La Corte de Justicia define si el Decreto de Sáenz es inconstitucional

Sáenz, cuando era Intendente de Capital, junto a miembros de la Corte de Justicia - Foto Archivo Municipalidad

Es por la acción judicial de Nación contra la norma que otorga superpoderes a la Policía. Se trata de la primera definición del Máximo Tribunal en la gestión Sáenz con la ampliación de miembros. Una decisión judicial de alta trascendencia política.

Por Emiliano Frascaroli

El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, presentó un Habeas Corpus preventivo y colectivo en el Poder Judicial de Salta contra la violencia institucional en el marco de la Ley 8.191– antes Decreto- impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz. Se trata de la norma que amplía facultades de la Policía para detener, juzgar y condenar a presuntos infractores de las normas sanitarias sin intervención de Juzgados de Garantías, Defensorías o Fiscalía.

Será la Corte de Justicia la que defina acerca del planteo de inconstitucionalidad, dado que el juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, declaró su incompetencia al considerar que es el Máximo Tribunal que tiene la competencia originaria y exclusiva en la causa, según la Constitución de la Provincia.

Críticas

El Comité Nacional para la prevención de la Tortura (CNPT) recomendó a las autoridades salteñas dar marcha atrás con el régimen de excepcionalidad y derogar la norma. Asimismo, la acción judicial, que fue presentada por el Secretario de DDHH, Horacio Pietragalla Corti, va en sintonía con la postura del Ministerio de Seguridad de la Nación, cuya titular, Sabina Frederic, insiste en que la cartera «trabaja para prevenir; no para reprimir».

A través de la resolución N° 17/20, notificada a las autoridades provinciales, el CNPT afirmó que esta ley se encuentra en clara contradicción con las reglas del debido proceso legal, las garantías mínimas reconocidas en materia de derechos humanos y no se adecua a los estándares internacionales de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El texto dice que «aún cuando los derechos de circulación y de libertad personal se encuentren entre aquellos pasibles de ser suspendidos de manera temporal durante situaciones de excepción y el Estado puede establecer medidas que tengan derivaciones de índole sancionatorio para quienes las incumplan, el CNPT recuerda que los sistemas internacionales de protección de derechos humanos no permiten suspender garantías esenciales ni afectar derechos determinados«.

La medida del Gobierno de la Provincia fue criticada por sectores de la oposición política y organismos de derechos humanos y civiles desde un primer momento.

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De hecho, la Mesa de Derechos Humanos de la Provincia** junto a la Asociación de Pensamiento Penal cotejaron un informe de casos testigos en los que efectivos policiales habrían actuado por fuera del contorno legal reprimiendo y deteniendo arbitrariamente a la ciudadanía.

Por ello, desde Nación citaron la postura de Naciones Unidas en el marco de la Covid-19 y señalaron que «los Estados no deben abusar de las medidas de emergencia para reprimir los derechos humanos» con lo cual instó a «evitar la extralimitación de las medidas de emergencia».

Prueba de fuego

El Poder Ejecutivo emitió la norma y el oficialismo parlamentario evitó darle tratamiento en el pleno del Poder Legislativo, con lo cual el Decreto 255/2020 se convirtió en ley. Ahora, es la Corte de Justicia la que define.

La decisión del Máximo Tribunal será, tal vez, la primera prueba de fuego en la administración Sáenz, que ya logró la ampliación de sus miembros. En el medio se encuentra la relación política-institucional de la provincia con el Gobierno de la Nación, que viene de otorgar préstamos, aplazar vencimientos de deuda y aportar fuerzas federales en la contención de la porosa frontera con Bolivia.

Cuando se supo quiénes integrarían el gabinete salteño, quien esto escribe consideró que podría haber cortocircuitos por la concepción de política pública en materia económica y de seguridad, con lo cual la relación podía tensarse. Hoy podemos decir que eso es un hecho, atendiendo la presentación contra la norma en cuestión y la postura doblemente negacionista del ministro Juan Manuel Pulleiro, que no conforme con reivindicar la última dictadura cívico-militar ahora dice que no se registraron casos de abuso policial en el marco del régimen de excepcionalidad.

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Si bien la mirada posa en la decisión de la Corte de Justicia provincial, su definición es más bien una postura frente a la mirada del gobierno que conduce Alberto Fernández. Más allá de los argumentos de organismos de derechos humanos, de respaldos de personalidades del mundo judicial, como el procurador general Abel Cornejo, y de las autonomías provinciales, el Máximo Tribunal salteño tiene en sus manos una decisión judicial de alta trascendencia política.

* * La Mesa de Derechos Humanos de Salta está integrada por: Asociación Coca Gallardo, HIJOS-Salta, Asociación Lucrecia Barquet y Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales.