Justicia amañada: Sáenz logró colocar a sus amigos (y de Urtubey) en la Corte

El Senado local aprobó los pliegos de Alejandra Gauffín, Horacio Aguilar y Adriana Rodríguez. ¿Quiénes son y qué antecedentes tienen? La independencia de poderes, vulnerada. Una enseñanza: modificar el proceso de designación. Los argumentos y la realidad, la única verdad.

Por Emiliano Frascaroli

Muchas veces y con naturalidad hablamos del Poder Judicial como “la Justicia”, tal vez como una forma de abreviación o quizás haciendo explícito el sentido final de su funcionamiento. En realidad, la institución en sí y, por supuesto, sus integrantes, conforman ese Poder Público y se encargan de administrar la Justicia. La Justicia, entonces, es una conjunción de hechos que constituyen- o debiera hacerlo- el resultado equilibrado de criterio jurisprudencial y sentido humano aplicado en decisiones que deben velar por la verdad. Puede adquirir ribetes desde el punto de vista de la moral, pero cuando surge de la evaluación de resoluciones judiciales fundadas, de última, son decisiones políticas en tanto y en cuanto se vuelcan allí acepciones subjetivas que plasman valores culturales y sociales que no se separan de la decisión judicial. Quienes emiten un fallo son personas de carne y hueso, con sentimientos y vida en sociedad.

Se supone que para garantizar la probidad del ejercicio de la función pública de miembros del Poder Judicial, además de un circuito institucional a cumplir para acceder a tal o cual cargo, existe la división y con ello la independencia de poderes; esto es, por ejemplo, la libertad de que el Judicial funcione sin directrices del Ejecutivo. No obstante ello, esa independencia se convierte en una entelequia cuando uno avanza sobre el otro.

Las consultoras de opinión suelen preguntar a la ciudadanía su percepción del Poder Judicial y comúnmente los números que arrojan no son buenos. Los sondeos de Opina Argentina y Management & Fit en 2017, publicados en La Nación, revelaron que para un 78% de los encuestados la imagen es “algo” o “muy negativa” y que el nivel de confianza es “poco” y “nada” para el 82,1%, según cada una de ellas, respectivamente. Más actual es el estudio de Inteligencia Analítica, con datos recolectados telefónicamente entre el 13 y el 19 de enero, cuyo resultado arrojó un 64,8% de imagen “mala” y “muy mala” en universo de casi 9 mil personas.

Lejos de intentar una interpretación acabada de las causales de tamaña imagen negativa del Poder Judicial, las menciones vienen a tono de la incorporación de tres integrantes más a la Corte de Justicia de Salta, que probablemente sea una contribución a ello. La ampliación del número de 7 a 9 se había aprobado meses atrás, tuvo un impasse por la pandemia y finalmente esta semana el Senado local avaló los pliegos elevados por el gobernador Gustavo Sáenz, quien propuso a María Alejandra Gauffín, Horacio Aguilar y Adriana Rodríguez Faraldo.

El argumento del oficialismo fue que no habría una erogación presupuestaria adicional a la actual y que con esta ampliación se podría mejorar el funcionamiento de la máxima esfera judicial de la provincia, agregando la búsqueda de una paridad de género con la sumatoria de dos mujeres al cuerpo que ya integran Teresa Ovejero y Sandra Bonari. Completan la terna el presidente Guillermo Catalano, Fabián Vittar, Ernesto Samson y Pablo López Viñals. Sin embargo, tales evocaciones son cuestionables.

Antes: Corte de Justicia: Las posibles razones de la renuncia de Abel Cornejo

Primero, hay un mar de dudas acerca de que no se va a redistribuir el dinero público para afrontar los gastos que implica esta sumatoria de integrantes, cuyos salarios son de tres cifras. Algunos hablan de alrededor de 12 millones de pesos anuales para echar a andar una estructura acotada. Estas discusiones por la administración de recursos escasos se dan al calor de una crisis económica, social y laboral que se agrava día tras día con niños muriéndose de hambre en el norte provincial y miles de puestos de trabajo en picada. Si para fines de 2019 la pobreza en Capital se ubicaba en 45,5% y la informalidad alcanzaba a la mitad de la población, con la pandemia se presume que los números se ensancharon para mal. Para colmo, la recaudación tributaria cayó abruptamente y no se evidencia un programa económico-productivo-financiero que ponga sobre la mesa un camino a futuro para mejorar la situación de las mayorías.

