La Bonaerense: Todos los caminos conducen a la sedición

El conflicto de la Policía, más allá del reclamo salarial. Los antecedentes con Ruckauf y el apoyo sorpresivo de periodistas y dirigentes industriales de derecha. Los manuales de formación de las fuerzas tienen reminiscencias de organismos internacionales, que habría que cambiar.

Por Carlos Arturo Holmquist

Que la clase trabajadora en Argentina tenga sus salarios atrasados no es novedad alguna. Varios son los motivos, pero sólo enunciaremos el principal. Estamos en un país capitalista dependiente, donde la impronta de la “explotación del hombre por el hombre” se da ya sea que el empleador es el Estado o bien el capital privado.

También sabemos que luego de largas y cruentas luchas, desde años ya lejanos, las/os trabajadoras/es lograron conformar organizaciones (sindicatos) para luchar de manera organizada por sus derechos, entre ellos la reivindicación salarial.

El 7 de setiembre de 2020 el pueblo argentino en general, y los ciudadanos bonaerenses en particular, asistieron a una inusual manera de reclamar mejoras salariales, entre otros ítems. La Policía Bonaerense tomó prácticamente la Provincia de Buenos Aires, literalmente hablando.

Esta acción despertó una vieja discusión hoy en el olvido- como tantas otras que cuando pasa el vendaval se cajonean, se ocultan, cuando no se les echa un manto de olvido de exprofeso- como lo es la sindicalización de la policía, tema que no trataremos en este artículo.

Los efectivos policiales son empleados públicos; concretamente se los entiende como “auxiliares de la justicia”, aunque también hay que decir que gran parte de la sociedad los piensa y los ve como el brazo armado como grupo de choque que posee el Estado para disciplinar, dado que se reserva el monopolio del uso de la fuerza.

En consecuencia, si están considerados como “auxiliares de la justicia” cometieron el primer delito al dejar a la justicia sin poder actuar, al no estar en servicio como ese brazo auxiliar, por lo que se vulneraron derechos que la ciudadanía posee por ley, ya que no pudieron ser trasladados a juzgados a brindar declaraciones como el código penal lo establece, seguramente mujeres y varones no pudieron salir en libertad porque no había quien tramite los oficios, etc. Si una persona tiene la orden de ser puesta en libertad por cumplimiento de pena, o por eximición de prisión. Mediante orden emanada por un juez competente esa diligencia judicial debe de cumplirse de forma inmediata y no 6 horas después ni mucho menos al día siguiente, por la sencilla razón que se puede caer en la figura que el código penal prohíbe, “privación ilegítima de la libertad”.

La sopa va tomando otro color cuando nos adentramos y conocemos más sobre este atentado a la seguridad pública que, además, puso en riesgo la estabilidad constitucional del gobierno legítimamente elegido por el pueblo.

Todo aspirante a formar parte de una fuerza policial egresado de las escuelas de sub oficiales o de oficiales, saben perfectamente- porque así lo dictan los reglamentos internos- que reclamar con uniformes y armas es cometer un acto de rebelión y sedición.

Esta asonada golpista enmascarada como un justo derecho de peticionar una reivindicación salarial, tiene sus antecedentes y voceros, execrables por cierto, el 24 de agosto. Ese día, Eduardo Duhalde sostuvo que Argentina podría asistir a un nuevo “golpe de Estado”, por lo cual recibió críticas de todo el arco político desde el oficialismo hasta la oposición. Patricia Bullrich y Eduardo Macchiavelli presidenta y secretario del PRO respectivamente, son los únicos que no efectuaron declaración alguna ante esta terrorífica aseveración de Duhalde.

Luego le tocó el turno a la abogada Florencia Arietto, ex asesora de Bullrich, declaró que en La Bonaerense “se está viendo hacer alguna clase de movilización”. “Sé que hay una reunión para pedir mejoras salariales, y el respaldo que no tienen, porque hay un discurso anti-policía, entonces tenemos un problema grave”, había dicho antes de estallar el conflicto.

