropiarse de un hangar para su avión, que no tenía estacionamiento.

Resulta, cuanto menos, patético y triste que la discusión sea desalojar por la fuerza o esperar el desgaste de las familias pobres para que se retiren, incluso habiendo sido excluidas de planes habitacionales como “Mi Lote”, del cual poco se conoce a meses de su lanzamiento.

La práctica política debería haber aunado esfuerzos entre sus practicantes para encontrar posibles soluciones. Pero un oficialismo ideológicamente alineado al poder real (a veces excluido de su pertenencia) y una falta de madurez de los sectores autodefinidos “populares”  impide un debate a la altura de las circunstancias.

Lejos de coincidir en que hay un déficit habitacional prolongado durante años que se agravó en pandemia y empujó a familias a usurpar un terreno por la desesperación de darle un lugar dónde vivir a sus hijos, algo que debe solucionarse cualquiera sea la opinión, surgen posiciones que buscan indagar qué tan pobres son los pobres, como lo hizo el ex Banco Nación durante la gestión macrista Javier González Fraga. A diferencia de ser una posición de clase, en este caso son los mismos vecinos del asentamiento en la zona sur quienes así lo manifiestan y piden el desalojo.

Tal vez ese sea el triunfo del poder económico-político en la batalla cultural que, al parecer, ahora allanó el camino para lograr una réplica de lo de Guernica en Salta. La diferencia es que en el norte provincial no se practicó soluciones desde la política, pese a ser tierras estatales ubicadas en inmediaciones de las cedidas al colegio Santo Tomas de Villanueva por parte del exgobernador Juan Manuel Urtubey.

Si bien es cierto que nunca estuvo en discusión “el derecho a la propiedad privada” por una supuesta ola de usurpaciones, el debate fue instalado de forma distorsionada a punto tal que se volvió una guerra entre trabajadores. Después de todo, parece existir un derecho divino a la impunidad, que está limitado al poder y que es practicado por aquellos que privatizan el derecho a tener una propiedad. La política extorsiva que representa a unos pocos solo profundiza la crisis social. Restará ver si tendrán eco los pedidos de desalojo en Fiscalía y el Poder Judicial. La anuencia del poder político-mediático es un hecho.

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