«La plata no va a aparecer»: Romero sobre la captura de evasores para pagarle al FMI

El senador nacional votó en contra de la ley que crea un fondo nacional con dinero que se sacó del país sin declarar para pagar la deuda que adquirió Macri. De todas formas, el proyecto se aprobó por 37 votos afirmativos. «El Sr Feudal se opone a la sancion de evasores», le retrucó un ex banquero a Romero.

Ayer el Senado de la Nación aprobó por 37 votos afirmativos contra 31 negativos el proyecto de ley que crea un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con dinero fugado al exterior de manera irregular, es decir sin declarar ante la AFIP.

El interbloque Juntos por el Cambio rechazó la iniciativa del Frente de Todos porque creen que es «un blanqueo encubierto». Sobre esa línea se posicionó el salteño Juan Carlos Romero, quien además vaticinó que «la plata no va a aparecer«, en referencia a la captura de evasores para nutrir el fondo.

Si bien el ex Gobernador de Salta reconoció que «es cierto» que durante el gobierno de Mauricio Macri «se fugaron 80 mil millones» de dólares, sostuvo que el proyecto «le da un premio» al evasor porque «lo máximo que pagaría uno que se le encuentra algo afuera es el 50 por ciento». «Una gran ganga», dijo al respecto de las alícuotas que se cobrarían a quienes tengan bienes en el exterior sin declarar en el país y demás penalidades.

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Romero atribuyó «razones políticas» a la iniciativa porque «erosiona» y «ataca» al ministro de Economía Martín Guzmán. «Eliminar el secreto fiscal bancario es de enorme gravedad. Por eso queríamos que venga el presidente del Banco Central. Esto puede ser tremendamente dañino para el país y para el propio Gobierno. En un país tan frágil puede haber una corrida bancaria, una corrida cambiaria, que el poco dinero en dólares que está en los bancos puede irse de un día para otro», añadió el senador salteño.

«No vamos a apoyar nuevos impuestos, ni medidas alocadas irracionales como esta. Apoyamos lo racional, como lo fue el acuerdo con el FMI, y todo lo que nos lleve a un camino de construcción», concluyó Romero. Luego, su cuenta de Twitter publicó: «Esta ley es un blanqueo encubierto con motivaciones políticas«.

El legislador macrista obtuvo la respuesta del ex banquero Hernán Arbizu. «El Sr Feudal se opone a la sancion de evasores. Flor de contradiccion», apuntó el ex JPM, UBS, DB que colaboró con investigaciones contra el sistema financiero.

De todas formas, la iniciativa del senador neuquino Oscar Parrilli (Frente de Todos) fue aprobada por 37 votos afirmativos contra 31 negativos. Parrilli sostuvo que algunos legisladores no acompañan el proyecto «simplemente porque apoyan a los evasores» y señaló que el objetivo principal es «sacarse de encima al FMI».

El jefe de la bancada oficialista José Mayans, por su parte, preguntó: «¿De dónde quieren que se saque para pagar la deuda que nos dejaron, de los discapacitados, de los planes sociales o quieren que le saquemos plata a los jubilados?».

«Acá traemos la idea de un fondo y que aporten quienes tienen bienes no declarados en el exterior», apuntó el legislador formoseño del Frente de Todos.

Sobre el levantamiento del secreto fiscal al que aludió el salteño Romero, cabe señalar que el Frente de Todos presentó un proyecto en tal sentido, que no avanza por falta de consensos con la oposición y por la reticencia del presidente del BCRA Miguel Pesce. La ley permitiría a la Bicameral tener acceso a las transferencias financieras al exterior.

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Vale recordar que en 2018 el expresidente Mauricio Macri contrajo una deuda con el FMI por 44 mil millones de dólares en condiciones perjudiciales para la Argentina. Tal deuda fue renegociada por el actual presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán, donde se acordaron metas a cumplir.

El senador neuquino Oscar Parrilli defiende el proyecto de ley – Foto Prensa Senado

EL PROYECTO

La norma establece que dicho fondo- constituido en dólares- tendrá vigencia hasta que se produzca la cancelación total de la deuda con el FMI. Será administrado por el Ministerio de Economía de la Nación y supervisado por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa del Congreso.

El texto aclara que deberán pagar las personas humanas, personas jurídicas o sucesiones indivisas con tenencias de moneda nacional y/o extranjera; inmuebles; muebles; y demás bienes en el exterior, incluyendo inmateriales, créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico, sin declarar.

Los alcanzados por esta ley deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados. Si la declaración y el pago se hacen de forma espontánea y voluntaria, dentro de los 6 meses posteriores a la entrada en vigencia la norma, se aplicarán beneficios, eximiciones y otras liberaciones. Pero en el caso de declarar los bienes después de los 6 meses, la alícuota subirá al 35%.

También se establece un artículo por el cual el Ministerio de Economía, antes de tomar un nuevo endeudamiento en moneda extranjera, deberá solicitar opinión sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos y su viabilidad de repago a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa.

El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Banco Central, la UIF, la AFIP, la Comisión Nacional de Valores y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “deberá una vez por año» enviar un informe al Congreso de la Nación sobre “todos los hallazgos y determinaciones hechas en la realización de la investigación requerida en la presente ley, detallando montos y actividades involucradas, y cualquier otro dato que se estime necesario”.

Por su parte, se incorpora la figura del colaborador: cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos.

El objetivo del colaborador será cooperar con la AFIP para detectar bienes ocultos o no declaradios y/o maniobras de evasión fiscal. Así, el Ministerio de Justicia deberá crear un programa para definir los protocolos que garanticen el secreto, la seguridad, el anonimato y la recompensa de quienes se acojan a la figura.

Según el texto, el monto a partir del cual se considera como acreditada la información del colaborador no debe ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados. El colaborador recibirá una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas públicas.

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