Llama la atención, por lo inusual en conflictos salariales, la presencia de personajes ligados a ideologías enfrentadas al actual gobierno de la Provincia de Buenos Aires, como por ejemplo el periodista Baby Echecopar, el industrial textil Juan Carlos Blumberg y el economista y docente liberal José Luis Espert, que esta vez no fue acompañado por Ricardo López Murphy. Según la revista “Contra Editorial” este último puede no tener los mejores recuerdos de la Bonaerense puesto que su padre Juan José López Aguirre fue el primer interventor civil de la Bonaerense a instancias del gobernador radical  Anselmo Marini.

La estrategia de Anselmo Marini de colocar a la cabeza de la Bonaerense un civil no era otra que tratar de “frenar”, de poner “coto” a las andanzas de la mayor y nunca bien ponderada fuerza de seguridad de la Argentina, la cual hoy cuenta con 90.000 efectivos/as. Esta maniobra del gobernador radical no dio resultados positivos ya que el 21 de setiembre de 1965 tuvo que abandonar junto a su hijo el palacio Legislativo de La Plata ante un ataque armado de la Bonaerense, ese vástago no otro que López Murphy.

La Bonaerense tiene en su mochila un largo historial de rebeldía y desacato y no en pocos casos roza esa línea sutil que divide lo honorable con lo delincuencial. Los invito a leer “Contra Editorial” del 13/09/20 para conocer datos imperdibles sobre los “Patas Negras”, como se los conoce a los que integran esa institución.

Volvamos al tema que nos ocupa. Axel Kicillof y su ministro de seguridad Sergio Berni vieron solo el árbol que le tapa el bosque creyendo que sólo se trataba de una  reivindicación salarial, cayendo en la misma trampa en la que cayó Aldo Rico cuando era ministro de seguridad de Carlos Ruckauf. En esa época, La Bonaerense le vendió pescado podrido a Rico enviándole una foto donde aparecía Fernando De la Rúa con un custodio de la Policía Federal, pero en el reverso de esa foto había una leyenda que señalaban que era Carlos “El Indio” Castillo, hombre de derecha que perteneció a la CNU (Concentración Nacional Universitaria), preso con perpetua desde el 2017 por crímenes de lesa humanidad.

Tanto Kicillof como Ruckauf acudieron a militares carapintada que en su momento cometieron actos de sedición para ponerlos como ministros de seguridad de la provincia de Buenos Aires, es decir responsables directos de la “bestia” difícil de poner en caja como es la bonaerense.

Evidentemente la comunicación entre Berni y Kicillof en esta asonada antidemocrática fue escasa, cuando no nula. Señalamos esto por los claros indicadores de intentar desestabilizar al gobierno de la Provincia de Buenos Aires; como ya lo señalamos, esta acción tuvo presencias cuyos pensamientos están alejados del gobernador bonaerense.

Más allá que este acto de sedición, se corrió incluso a la Residencia Presidencial de Olivos dando demasiadas pruebas de la libertad e impunidad en sus movimientos.  Kicillof resolvió de forma meteórica el conflicto y le otorgó la paridad salarial según lo que percibe la Policía Federal, se construirá un instituto de formación policial, que llevara por nombre Juan Bucetich, anunció la construcción de dos hospitales para los/as policías y sus familias, y elevó de 1.500 a 5.000 el bono para compra de uniformes.

Para los que tenemos otra mirada, estos pequeños cambios finalmente no cambiarán en nada la estructura en la cual funciona la bonaerense: los casos de gatillo fácil, las componendas con el ambiente de las mafias, juegos clandestinos, trata de personas, prostitución y zonas liberadas.

Los casos como el de Facundo Astudillo Castro seguirán repitiéndose con total impunidad mientras la formación de los cuadros de oficiales y sub-oficiales de las fuerzas de seguridad sigan las instrucciones que dictan los manuales de West Point, Escuela de las Américas o el Mossad israelí.

Si bien aparentemente Axel Kicillof habría sorteado con éxito este grave conflicto, no es menos cierto que el gobierno de la provincia de Buenos Aires está atravesando un difícil momento dentro de un contexto de extrema debilidad política, a pesar de que ganó las elecciones con un 52%. La última batalla que el jefe del ejecutivo bonaerense pierde es que el senado votó a favor de 41 pliegos para ocupar cargos en la justicia, todos ellos impulsados por María Eugenia Vidal en setiembre de 2019.

*Estudiante de la Licenciatura en Historia de la UNSa- Militante Popular

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