Justicia terrenal: 12 años de prisión al cura abusador Agustín Rosa Torino

El sacerdote fue hallado culpable de tres casos de abusos sexuales, delitos que se agravan por haber sido ministro de culto. La sentencia rechazó el pedido de prescripción penal y deja antecedente para otros casos.

La Sala IV del Tribunal de Juicio condenó al cura Rubén Agustín Rosa Torino a la pena de 12 años de prisión efectiva por la comisión de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple en perjuicio de dos ex novicios y una ex monja, delitos que se agravaron por ser el acusado ministro de culto reconocido.

Además, en su fallo los magistrados Maximiliano Troyano, Norma Beatriz Vera y Roberto Faustino Lezcano resolvieron no hacer lugar al pedido de prescripción penal y al planteo de inconstitucionalidad formulados por la defensa del sacerdote, a cargo de los abogados Humberto Oliver y Fabio Núñez, quienes solicitaron la absolución por el principio de la duda.

En cambio, ordenaron el inmediato traslado de Rosa Torino a la Unidad Carcelaria 1 del Servicio Penitenciario y recomendaron al director del SP que se le brinde tratamiento psicológico «por la naturaleza de los hechos por los cuales resultó condenado».

La Justicia también ordenó la toma de fotografías del cura y la realización de un examen genético para su posterior inscripción en el banco de datos y registros correspondientes. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, quien durante los alegatos requirió al Tribunal una pena de 22 años de prisión para el acusado.

Cabe recordar que Rosa Torino fundó en 1986 el Instituto de los Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, que funcionó en la Capital salteña hasta que fue cerrado en 2019 por orden del Papa Francisco. Esa institución religiosa se expandió a España, México y Chile, país este último que también se vio envuelto por graves casos de abusos eclesiásticos.

Rosa Torino cumplía prisión domiciliaria desde 2016 por «cuestiones de salud», ya que padecería diabetes. En 2019, el juez Adolfo Figueroa había declarado nulo el requerimiento de la causa a juicio. Por ello Simesen de Bielke y la fiscal Cecilia Flores Toranzos reformularon el pedido de elevación a juicio, cuya sentencia se dio a conocer ayer tras varias audiencias en las que declararon decenas de testigos.

«El acusado, se aprovechó de la manifiesta superioridad sobre las víctimas para hacerlas objeto de actos de inequívoco contenido sexual, con tocamientos en sus partes genitales en los casos de los denunciantes varones y mediante el tocamiento en la cola y en el pecho a la víctima mujer; actos libidinosos que se llevaron a cabo por el consentimiento viciado que se obtenía a través del referido prevalimiento, abusos que han producido necesariamente sufrimientos, malos recuerdos y una afección psíquica general en las víctimas, deviniendo así en el reproche penal mediante la presente acusación”, sostuvo una parte de dicho documento del MPF.

La sentencia de la Sala IV del Tribunal de Juicio podría significar un sacudón para otros religiosos acusados en la provincia y, a su vez, un envión para sus denunciantes.

Tal es el caso del cura José Carlos Aguilera, quien fue acusado de tres hechos de abuso sexual agravado por ser ministro de culto. Aguilera se desempeñó como capellán y profesor de la Universidad Católica de Salta (UCASAL) y párroco en el barrio Santa Lucía. Los hechos que se le endilgan habrían ocurrido entre los años 1995 y 1998.

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Por las denuncias en su contra, el Vaticano había iniciado una investigación, confirmada por el Arzobispado de Salta en marzo de este año. Sin embargo, el juez del Tribunal de Impugnación Nº 2, Adolfo Figueroa, sobreseyó al religioso haciendo lugar a un recurso interpuesto por su defensa. El magistrado invocó “la Excepción de Prescripción de la Acción Penal” y dictó su inmediata libertad.

La decisión de Figueroa- juez que también benefició al cura Rosa Torino- encendió un fuerte repudio de víctimas de abusos sexual eclesiásticos, como Juan Carlos García y Carla Fernanda Morales, quienes denunciaron al ex sacerdote Emilio Lamas de Rosario de Lerma. El fallo de los jueces Troyano, Vera y Lezcano vendría a recomponer, en parte, el polémico rol del Poder Judicial en torno a los delitos que salpican a la Iglesia Católica de Salta.

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