La Casa Rosada analiza la suspensión de la Ley de Alquileres: ¿Qué sucedería con los contratos?

La normativa fue impulsada durante el gobierno de Macri y sancionada en el de Fernández. Desde entonces hubo quejas de los distintos actores del sector y en el Congreso no hubo acuerdo para modificarla. Los puntos a tener en cuenta.

El Gobierno Nacional analiza por estas horas suspender la aplicación de la Ley de Alquileres (N° 27.551), según trascendió en los medios luego del encuentro que mantuvieron el presidente Alberto  Fernández con el ministro de Economía, Sergio Massa.

La normativa fue aprobada en la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, impulsada por el gobierno de Mauricio Macri, y sancionada finalmente por el Senado en junio de 2020, es decir durante el mandato actual de Fernández. 

Con el paso del tiempo, la regulación del mercado inmobiliario genero diversas problemáticas en los sectores afectados: menos oferta, subas estrepitosas de los alquileres y maniobras disuasivas para sellar acuerdos ante AFIP, entre otros ítems a destacar.

A raíz de ello la Cámara de Diputados de la Nación convocó a un debate- que se extendió por dos meses- para modificar la ley actual. Sin embargo, no hubo acuerdo entre el oficialismo y la oposición y todo quedó en la nada.

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La discordia giraba en torno a ciertos puntos: mientras el kirchnerismo buscaba mantener el plazo de 3 años para los contratos y el sistema para actualizar precios según la inflación y la evolución salarial, el macrismo quería bajar el plazo a 2 años y que los alquileres sean negociados entre los propietarios e inquilinos sin intervención estatal.

Durante el debate el diputado nacional salteño Lucas Godoy (Frente de Todos) dijo que «es incomprobable» que los precios de los alquileres «hayan aumentado producto de esta ley», como sostuvieron desde Juntos por el Cambio y de las inmobiliarias. 

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Según el presidente de la cámara de Empresas de Servicio Inmobiliarios, Mariano García Malbrán, el Palacio de Hacienda piensa en mantener los contratos vigentes, ya que las cláusulas del contrato se negociaron con la ley en controversia, y buscar una suerte de disposición transitoria para los que se firmen en adelante.

“Los contratos que se firmen de aquí en adelante, mientras no se dicte una nueva norma, se rijan por la antigua ley de alquileres; en este supuesto se podrá fijar un mínimo plazo contractual de dos años y la actualización podrá ser negociada libremente por las partes», sostuvo Malbrán en diálogo con la agencia de noticias Télam.

Sin embargo, hay quienes advierten que una suspensión de la Ley de Alquileres por parte del Ejecutivo podría derivar en reclamos por inconstitucionalidad, puesto que se arrogaría la capacidad de legislar salteándose al Congreso. Así, el sector inmobiliario propuso acelerar la negociación en el Parlamento para buscar una salida.

Mientras tanto, los alquileres en Salta llegaron con aumentos de hasta un 300%, de acuerdo con datos que manejan en el sector. Por este motivo se suscitaron varios reclamos de las partes, ante lo cual la Municipalidad de Capital resolvió crear una Defensoría de Inquilinos y Propietarios para mediar en los conflictos.

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