Segundo, y pese a que nadie más que el senador Manuel Pailler pugnó las designaciones de Aguilar y Gauffín, cabe mencionar que entre las personas propuestas hay una estrecha vinculación sanguínea y de amistad con el poder político que es imposible dejar de mencionar. A saber:

  • Horacio Aguilar es amigo del exgobernador Juan Manuel Urtubey (fue asesor de su gestión), integró la Cámara Federal de Apelaciones y el año pasado ofició de abogado particular del ahora gobernador Gustavo Sáenz, a raíz de las denuncias por difamación en redes sociales de su contrincante Sergio Leavy, senador nacional. Además, el ahora Juez de Corte fue defensor de Pedro Blaquier, el dueño del Ingenio Ledesma de Jujuy acusado de ser partícipe de la desaparición de personas durante la última dictadura cívico-militar. Luego, trabajó en el ingenio El Tabacal con el objetivo de descabezar a la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores del Azúcar; es decir, se sumó a las filas de la empresa estadounidense Seaboard Corporation afincada en Hipólito Yrigoyen para arremeter contra los trabajadores y fraguar reclamos laborales. Los organismos de Derechos Humanos objetaron su postulación, pero no hubo corrimiento de los compromisos asumidos en campaña.
  • Alejandra Gauffín es hermana de Pablo Gauffín, ex Secretario de Hacienda en la Municipalidad de la Ciudad que por entonces gobernaba Sáenz. Pablo fue eyectado del cargo luego de que tomara estado público la megacausa por facturas apócrifas que se habrían emitido desde su oficina en el CCM a principios del año pasado y hasta ahora el Ministerio Público Fiscal de Salta no dio a conocer avances de la investigación, que también tramita en el fuero federal. Mientras tanto, su hermana fue designada Jueza de Corte. Alejandra Gauffín trabajó como Secretaria en la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y luego intentó llegar a jueza de esa órbita, proceso que generó una fuerte polémica tras las denuncias de que conocía de antemano un fallo que tomaron en el examen, lo que explicaba su casi perfecto resultado: 23 de 25 puntos. Urtubey tuvo que dar de baja el concurso en medio de sendas críticas del Consejo de la Magistratura, impugnaciones de por medio, y finalmente Gauffín renunció a la terna.
  • Adriana Rodríguez fue jueza de la Cámara Civil y Comercial, secretaria relatora de la Corte e integrante del Consejo de la Magistratura; tiene, además de una basta carrera judicial, vínculos con gente del Poder Legislativo: según FM 89.9, está casada con el secretario legislativo del Senado, Guillermo López Mirau.

Desde el punto de vista de la independencia de poderes, no hay argumentos que obstruyan la realidad. La supuesta ampliación en la base de discusión “con diversas miradas y pluralidad de voces”, como dijo el Secretario de la Gobernación Matías Posadas, quedan truncas si se mira los vínculos detallados anteriormente.

Tampoco existe evidencia empírica que respalde la ecuación de que cuanto más sean las personas que trabajan, mejores son los resultados de las causas, ya sea por tiempos o por resolución final; en muchos casos los expedientes acumulan polvo por razones que van más allá de la carga laboral, a entender de un ciudadano común y corriente. A opinión de una abogada y parte del establishment político local, Sonia Escudero, la maniobra oficial es “casi una reforma de la institución judicial” que no resuelve la falta de integrantes especializados en el derecho constitucional e incorpora a penalistas, habiendo un Tribunal de Impugnación que revisa causas antes que la Corte.

En tanto que desde el punto de vista económico-financiero, tampoco encuentra lógica la decisión, pese a que sostengan no reasignar partidas, a sabiendas de que no hay un presupuesto vigente.

Sobre el tema: Escudero comparó a Sáenz con Urtubey por la Corte de Justicia “adicta al poder político”

Pero sí hay una enseñanza: las victorias pírricas por mayorías en el Poder Legislativo invitan a repensar un nuevo circuito para designar Jueces de Corte. Esos procesos podrían contemplar, por ejemplo, herramientas legales que impidan la ocupación de cargos por parte de familiares de los inquilinos del Poder Ejecutivo o que hayan sido sus defensores oficiales, mucho más cuando los tiempos se acortan; la incorporación de instituciones de la sociedad civil y/o académicas; la llamada “carrera judicial” que acredite un conocimiento profundo en el funcionamiento institucional, entre otras.

De momento, hay una Justicia amañada por la colonización del Poder Judicial que empezó con Urtubey en 2007 y tuvo su correlato en la gestión Saénz. En ambas ocasiones, apenas asumido el cargo, el Ejecutivo avanzó en la ampliación de integrantes de la Corte. Tal vez algún día se logre revertir la imagen negativa de un Poder Público clave en el funcionamiento democrático.